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Los jueces advierten de que la nueva norma continúa sin proteger a los ciudadanos frente a los bancos

El Real Decreto-ley contra los desahucios publicado este viernes permite que los afectados conserven la vivienda dos años más, pero su deuda con el banco seguirá incrementándose

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Los jueces de las distintas tendencias de la magistratura española en esta ocasión están de acuerdo: el Real Decreto-ley del ejecutivo de Rajoy que entra en vigor este viernes es un mero parche y no aborda realmente el drama social de los desahucios. Además de que la suspensión del lanzamiento durante dos años no incluye a los procedimientos ya en marcha tampoco es una solución para los que se puedan acoger a ella. En esos 24 meses tendrá techo pero el afectado verá como su deuda continúa aumentado al no poder hacer frente a los intereses que seguirán creciendo.

También todos coinciden en que lo que se necesita es una reforma de la legislación hipotecaria, que es lo que se ha demandado tanto desde la oposición política como desde la sociedad civil, los movimientos sociales y los propios magistrados. Para todos la reforma tendría que pasar necesariamente por instaurar la dación en pago y abrir un parque de viviendas sociales en alquiler que pudiera ofrecer soluciones a aquéllos que lo han perdido todo.

'Lo único que se ha aprobado es una suspensión temporal de los lanzamientos, no es una moratoria en el pago de la deuda y los procedimientos hipotecarios van a seguir adelante de la misma forma', explica a Público Joaquim Bosch, perteneciente a Jueces para la Democracia. Este magistrado aclara que con la nueva norma 'los intereses se siguen acumulando' y la deuda del ciudadano 'sigue aumentado'. También está convencido de que 'el alcance va a ser muy reducido porque los supuestos son muy puntuales y afectan a un porcentaje insignificante del total de los afectados'. Por ese, desde su colectivo consideran 'inadecuada e insuficiente' la medida. Y asegura que 'el gobierno se ha vuelto a situar junto a los intereses de la entidades bancarias en vez de proteger los derechos de los ciudadanos'.

'El gobierno se ha vuelto a situar junto a los intereses de la entidades bancarias'Muy parecido piensa el magistrado José Luis González Armengol, perteneciente a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que asegura que 'se han tocado aspectos muy parciales para supuestos muy excepcionales'. De esta forma, 'se sigue manteniendo una desigualdad de partes, el endeudado sigue perdiendo y el banco sigue ganando'.

Pese a todo, ante un problema de tales dimensiones, Maite Sáez, de la Asociación Profesional de la Magistratura, cree que 'cualquier medida en este sentido ha de ser bienvenida', aunque reconoce que esta norma es 'claramente insuficiente'. 'Suspender la ejecución durante dos años está bien si se permite a las familias en ese tiempo recomponerse', opina, 'pero en dos años tendremos el mismo problema'. Además, Sáez asegura que a los jueces hubieran preferido que les otorgaran más margen para interpretar y aplicar la ley, puesto que 'el legislador ha de legislar en general, pero como nosotros los jueces aplicamos la ley nos gustaría más margen para atender a cada caso particular'.

Los tres magistrados creen que la alternativa pasa por la modificación de la legislación vigente y la introducción de la dación en pago, de forma que una vez que el afectado pierde la casa también pierde la deuda automáticamente. En este sentido, Maite Sáez cree que 'sobre todo si el banco va a recibir una refinanciación, esto ha de repercutir en el deudor hipotecado'.

Los jueces creen que la solución real pasa por la instauración de la dación en pago

También desde Jueces para la Democracia critican que 'se haya optado por medidas testimoniales y no cambios estructurales en la legislación', de forma que 'el gobierno ha optado por una solución de mínimos que ha resultado un fiasco'. Así, Bosch cree 'las expectativas se han revelado como una publicidad engañosa'. Y, al igual que Sáez, apuesta por 'una legislación que regule el sobreendeudamiento familiar para que el juez pueda valorar en cada caso concreto las situaciones de insolvencia con la facultad de acordar quitas parciales de la deuda o aplazamientos de la misma'.

Martí Batllori, uno de los abogados simpatizantes con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, coincide con los magistrados y afirma a Público que esta norma 'es un parche muy pequeño para un problema muy grande', puesto que no aporta ninguna solución. Califica la medida de 'inconcreta', porque deja muchos interrogantes en su aplicación, y de 'incompleta', porque sólo aborda un número muy reducido de casos. Además, no establece claramente cuál va a ser la forma en la que se va a llevar a cabo el alquiler social del que habla, 'no aclara ni cuántos pisos, ni las condicione sin nada'.

Él, al igual que desde la PAH, cree que esta norma representa 'una barbaridad' que 'no soluciona ningún problema' y que lo que se debe hacer es 'asumir el problema de forma global'. Por eso, le gustaría que 'el trámite parlamentario se incorporen nuevas medidas'.

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