El Gobierno de Navarra (UPN) recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El Ejecutivo regional considera que la norma, aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado febrero y que entrará en vigor en julio, 'invade' competencias autonómicas. Por ese motivo, el Gobierno navarro aprobó ayer iniciar los trámites para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

La consejera de Salud, María Kutz, denunció que la nueva ley, en la disposición final quinta, señala que 'se garantizará la prestación en la red sanitaria pública o vinculada' en la comunidad autónoma de residencia de la mujer embarazada, lo que 'invade las competencias regionales'.

UPN cree que la sanidad navarra no tiene que incluir esta prestación

Tal y como reconoce el artículo 149 de la Constitución y el artículo 53 de la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, Navarra tiene la capacidad para decidir 'la organización, funcionamiento y planificación' de sus servicios sanitarios.

La nueva Ley del Aborto, según la consejera, atenta contra este aspecto, porque en los hospitales de la comunidad foral no se practican interrupciones voluntarias de embarazos. Para Kutz, esta norma supone 'un claro cortafuego' y se entromete en la capacidad organizativa de los servicios sanitarios de Navarra.

El plazo para presentar el recurso finaliza el próximo 3 de julio. El Gobierno foral remitirá ahora su acuerdo al Consejo de Navarra para que este, 'con carácter de urgencia', emita el preceptivo dictamen.

En los hospitales de la comunidad foral no se practican estas intervenciones

La Ley del Aborto fue aprobada definitivamente el pasado 24 de febrero en el Senado, con 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención.

El punto más polémico se refiere a la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años aborten. La normativa ha establecido que las embarazadas en este tramo de edad podrán decidir ellas mismas si quieren abortar, pero tendrán que informar de ello, al menos, a uno de sus padres. Sólo podrán mantenerlo en secreto si prueban que anunciar su aborto puede ocasionarles algún tipo de violencia o amenaza.

Con la nueva ley, una mujer embarazada puede abortar libremente en las primeras 14 semanas. El plazo se alarga hasta las 22 semanas si la vida o salud de la mujer está en grave riesgo, o el feto sufre graves anomalías. A partir de esa fecha, la ley permite abortar si se detectan 'anomalías fetales incompatibles con la vida' o cuando se descubra en el feto 'una enfermedad extremadamente grave e incurable'.