España explota el mercado de las armas para salir de la crisis

España ha entrado al mercado armamentístico pisando fuerte en la última década. Desde 2004, las empresas españolas han multiplicado por 1.128% las exportaciones de material de defensa, tendencia que se reforzó en 2013, cuando ingresaron 3.907 millones de euros, doblando las cifras del 2012 (1.953 millones).

Vendiendo muerte y represión

A pesar de que la Ley 53/2007 obliga a rechazar las autorizaciones para exportar armas a países en conflicto o donde se violen los derechos humanos, el Gobierno no impidió la llegada de material de doble uso a diversos países sobre los que las organizaciones proderechos humanos mantienen encendidas las alertas.

La industria española ha vendido material de doble uso a Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Egipto, cuyas fuerzas de seguridad reprimen a manifestantes

Otro de los destinos del material español, Emiratos Árabes Unidos, donde se exportaron 717 millones de euros, mantuvo recluidos a "90 detractores del Gobierno, sin cargos ni juicio" y condenó a muerte "a 21 personas como mínimo", según la ONG. En Egipto, otro de los principales compradores con 126 millones, 28 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, que "usaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes, que después denunciaron tortura u otros malos tratos bajo custodia", acusa Amnistía Internacional.

Exportaciones a cualquier precio

"El Gobierno, a mi juicio, está promoviendo una clara política de fomentar las exportaciones a cualquier precio. Les da igual que se exporte a países que no respetan los derechos humanos, a países autoritarios, a países donde haya riesgo de desvío…", asevera Eduardo Melero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.

Las actas del organismo que autoriza la venta de material bélico son secretas

Melero denuncia que la fiscalización de la actuación del Gobierno en la venta de armas es muy complicada. "Hay una opacidad increíble en esta materia", revela Melero, puesto que las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo que autoriza la venta de material bélico, son secretas. Además, explica el profesor a este medio, la venta de armas a países que violan los derechos humanos no es la única pista que señala que el Gobierno ha adoptado la política del "vale todo" en las exportaciones de material de Defensa.

Bronca del juez Ruz con la Abogacía por Defex

El juez Pablo Ruz, así como el fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, han estado desde 2013 sobre los pasos de Defex, la empresa pública dedicada a la intermediación de la venta de armas. El motivo es una venta de material policial a Angola, por la cual los tres directivos de Defex, designados por el Gobierno, han sido imputados por corrupción, fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. 

La Audiencia Nacional ha imputado a Defex por corrupción en transacciones internacionales, fraude fiscal y blanqueo

Según la investigación, los tres directivos participaban, junto a un general angoleño, en una trama para desviar unos 41 millones de euros de la venta a Luxemburgo —de un montante total de 153 millones—. A pesar de las protestas de la Abogacía del Estado, la Audiencia Nacional ha avalado la tesis de Ruz y Saiz y ha imputado a Defex por corrupción en transacciones internacionales, fraude fiscal y blanqueo, convirtiéndola en la primera empresa pública que ha sido imputada.