El número de inmigrantes con papeles en España ha sufrido el descenso más severo de la última década. La caída en el segundo trimestre del año ha sido de 98.330 personas, según el último informe de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que analiza el perfil de los 4.744.169 permisos de residencia que había concedidos en España el 30 de junio pasado.

La comunidad en la que se ha producido un mayor recorte ha sido la latinoamericana. Entre el 30 de marzo y el 30 de junio pasados, Latinoamérica ha perdido 104.074 permisos de residencia (un descenso del 7%). Por países, los que han sufrido mayores recortes son Ecuador (-12,61%), Colombia (-7,32%), Perú (-3,64%), Bolivia (-4,77) y Argentina (-7,80%). Por el contrario, los dos principales colectivos de inmigrantes europeos, el rumano y el búlgaro, en los últimos tres meses han seguido creciendo: 2,73% y 2,27%, respectivamente. En el último año, su aumento ha sido aún mayor: 13,22% y 11,51%.

Los rumanos, 793.205, siguen siendo la principal colonia de foráneos

Las asociaciones de inmigrantes apuntan a la crisis y el paro como los principales motivos que explican el descenso general. Al perder sus empleos, miles de inmigrantes han optado por regresar a sus países. Pero no todos han elegido esta opción, debido a los lazos que han creado durante la última década con España (matrimonios, hipotecas, hijos...). Los que han preferido quedarse, con los papeles caducados, no han podido renovar sus permisos y han caído en la irregularidad. Ni unos ni otros figuran ya en las estadísticas oficiales.

Para renovar su documentación, el Gobierno español les exige tener un contrato en vigor o estar dados de alta en la Seguridad Social. Rumanos (hay 793.205 con permiso de residencia en España y forman la mayor colonia extranjera) y búlgaros (154.353) se escapan de esta exigencia, al ser ciudadanos de un país miembro de la Unión Europea (UE).

Además de su pertenencia a la UE, la colonia rumana tiene otras peculiaridades. 'Gozan de mucha más movilidad que los americanos y, entre cobrar los 150 euros de paro que se pagan en Rumanía y los 420 o 600 que puedan percibir en España, es normal que opten por quedarse', explica el presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes Rumanos en España, Miguel Fonda-Stefanescu. 'La diferencia es que, quien antes tenía tres trabajos en España, ahora tiene uno. Pero se las arreglan para vivir. De cualquier modo, la situación en Rumanía por el ajuste económico es tan complicada que era de prever que no hayan regresado', opina.

Las asociaciones confían en que el descenso sea 'temporal'

El presidente de la asociación ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel, añade otra explicación a la diferencia entre las cifras de ciudadanos europeos y latinoamericanos: la migración desde América a España se inició a finales de la década de 1990 (Perú en 1996, Ecuador en 2000...), mientras que los flujos desde Europa y África subsahariana son más recientes. Así, miles de latinos han podido obtener ya la nacionalidad española. De este modo, han desaparecido del listado de inmigrantes con permiso de residencia.

Tanto Paspuel como Fonda-Stefanescu coinciden en que el descenso del número de inmigrantes es un fenómeno temporal, que se recuperará en los próximos años. 'A medio plazo, volverá a crecer por las necesidades demográficas de España. No nacen niños suficientes', opina Fonda-Stefanescu. En cualquier caso, los flujos de llegada 'no serán tan grandes como los de 2003 o 2004', añade.

Los países que más recortes han sufrido son Ecuador, Colombia y Perú

Cuando los foráneos no cumplen con los requisitos, caen en la denominada 'irregularidad sobrevenida'. La secretaria de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por este fenómeno, que empieza a ser masivo.

Cuando se redactó la actual Ley de Extranjería, que el Congreso de los Diputados aprobó a finales del año pasado, no se previó la posibilidad de que miles de personas cayesen en la irregularidad por este motivo (pese a haber entrado en España de forma legal). 'Es una ley pensada para otro momento económico', han opinado tanto Terrón como el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en los últimos meses. El reglamento de la norma, en el que el ministerio empezará a trabajar a partir de septiembre, buscará fórmulas para minimizar este efecto.

De hecho, una de las primeras flexibilizaciones aprobadas fue la de que no sea necesario presentar un contrato de trabajo si el inmigrante demuestra haber cotizado durante nueve meses en el último año, para la primera renovación; o 18 meses en los dos años previos, en la segunda renovación del permiso.

Ninguna organización se ha aventurado a calcular desde el comienzo de la crisis cuántos sin papeles hay en España. Es imposible realizar un cálculo matemático porque no están inscritos como tales en ningún registro.