Mañana se verán las caras con la Justicia en la Audiencia Nacional, el tribunal que juzga a personas acusadas con delitos de terrorismo o grandes narcotraficantes. Se enfrentan a hasta un año de prisión por presuntamente haber participado en la preparación de la movilización que llamaba a rodear el Congreso el pasado 25 de septiembre. Tres de los ocho activistas que declararán ante el juez Santiago Pedraz aseguran que estas imputaciones no les achantarán en sus reivindicaciones y no dudan en reconocerse como víctimas de una persecución política que, aseguran, tiene en la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sus máximos urdidores.

Chema Ruiz, Ramón Hernández y Daniel García, que junto a cinco personas más recibieron la citación para declarar en la Audiencia Nacional antes de que tuviera lugar la convocatoria, sostienen que su imputación es el resultado de una campaña que tiene como objetivo 'amedrentar' y 'criminalizar' a los que expresan en la calle el malestar por las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy.

Ruiz, empresario en paro y una de las caras más visibles de la lucha contra el drama de los desahucios y el derecho a la vivienda en Madrid, participó en las asambleas de preparación de esta protesta y también fue uno de los detenidos el sábado 15 de septiembre cuando, en la marcha convocada por la Cumbre Social, portaba una pancarta de la convocatoria que llamaba a rodear el Congreso diez días después. Ese día fue identificado por la Policía y de ahí viene su imputación. Ruiz encara 'tranquilo' la declaración de mañana pues considera que es un 'disparate jurídico'. 'Es una instrucción de pandereta. Estoy convencido de que está habiendo presiones por parte del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno', concluye. 

Hernández y García también declararán mañana en la Audiencia Nacional. Ambos fueron identificados por la Policía en una de las asambleas preparatorias de la movilización del 25-S que tuvo lugar el 16 de septiembre en el parque del Retiro de Madrid. Hernández, de 44 años y abogado de profesión, cree que este caso una auténtica 'aberración jurídica'. Es la primera vez en su vida que se ve envuelto en una situación similar y se muestra confiado en que la Justicia actúe con independencia. 'Es una actuación de carácter político del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno', concluye. 

'Es escandalosamente claro que se trata de una persecución política. Si participar en una asamblea es delito, algo falla. Y no somos nosotros', asegura, por su parte, García, veterinario de 45 años. Él también fue identificado por la Policía en una de las reuniones abiertas en las que se preparaba la convocatoria del 25-S.

Tras su imputación dice sentir 'miedo', aunque asegura que ese temor no le impedirá continuar con su activismo. 'He tenido miedo a que vengan a detenerme a mi casa a pesar de que sé que no he hecho nada, pero no podemos permitir que un Gobierno estafador, con los instrumentos del Estado de Derecho, calle a la oposición no dócil', sentencia.

Antonio López Moreno, una de las personas imputadas por presuntamente haber participado en la preparación de la movilización que llamaba a rodear el Congreso, se ha querellado contra la delegada del Gobierno en Madrid, la conservadora Cristina Cifuentes, al considerar que fue este órgano gubernamental el que 'promovió y orquestó' la alteración del orden que tuvo lugar en las inmediaciones de la sede de la soberanía popular.

La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, solicita al juez Santiago Pedraz que tome declaración a la delegada en calidad de imputada por la comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado, tipificado en el artículo 494 del Código Penal, el mismo que se imputa a los organizadores de la manifestación y a los 35 detenidos en la protesta.