Ayer lunes se le preguntó expresamente a Cayo Lara en rueda de prensa si él mismo o la dirección federal reconocían el resultado de la XII Asamblea Regional de Izquierda Unida Extremadura, que se celebró el domingo y que acabó con la reelección por aclamación de Pedro Escobar como coordinador autonómico. Lara no contestó. Se remitió a la decisión que pueda tomar la ejecutiva el próximo lunes y al pronunciamiento que haga la Comisión Federal de Garantías. 

Hoy la dirección federal ha dicho algo más. Ha ido un paso más allá de los escasos centímetros recorridos por Lara ayer. En un comunicado difundido a los medios y colgado en la web de la formación, el secretario de Organización, Miguel Reneses, asegura que la cúpula federal 'no reconocerá políticamente esta asamblea en cuanto la Comisión Federal de Garantías no dictamine sobre la validez o no de la misma, en la medida en que la instructora ha detectado posibles indicios de vulneraciones estatutarias' en relación con el reparto y designación de delegados. La nota ha salido desde Olimpo precisamente tres horas antes de que el tribunal interno de IU escuche a las partes en conflicto: a Escobar, a las cinco de la tarde –su comparecencia se ha tenido que retrasar una hora–, y a su rival y representante del sector crítico extremeño (La Mayoría), Margarita González-Jubete, a las ocho. 

Reneses subraya una idea que ya expresó la semana pasada él mismo en otro comunicado semejante: que la Comisión de Garantías es un órgano 'independiente y autónomo' de la dirección federal de IU, 'cuyas decisiones tienen carácter ejecutivo y son de obligado cumplimiento'. Amenaza explícita a Escobar, por tanto, para que no desatienda en ningún caso el dictamen del tribunal de vigilancia interna. 

Reneses reitera que las resoluciones del tribunal interno son de 'obligado cumplimiento'

Ese 'no reconocimiento' de la XII Asamblea es una desautorización más al coordinador regional, al que Madrid presionó la semana pasada con el propósito de que no convocara el congreso. Escobar, en cambio, no dudó nunca en hacerlo, más aún después de que un juzgado de Mérida desestimara la demanda presentada por dos militantes de IU y se negara a suspender el proceso. La bofetada de Reneses es además la respuesta que los críticos esperaban, como un gesto claro de distanciamiento con la dirección extremeña. Jubete y sus seguidores no asistieron a la cita del domingo, atendiendo al requerimiento de la instructora del expediente en Madrid, Gloria Aguilar. 

Se pone así la primera piedra de un final que parece cantado: según varias fuentes consultadas por Público, en Madrid y Extremadura, lo más probable es que del juicio interno que comience hoy la Comisión Federal de Garantías salga una resolución que invalide las normas que arbitraron la organización de la asamblea. Ello supondría anular, de facto, el congreso del pasado domingo, y obligaría a su repetición. Olimpo, la sede federal, entiende que Escobar 'no podría desobedecer la decisión de la Comisión de Garantías'. 'No hay precedentes de que una federación desatienda un dictamen de un órgano supremo, salvo que quiera otra cosa', advertía ayer un dirigente del núcleo duro, que por 'otra cosa' se refería a la ruptura, a la posibilidad de que el coordinador lo que quiera es montar 'su propio partido'. 'Y eso ya sabemos dónde acaba', señalaba, mirando al caso de Euskadi, donde quien tiene posibilidades de mantenerse en el Parlamento es la marca ligada a IU, Ezker Anitza, y no la escisión de Ezker Batua. 

La dirección extremeña se prepara para lo peor. Da por hecho que tras el trámite de audiencia a Pedro Escobar y a la representante del ala crítica, Margarita González-Jubete, la Comisión Federal de Garantías dictaminará en contra e invalidará las normas con las que se convocó la XII Asamblea Regional. Por eso esta tarde Escobar y la secretaria adjunta de Organización, Leonor Jiménez, llegarán a Madrid con 'toda la documentación' que probaría que no hubo trampas.

¿Pero dónde está el foco del conflicto? En el reparto de los 200 delegados. Según relatan a Público fuentes de la dirección autonómica, Joaquín Kin Paredes, el jefe del aparato, redactó unas primeras normas en las que consignaba que cada municipio dispondría de un delegado en el cónclave. Reneses escribó a Paredes y le dijo que ese precepto era 'antiestatutario', pues un delegado debe salir, como mínimo, de cada asamblea local, y esta se constituye cuando hay cuatro militantes. Y en Extremadura hay pueblos con uno, dos o tres afiliados, de forma que la norma primigenia favorecía a Escobar. Paredes, según fuentes de la cúpula extremeña, atendió el requerimiento del federal, reunió a la Presidencia y modificó las normas, de tal forma que correspondía un delegado por cada asamblea. Así, salieron elegidos 167 compromisarios por asambleas locales. No obstante, se decidió reservar un cupo para los 90 afiliados dispersos que no disponían de agrupación. De ahí se nombró a 23 representantes. Y se sumaron 10 natos de la Presidencia Regional. Para la elección de compromisarios, Paredes 'calcó' los criterios del artículo 60 de los vigentes estatutos federales: 50% según afiliación, 30% en función del porcentaje de voto obtenido en las últimas elecciones y 20% según el número de votos obtenidos en esa convocatoria electoral. Una proporción que, de acuerdo con la propuesta de estatutos de la X Asamblea Federal, que se celebrará este diciembre, se modificará: será de 70%-15%-15%.

A los 167 delegados por asambleas y a los 23 salidos de los pequeños pueblos, Paredes sumó 10 compromisarios natos, que pone la Presidencia Regional. Los de Jubete reclamaron que no hubiera miembros natos porque tampoco los hubo en 2009, en el anterior cónclave regional. La tradición en IU manda que sí haya natos, y de hecho los habrá en la X Asamblea de diciembre, y en el mismo porcentaje (5%) que en Extremadura. ¿Dónde está el problema? Sencillo: en la Presidencia Regional saliente no había dirigentes del sector crítico, ya que estos abandonaron el órgano en noviembre pasado. Entre ellos, la propia González-Jubete o el pacense Manuel Sosa, hombre fuerte de La Mayoría. Es decir, que todos los natos estaban alineados con el coordinador.  Otra queja de los críticos es que el censo se cerró antes de que el Consejo Político Regional –el máximo órgano de dirección autonómico– aprobara las normas, el pasado 29 dejulio. 

'Puede que nos anulen la asamblea, y que nos la hagan repetir, pero eso puede llevar a un caos tremendo', ya que 'se atendieron las peticiones' de Reneses y Escobar fue elegido por mayoría aplastante, un 98,5%, en un cónclave al que no acudieron los críticos, explican desde Extremadura. 'Está todo documentadísimo', insisten. Los fieles del coordinador regional asumen que se exigirá la repetición del congreso 'porque de alguna forma hay que integrar a La Mayoría', pero sostienen que es preferible utilizar armas políticas y no imposiciones. 'Si anulan, van a generar un problema y una dinámica peligrosa, porque si nuestras normas se acomodaron a las federales, y resulta que no son válidas, por la misma regla de tres podríamos impugnar las normas de la X Asamblea Federal', advierten.