El Defensor del Pueblo Andaluz ha visto de todo en 2010: gente desesperada suplicando a la institución que le consiguiera un puesto de trabajo; ayuntamientos asfixiados que han tirado de su stock de multas o impuestos no cobrados obviando que las infracciones estaban prescritas o los plazos de reclamación sobradamente vencidos; empresas de cobro a morosos que han llegado a acosar y amenazar a niños con el embargo de su casa por deudas que, además, no eran suyas...

Son manifestaciones de una crisis profunda recogidas en el informe anual del Defensor, José Chamizo. 'Si 2008 fue el año en que Andalucía despertó del sueño del crecimiento y 2009 el año en que los efectos de la crisis se extendieron, podríamos definir 2010 como el año en que se produjo la profundización del sufrimiento entre los más débiles, el año de los recortes en el gasto público', concluye Chamizo en el documento, de 1.135 páginas, entregado ayer a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves.

La institución ha recibido 6.620 quejas, un 6% más que en 2009, la mayoría relacionadas con la Administración publica. La crisis está incrustada de manera transversal en todos los ámbitos. En vivienda, por ejemplo, ha habido una avalancha de reclamaciones por solicitudes de ayudas al alquiler que, aun cumpliendo con todos los requisitos, nunca llegan.

Eso sin contar los numerosos dramas familiares ante la imposibilidad de hacer frente a sus préstamos. En muchas casas ya no hay prestación por desempleo, ni ahorros, ni familia, ni amigos a los que acudir para seguir pagando la letra del piso o del coche, añade el Defensor. E incluso muchos de esos familiares que ayudaron a pagar una hipoteca son ahora amenazados de desahucio.

Economía del ladrillo

Otra muestra del desastre vivido en 2010 es la situación a la que se han visto expuestos los jóvenes que abandonaron sus estudios atraídos por la economía del ladrillo. 'La crisis devuelve a estos jóvenes al sistema educativo (...) para encontrarse con la sorpresa de que no pueden ser admitidos porque no existen plazas suficientes en los programas específicos diseñados por la Administración para la reincorporación al sistema reglado de enseñanza', dice el informe. Estos programas, diseñados para una realidad minoritaria, están actualmente desbordados.

El Defensor, que especifica que los poderes públicos han optado por priorizar la lucha contra el déficit en detrimento de la inversión en políticas destinadas a paliar los efectos de la crisis entre la ciudadanía, señala que es de justicia reconocer el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía para preservar sus aspectos prestacionales más relevantes.