Ocho diputados catala­nes declararon hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el bloqueo de los indignados al Parlament de Catalunya el pasado 15 de junio. La causa que instruye Velasco trata de determinar si la veintena de personas imputadas son responsables de ataques a las altas instituciones del Estado, un delito castigado con penas de tres a cinco años de prisión. Los diputados aseguraron que no pretenden criminalizar al conjunto del Movimiento15-M, sino colaborar para que los responsables de los insultos, vejaciones y empujones a los políticos catalanes respondan ante la Justicia.

El juez Velasco se trasladó a Barcelona para tomar declaración a un total de diez parlamentarios. Sin embargo, los dos diputados de ICV citados, Joan Boada y Salvador Milà, no acudieron a la cita al considerar que no se sentían 'perjudicados' por los incidentes. Argumentaron que no están dispuestos a colaborar en un proceso 'instigado' por el pseudosindicato de extrema derecha Manos Limpias. Según fuentes judiciales, Velasco los volverá a convocar, esta vez en Madrid, para que declaren en la causa.

Boada y Milà (ICV) no acuden ante el juez al no sentirse 'perjudicados'

La diputada del PSC Montserrat Tura fue la primera en pasar por la sala de vistas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El día de los hechos, un hombre roció con spray su chaqueta y, según manifestó hoy, fue víctima de 'insultos y escupitajos'. Sin embargo, mantuvo la tesis de que 'la gran mayoría de los manifestantes tuvieron una actitud respetuosa' y aclaró que incluso algunos le pidieron disculpas por lo sucedido. Recalcó que algunas de las personas que se agolparon a las puertas del Parlament para tratar de impedir la aprobación de los presupuestos mantuvieron una actitud 'violenta y coercitiva'. 'Singularizar las responsabilidades es la mejor manera de defender al movimiento', sostuvo Tura, que llegó a afirmar que 'las personas que hicieron eso prostituyeron' el movimiento.

En un sentido similar se pronunció Ernest Maragall (PSC), quien sostuvo que la actitud de 'unos cuantos' manifestantes 'perjudicó' la imagen del 15-M. Maragall denunció la 'presión y coacción física' de la que fueron víctimas los representantes del pueblo catalán y manifestó que el bloqueo al Parlament pone encima de la mesa 'cuáles son los límites' para compatibilizar el derecho a la protesta con 'el respeto hacia la ciudadanía, el país y la institución'.

La defensa denuncia que Interior no garantizó la entrada al Parlament

El portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, quien identificó en un vídeo a las personas que lo 'acorralaron en la entrada de un parking' junto al diputado invidente Josep Maria Llop, sostuvo que acudió a la Audiencia para 'defender la democracia, la libertad y el Parlament' y dijo que espera que el proceso ayude a que 'no vuelva a pasar nunca más que a los diputados se les impida realizar su labor'. Por parte de CiU también comparecieron los diputados Gerard Maria Figueras, Josep Maria Llop, Santi Vila y Ana Isabel Marcos.

La nota discordante la protagonizó el diputado de Solidaritat Catalana per la Independència (SI), Alfons López-Tena, quien culpó al conseller de Interior, Felip Puig, de crear una 'ratonera' que dejó indefensos a los parlamentarios. 'Lo único que hizo Puig fue habilitar un servicio especial de transporte en helicóptero para algunas autoridades', dijo, en referencia a que el president de la Generalitat y otros responsables políticos accedieron al Parlament en este vehículo , mientras que el resto de diputados 'tuvieron que espabilarse' para llegar a la Cámara.

Los abogados de los indignados mantienen la misma tesis. Según el letrado Jaume Asens, Interior 'no garantizó' la entrada de los diputados, ya que cerró todos los accesos y no permitió que estos pudieran entrar en sus vehículos. Según fuentes judiciales, los diputados confirmaron que no recibieron ninguna indicación sobre cómo acceder al recinto del Parlament hasta después de que se produjeran los incidentes.

Las declaraciones se alargaron más de lo previsto, debido al gran número de abogados implicados cuatro de los indignados, dos de la acusación pública y otro de Manos Limpias y también por la traducción simultánea de las declaraciones en catalán de los parlamentarios a fin de reflejarlas en el acta que irá a la Audiencia Nacional.