El día que el Consejo General del Poder Judicial cumple un año en funciones, todos los grupos parlamentarios se van a reunir en el Congreso para buscar una salida a su renovación. Todos, excepto el PP. Al partido de Mariano Rajoy se le espera pero no va a aparecer.

Este Consejo ha batido todos los récords para su renovación. El anterior que más duró en funciones fue el presidido por Pascual Sala, que se prolongó durante ocho meses y medio, pero fue renovado antes de las elecciones siguientes, lo que no parece que vaya a ocurrir con éste.

Desde el Grupo Popular se niegan a participar en lo que han definido como un 'paripé' y un 'artificio'. Explican que desde hace días su portavoz, Eduardo Zaplana, viene expresando cuál es la postura de su formación y que se han acabado las negociaciones hasta que haya una 'propuesta razonable' encima de la mesa.

Además, recalcan que ya el pasado 25 de octubre, el diputado Jorge Fernández Díaz acudió a uno de los encuentros para certificar el fin de las conversaciones. 'Con ello les tenía que haber quedado suficientemente claro', subrayan.

A pesar de todo, el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, ha querido seguir intentándolo. El dirigente socialista citó para hoy a todas las fuerzas políticas y envió una carta a Zaplana para pedirle que su formación no bloquee por más tiempo al CGPJ.

El PP, desde luego, no tiene intención de responder a la petición de López Garrido. 'Sabían perfectamente que Zaplana estaba de viaje y no puede asistir', comentan sus colaboradores. Tampoco han pensado en enviar a cualquier otro representante en su lugar.

Para renovar el CGPJ hace falta una mayoría de tres quintos en ambas Cámaras. Así que es imprescindible el acuerdo de PP y PSOE. El órgano de los jueces debería tener una mayoría de miembros progresistas, según arrojaron las urnas en las elecciones de 2004.

Pero el PP se resiste a aceptar el número de vocales que le corresponde e intenta mantener un Consejo más afín a su ideología hasta después de las próximas elecciones generales.

Los grupos políticos consideran 'insostenible' la situación. Según López Garrido, la postura del PP es 'nítidamente inconstitucional'.

'El PP no dice que le guste un candidato u otro. Se sitúa directamente fuera de la ley y los grupos no lo aceptamos porque nuestra obligación es renovar el CGPJ', señalaba el portavoz socialista. Además, reconoció que había convocado la cita 'para ver si vienen o si se les cae la cara de vergüenza'.

El PSOE, dijo, quiere 'pluralismo profesional, porque la asociación Francisco de Vitoria no está representada' en el consejo actual, cuando es la segunda en número de afiliados, y 'pluralismo político, porque todos tienen que participar'.

El diputado de ERC Joan Puig entiende que 'el PP va a dinamitar la Justicia. Los conservadores quieren un búnker judicial para desvirtuar e interferir en las leyes que salen del Parlamento'. No es el único al que le parece un disparate. El líder de IU, Gaspar Llamazares, opina que lo único que persigue Mariano Rajoy son 'réditos electorales'.

'Es propio de un filibusterismo parlamentario con el único objetivo de llegar hasta las próximas elecciones generales', agregó.

Desde el Grupo Mixto, Francisco Rodríguez (BNG) lo valora como 'una actitud obstruccionista. Tomada en conveniencia con el sector conservador del CGPJ. Demuestra que, ellos que tanto presumen de respetar la ley, no tienen en cuenta los mecanismos'.

Para Margarita Uría del PNV esta situación es 'poco edificante'. 'Me parece lamentable la resistencia numantina que se plantea. En determinadas circunstancias podría ser beneficioso que existiera una mayoría conservadora, pero si uno lo mira objetivamente para el funcionamiento de los órganos no es lo aconsejable', indicó.

Sólo desde CiU prefieren no realizar valoraciones. No desean entrar en polémicas. Eso sí, ellos acuden a la cita.'Porque es nuestra responsabilidad', concluyen.

La pelota no está en el CGPJ

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco José Hernando, afirmó ayer que la 'pelota' no está en el tejado del órgano de gobierno de los jueces y no es a ellos a los que les corresponde 'mover ficha'.

Hernando, que en mayo de 2006 comunicó a las Cortes que su renovación debía haberse producido en noviembre de ese año, insistió en que a pesar de todo la institución está 'igual de legitimada' que durante los cinco años de mandato que prevé la Constitución.