La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado hoy que el Gobierno retomará su plan para reformar la Constitución en cuatro puntos y, además, impulsará cambios en la Ley de Régimen Electoral, para lo que pedirá 'con carácter inmediato' un informe al Consejo de Estado sobre las posibles reformas.

De la Vega, que compareció hoy ante la Comisión Constitucional del Congreso para explicar las líneas fundamentales de la acción del Gobierno en los próximos cuatro años, anunció que el Ejecutivo tratará de 'recabar el consenso necesario' para llevar a cabo la reforma de la Constitución que no fue posible en la anterior legislatura, y que calificó de 'necesaria, justificada y demandada por una nueva realidad política y social'.

Así, precisó que la reforma pretende hacer del Senado una verdadera Cámara de representación territorial, incorporar a la Constitución la denominación de las comunidades autónomas, garantizar la igualdad de género en el acceso a la jefatura del Estado e incorporar el proceso de integración europea.

De la Vega recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó en su discurso de investidura que promoverá de inmediato la creación de una subcomisión para evaluar 'posibles cambios' en la ley electoral, 'buscando siempre el acuerdo y el mayor consenso posible'.

En la misma línea, solicitará 'con carácter inmediato' un informe al Consejo de Estado que será remitido a la subcomisión para que lo use como 'herramienta de trabajo'.

La vicepresidenta, que comenzó su intervención subrayando el empeño del Gobierno socialista en defender y promover la igualdad, recordó además que el Ejecutivo promoverá una Ley Integral para la Igualdad de Trato y contra la Discriminación, aprobará un Plan de Derechos Humanos antes de que termine el año y revisará la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para 'adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso'. La vicepresidenta ha citado la necesidad de 'avanzar en la condición de laicidad que la Constitución' otorga al Estado.

En este sentido, aprovechó para advertir de que el Gobierno para trabajará para preservar derechos fundamentales individuales, concretamente a la intimidad, la confidencialidad y la salud y la libertad religiosa frente a 'hechos y decisiones acaecidas en los últimos meses' que 'han podido venir a mermar las garantías en el ejercicio' de alguno de estos derechos.

Así, mencionó en concreto 'el caso de mujeres que vieron peligrar su derecho a la intimidad' en el ejercicio de su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la suscripción de un convenio por el que el Servicio de Asistencia Religiosa Católica pueda formar parte del comité de ética de cuidados paliativos en la Comunidad de Madrid.

Además, promoverá el desarrollo reglamentario de la Ley de Asociaciones y de la conocida como ley de la 'memoria histórica'.