La reciente imputación del presidente de Murcia por cuatro delitos vinculados a la corrupción ha salpicado de paralelismos y contradicciones la escena política andaluza, que vivió una situación muy similar tras la imputación de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE fraudulentos.

Ambos sucesos comparten muchas características y un protagonista privilegiado (Ciudadanos), que puede determinar la caída o continuidad del presidente murciano.

Y su decisión, de carambola, puede afectar a las relaciones del partido naranja con el Gobierno de Susana Díaz. El PSOE andaluz espera tanto de sus socios como del PP “la misma vara de medir” y la “misma contundencia” con la que forzaron la dimisión de Chaves y de Griñán (del Congreso y del Senado respectivamente) tras ser imputados por el Tribunal Supremo.

Los socialistas andaluces gobiernan cómodamente gracias al respaldo del partido naranja, con quien han sacado adelante dos presupuestos autonómicos, garantizando la estabilidad del Gobierno de Díaz.

Ambos grupos forman una alianza bienavenida, hasta este martes, cuando la imputación del presidente popular de Murcia ha puesto contra el espejo a Ciudadanos.

El PSOE andaluz espera ahora que sus socios ejerzan la misma presión contra el PP que ellos sufrieron en el caso de Chaves y Griñán. “Ciudadanos debe apretar, no valen tibiezas, porque se juegan su credibilidad cuando hablan de regeneración democrática”, dice un miembro del Ejecutivo.

Pero los paralelismos entre Murcia y Andalucía no sólo afloran las contradicciones de Ciudadanos, también las de populares y socialistas, ya defienden allí una postura distinta a la que esgrimieron aquí. Veamos: El PP gobierna Murcia en minoría, igual que el PSOE gobierna Andalucía, ambos gracias al apoyo de Ciudadanos, que allí votó a favor de la investidura del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, y aquí a favor de Susana Díaz, presidenta de la Junta.

En ambos casos, el partido de Albert Rivera firmó un acuerdo político, con PP y con PSOE, que comprometía a “la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial”.

Antes de sellar dicho acuerdo, Ciudadanos impuso al PSOE andaluz una condición sine qua non para votar la investidura de Susana Díaz: la dimisión inmediata de Chaves y Griñán, entonces diputado en el Congreso y senador, respectivamente.

El Tribunal Supremo acababa de imputar a ambos un delito de prevaricación administrativa (a Griñán además le achacaba malversación continuada, penado con de cuatro a ocho años de cárcel).

En el caso Auditorio, al presidente de Murcia se le imputan cuatro delitos: prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

El partido de Albert Rivera ha exigido a Sánchez que abandone la presidencia de inmediato y que sea sustituido por otro miembro del PP. Si los populares y el Gobierno de Rajoy se empeña en mantenerle en su puesto, se abre la posibilidad de la moción de censura, aunque es una opción más improbable, porque exigiría un consenso entre la fuerzas de la oposición (PSOE, C’s, Podemos e IU) en torno a un candidato alternativo.

El PSOE andaluz espera que Ciudadanos deje caer al presidente de Murcia, “como hizo con Chaves y Griñán”, pero en realidad, fue la propia Susana Díaz quien precipitó el cese fulminante de los expresidentes sin esperar a que su partido moviera ficha.

Díaz se apresuró a decir que deberían dimitir si eran imputados, aunque el código ético del PSOE fija el máximo nivel de responsabilidad en un momento posterior del proceso judicial: la apertura de juicio oral (que llegaría meses más tarde).

La sevillana se jugaba su investidura, y decidió endurecer las normas internas de su propio partido, sin consultar al por entonces secretario general, Pedro Sánchez, y cabreando a la vieja guardia del socialismo andaluz, que la acusó de haber “traicionado” a sus padres políticos.

Sea como fuere, Ciudadanos tampoco habría consentido esperar a la apertura de juicio oral contra Chaves y Griñán, sus parámetros de “tolerancia cero” contra la corrupción estaban por encima del código ético del PSOE, y sin la dimisión inmediata de los expresidentes probablemente no habría habido ni investidura ni legislatura.

Ahora, el presidente de Murcia, el PP y el propio Mariano Rajoy reclaman tiempo al partido de Albert Rivera, apelan a la presunción de inocencia, y piden esperar a ver si el juez abre juicio oral contra Pedro Antonio Sánchez.

Luciano Alonso, dimitido y absuelto

En el caso andaluz, no se concedió ese tiempo. Y aquí entran las contradicciones del resto de partidos: el PSOE federal (no Susana Díaz) sí pidió esperar a la apertura de juicio oral, pero ahora exige la dimisión inmediata del presidente murciano; el PP reclamó el cese fulminante de Chaves y Griñán en cuanto fueron imputados, y acusó a Ciudadanos de no ser suficientemente beligerante con los socialistas andaluces.

Es más, hace escasos dos meses, los populares también exigieron la dimisión inmediata del exconsejero del Gobierno de Díaz y entonces diputado en el Parlamento andaluz, Luciano Alonso, imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por un delito de prevaricación. Alonso se resistió a dimitir a la espera de que el juez escuchase sus explicaciones y entonces decidiera si abría o no juicio oral: tanto el PSOE como Ciudadanos respaldaron esa decisión, igual que hace ahora el PP, alegando que no se trataba de un delito de corrupción política, sino por el desempeño de sus funciones en la Administración.

Los populares defienden ahora esta tesis en el caso del presidente de Murcia, pero entonces cargaron duramente contra el Gobierno de Díaz cuando apoyó a Luciano Alonso, y también contra Ciudadanos, al que tildaron de “muleta del PSOE”. Finalmente el juez se ratificó en los cargos contra el exconsejero y abrió juicio oral, lo cual obligó a Alonso a entregar su acta de diputado y abandonar el partido en el que llevaba 30 años militando. Un mes después fue absuelto.

El otro caso que hace entrar en contradicciones al PP es el de la exalcaldesa de Valencia y ex senadora, Rita Barberá. El pasado septiembre, el Tribunal Supremo la colocó al borde de la imputación por un supuesto delito de blanqueo de capitales en una pieza separada del caso Taula. El PP acababa de firmar el pacto anticorrupción con Ciudadanos, que obliga a suspender a los cargos públicos imputados por corrupción. En ese momento, Barberá aún no lo estaba, sin embargo, la presión del partido de Rivera y de su propia formación la empujó a darse de baja del PP (donde llevaba 40 años militando), aunque se negó a abandonar su escaño en el Senado. Pasó al grupo mixto poco antes de fallecer de un infarto en un hotel de Madrid.