Un complemento obligatorio de formación para el alumno. Un caro seguro médico. Un ideario católico incompatible con una educación laica... Las posibilidades de un colegio concertado para excluir a los inmigrantes son muchas. 25 años después de que el PSOE aprobara la ley que implantó la doble red, de concertados y públicos sostenida por el Estado para universalizar la educación básica, sus ideólogos admiten que el sistema está "desvirtuado".

Las estadísticas de escolarización demuestran que un 90% de los alumnos con necesidades especiales son asumidos por los centros públicos. "Pese a los criterios de cercanía del domicilio o de presencia de hermanos en el centro, hay que admitir que el sistema se ha distorsionado", asumió la pasada semana Alfredo Pérez Rubalcaba, que entró como alto cargo en 1982 en el Ministerio de Educación y salió en 1993 como ministro.

Hay comunidades que abusan de los conciertos para vetar a los alumnos

"A los pocos días de entrar en el Ministerio de Educación, recibimos la visita de los obispos, que nos trajeron impresos en un papel sepia muy característico los decretos que teníamos que firmar y publicar en el Boletín Oficial del Estado. Así se gestionaba la educación en España en 1982", recuerda el ex ministro de Educación socialista José María Maravall. La anécdota explica el papel que hasta la llegada de Felipe González al poder tenía la Iglesia en la educación. Esa presión fue decisiva en la negociación de la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) aprobada en octubre de 1985.

La ley inventó los colegios concertados para controlar las subvenciones que hasta entonces recibían los colegios privados y para completar una escuela pública que necesitaba crecer por encima de las posibilidades presupuestarias. "En ese momento era impensable que fueran a llegar tantos inmigrantes, pero se intentó que no fuera la escuela pública la que asumiera a la población marginal", analiza el ex diputado del PSOE y presidente de la Fundación Cives, Victorino Mayoral. "Se creó un millón de centros. Hoy en día es fácil ver cómo se parecen los colegios e institutos. Son todos iguales porque se crearon a la vez. Eso también es LODE", recuerda Rubalcaba.

El desmadre del sistema de conciertos tiene su punto de partida hace una década, cuando las competencias educativas fueron transferidas a las comunidades autónomas. La política educativa de Madrid aparece como ejemplo negativo en la izquierda política y los sindicatos pero también en Escuelas Católicas, la agrupación mayoritaria de colegios religiosos concertados. "Detrás de los nuevos centros hay empresas sin experiencia educativa. Es ahí donde hay que mirar con lupa que no se cobre a las familias", explica el asesor jurídico de Escuelas Católicas, Luis Centeno.

"Quien quiera una educación que no sea laica, que se la pague", exige IU

La estrategia neoliberal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), es palpable en los nuevos barrios. En Sanchinarro, al norte de la capital y con 20.000 vecinos, el primer colegio público, el Adolfo Suárez, fue inaugurado en 2007, pero a su alrededor ya hay cuatro centros concertados. Para el presente curso se ha dado un concierto a la entidad ultraconservadora CEU. "Exigimos más equipamientos. Este es un barrio donde no hay inmigrantes, pero la oferta pública es muy poca", denuncia la presidenta de la Asociación de Vecinos de Sanchinarro, Pilar San Román.

"En ningún sitio como en Madrid se ha cedido tanto suelo para concertados. Eso es subvencionar con dinero público un negocio", critica la portavoz del área de Educación de IU, Dolores Dolz. "No estoy de acuerdo en repartir a los inmigrantes como si fueran ganado. A veces es inevitable que vayan todos al centro del barrio donde viven. Lo que hay que hacer es dotar con más recursos a esos colegios", añade.

En Europa, Bélgica es el único país que también admite este sistema de financiación de centros privados, pero a cambio desarrolla un férreo control de los contenidos académicos, informa Daniel Basteiro. La legislación nacional exige la no discriminación por motivos de raza, orientación sexual o religión.

En España, Escuelas Católicas descarta el conflicto de la integración. "Hay mucha demagogia con los inmigrantes. Si la proximidad es determinante para tener una plaza es inevitable que vayan al mismo centro", señala Centeno. Él tampoco comparte que el papel de los concertados sea el de complemento de la pública: "La Constitución establece la libertad de elegir la educación religiosa. La concertada no va a desaparecer porque hay que dar esa oferta a las familias". "El que quiera una educación diferente a la laica, que se lo pague", responde Dolz.

La libertad de enseñanza es precisamente el argumento que utiliza Madrid para multiplicar la oferta religiosa. De hecho, el establecimiento por ley de la libertad de elección de centro, fue su principal reclamación en el fallido pacto de Estado por la educación. Ese derecho es usado incluso para concertar centros privados que separan a los alumnos por su sexo. "Mientras haya familias que lo demanden hay que ofrecerlo", razona Lucía Figar, consejera de Educación de Esperanza Aguirre.