Dos años después de solicitar la ayuda que le reconoce la Ley de Dependencia, Ramona Rasilla, de 68 años y con una discapacidad del 80%, sigue esperando postrada en su silla de ruedas y atendida únicamente por su marido, Juan Francisco Murillo.

El hombre tiene 75 años, pero saca fuerzas para conducir a su esposa por el estrecho pasillo de su piso y las pocas habitaciones a las que se puede acceder con la silla. Ramona forma parte del grupo de grandes dependientes en el que la Ley de Dependencia clasifica los casos más críticos. Las otras dos categorías son la severa y la moderada.

La dependencia ha sido considerada como el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones. Sin embargo, está teniendo problemas para llegar a toda la población. En total, en España hay 1.048.424 dependientes con una ayuda reconocida, pero el 30% de ellos (305.969) aún no la recibe. Se encuentran en el llamado 'limbo de la dependencia'.

La exigua ayuda que recibe Ramona de la Administración es la visita semanal de una hora y media de una asistenta, que limpia la cocina y el cuarto de baño. 'Antes venía dos horas, pero nos lo han recortado', explica la pareja, que reside en el extrarradio de Madrid desde hace más de 30 años.

Pero más allá de la limpieza del hogar, Ramona requiere ayuda para asearse, cocinar e, incluso, levantarse de la cama. La familia terminó por comprar una grúa que Juan Francisco maneja en el dormitorio para que la mujer se pueda incorporar.

Las ayudas tendrían que llegar a todos los afectados en 2014

Ramona solicitó una ayuda el 3 de julio de 2009. Hace cuatro meses, cansada de esperar y de ver cómo su esposo cargaba con las tareas, denunció su situación a la Comunidad de Madrid. La Administración se dio por aludida y, apenas tres días después, un técnico se presentó en su domicilio y le certificó una discapacidad del 80%. Le ofrecieron una hora diaria de ayuda a domicilio, pero Ramona la rechazó por 'insuficiente'.

La Ley de Dependencia define los derechos de las personas como Ramona. Su Grado 3 y Nivel 1 significa que necesita ayuda para realizar 'actividades básicas de la vida diaria varias veces al día'. Necesita apoyo 'indispensable y continuo'. El Gobierno determinó que este grupo prioritario debería de haber empezado a recibir las ayudas el primer año de aplicación: 2007.

La implicación de las comunidades autónomas (las responsables de coordinar el reparto de fondos que aportan el Ministerio y las propias autonomías) es desigual, pero se trata de un 'problema nacional', denuncia la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha. El sindicato señala a dos comunidades como las que menos esfuerzos han hecho por desarrollar la Ley de Dependencia: Comunidad de Madrid y País Valencià.

Además, Fontecha recuerda que la ley no sólo apuesta por dar ayudas económicas a las familias (las que más se están concediendo), sino también la prestación de servicios, que promueve la creación de centros de día, residencias que a su vez generarían empleo, otro de los objetivos de la ley.

La implantación de la norma estatal es desigual en cada autonomía

A sus 68 años, Ramona no puede practicar sus dos grandes pasiones, la lectura y los viajes: además de la lesión medular por la que necesita una silla de ruedas desde 1996, tiene problemas de vista derivados de una trombosis. Últimamente, ha tenido caídas al salir del coche o al bajar bordillos no adaptados. La última fue hace dos semanas: se partió el tobillo y el peroné derechos, que todavía tiene inmobilizados.

A falta de ayudas públicas, la mujer ha encontrado apoyo en colectivos como la Plataforma por la Ley de Dependencia en Alcorcón. 'No puedes recurrir siempre a tus hijos, porque ellos [tiene dos hijos y una hija] tienen sus vidas y no son esclavos. Eso no va conmigo', asegura.

A pesar de su situación, Ramona denuncia que hay gente que se encuentra en peor situación que ella: los chicos con Duchenne (una enfermedad rara), por ejemplo. 'Generalmente no llegan a andar, tienen que usar silla de ruedas y algunos no viven muchos años', explica. 'Ellos no pueden seguir esperando las ayudas a la dependencia', agrega.

Las quejas de Ramona también tuvieron su fruto cuando solicitó una plaza de aparcamiento en su calle. Se extrañó de que el Ayuntamiento colocase la placa de aparcamiento a 50 metros de su portal y reclamó: 'Para llegar, tenía que subir y bajar dos bordillos no adaptados', explica. Tras su insistencia, el Ayuntamiento rectificó y acercó la plaza reservada.

Las barreras de movilidad, cuartos de baño para discapacitados mal adaptados (cuando los hay) o esperas de hasta cinco horas para desplazamientos desde el hospital son constantes: 'Madrid no está adaptado. Quiero ver al alcalde ¡una sola hora! moviéndose en silla de ruedas por la ciudad'.