La propuesta anticrisis del PP para las cajas de ahorros puso este miércoles contra las cuerdas la posición que tres de sus barones territoriales sostienen en relación con las fusiones de las entidades financieras. Alberto Núñez Feijóo en Galicia y Francisco Camps en la Comunidad Valenciana llevan meses intentando condicionar el proceso de fusiones en sus respectivos territorios con un único objetivo: que la concentración de cajas no salga de sus comunidades autónomas.

El presidente Feijóo intenta fusionar Caixa Galicia (cuyo epicentro es A Coruña) con Caixanova (centrada en el sur) y, para conseguirlo, no ha dudado en ignorar la opinión contraria de la segunda entidad y del principal partido de la oposición, el PSdeG. Su interés es tal que ha pactado con el BNG una ley de cajas a medida de la fusión, ahora paralizada por el Constitucional a instancias del Gobierno central.

Su homólogo Camps trata de hacer algo parecido. El objetivo declarado es favorecer la fusión entre la Caja de Ahorros del Mediterráneo (Alicante) y Bancaja (Castellón). Al igual que Feijóo, no quiere que su comunidad y sus respectivos gobiernos pierdan influencia si las cajas de su comunidad acaban siendo absorbidas por Caja Madrid o La Caixa.

La misma tesis, aunque desde la oposición, es la que defiende la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha. La número dos de Rajoy se ha manifestado en varias ocasiones en contra de una fusión de la Caja de Castilla-La Mancha con la asturiana Cajastur. Por culpa de José María Barreda [presidente castellanomanchego], su comunidad 'está abocada a perder su caja de ahorros de referencia regional', declaró hace pocos días.

Feijóo, negó la existencia de discrepancias con su partido, pero el documento del PP no deja lugar a dudas. Quiere 'abrir el abanico' de fusiones, modificar la ley para 'facilitar' que tengan lugar entre entidades de territorios distintos, crear cajas 'de ámbito nacional' y eliminar 'el veto autonómico' a las concentraciones.