La polémica por la forma en la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realiza sus nombramientos no es nueva. Sí lo es, al menos en importancia, el malestar que se ha instalado en la carrera judicial en relación con este asunto: las asociaciones de jueces han hecho públicos comunicados criticando el sistema actual y, a través de la intranet judicial, más de 1.000 (un cuarto de la carrera judicial) han firmado un manifiesto que cuestiona hasta cómo se designa a los vocales.

Tampoco es nada habitual que un vocal haga pública su renuncia a seguir formando parte de la Comisión de Calificación por su 'desacuerdo con el sistema de nombramientos'. El Consejo respondió con nerviosismo al mazazo de haberse desayunado con el anuncio de José Manuel Gómez Benítez, que también pide que cesen todos sus compañeros de Comisión, propuesta que estudiará el Pleno mañana. Y, con los nervios, se intentó impedir, incluso, que los medios hablaran con vocales sin cita previa.

Paradójicamente, la solución para vadear la crisis vino también de esos mismos medios. La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, aseguró que todos los nombramientos realizados en los últimos 18 meses se habían basado en razones de 'mérito y capacidad'. Y anunció que el pleno de mañana aprobará un reglamento para el nombramiento discrecional de cargos judiciales que, como principal novedad, incluirá una apuesta por la 'transparencia' con la posibilidad de que las entrevistas a los candidatos, que puso en marcha el actual Consejo, se realicen en audiencia pública. Es decir, con asistencia de periodistas.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, calificó de 'intolerable' que se acuse a vocales del órgano de Gobierno de los jueces de 'manipular' a sus compañeros para lograr los nombramientos que exigen una mayoría de tres quintos. Se refería a la progresista Margarita Robles y al conservador Manuel Almenar. La primera aseguró, según EP, que 'quien dice que a la gente se la nombra en virtud de pertenecer a una asociación u otra, miente'.