El PP da la espalda a Fabra

Cuando un animal está herido es capaz de cualquier cosa para sobrevivir. Francisco Camps, acosado por el caso Gürtel, era uno en septiembre de 2011, y en esa situación, sin pedir permiso a Génova, no tuvo otra idea para reafirmar su poder y dotarlo de un objetivo que asumir como propia una longeva exigencia nacionalista: la mejora de la financiación autonómica que reciben los valencianos, siempre muy por debajo de la media española con todos los gobiernos de la actual democracia.

En esa coyuntura, y con sus cuentas en números rojos, Camps no tuvo problemas para conseguir el respaldo de los diputados de Compromís, ni finalmente de los del PSOE. La reforma estatutaria, aprobada sin ningún voto en contra en la cámara (sólo EU se abstuvo) y sin poder vinculante, exigía simplemente que las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado se ligaran al peso de la población valenciana. "No queremos ser más, pero tampoco menos que nadie", apuntó entonces el portavoz económico del PPCV, Ricardo Costa.

Pero la reforma estatutaria, que sirvió a Francisco Camps -e incluso a su sucesor, Alberto Fabra- para azotar durante meses al gobierno de Zapatero acusándolo de discriminación en la financiación, requería del respaldo del Congreso de los diputados para ser definitivamente aprobada, y para cuando ésta llegó al Congreso, el líder de la cámara estatal ya no era el mismo.

"No queremos ser más, pero tampoco menos que nadie", dijo el entonces portavoz económico del PPCV, Ricardo Costa

Desde entonces ya en dos ocasiones había demorado el gobierno valenciano la votación con distintas justificaciones, pero la solicitud de aplazamiento anunciada ayer, en la víspera del día previsto para la misma (el debate de la reforma está previsto en el primer punto del orden del día del pleno del Congreso de los Diputados), fue la más in extremis y con el argumento más peregrino: esperar a una futura reforma estatutaria aún sin tramitar ni votar para "ahorrar costes".

Sin embargo, el motivo que se antoja principal para la solicitud de este aplazamiento era el previsible voto en contra de la reforma por parte de los diputados del propio PP en el Congreso. Así quedó de manifiesto la pasada semana en Gandía, cuando, tras una reunión de apenas 20 minutos celebrada el jueves en el marco de la Escuela de verano del PP, el ministro Montoro reiteró al president Fabra la negativa del gobierno estatal y del grupo popular en el Congreso a respaldar la decisión de las Cortes Valencianas. A la mañana siguiente, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, no se atrevió ni a asegurar que los diputados valencianos en el Congreso de su partido votarían a favor de la decisión tomada unánimemente por la cámara representante de la soberanía popular valenciana, aunque aseguró que el gobierno no entorpecería la votación. Ayer los hechos le desmintieron.

Montoro reiteró a Fabra la negativa del gobierno estatal de respaldar la reforma estatuaria

De "estafa política" calificó el secretario general y diputado nacional del PSPV-PSOE Ximo Puig el nuevo quiebro del gobierno de Fabra. Para Puig, que anunció días atrás que los diputados del PSOE sí votarían a favor de la reforma, "no es tolerable que aquello que era bueno para la comunidad frente al anterior gobierno socialista, ahora ya no lo sea porque gobierna Rajoy y el PP"; y señaló que el movimiento evidencia "el aprecio que Rajoy y su partido tienen por esta comunidad". En la misma línea se manifestó la portavoz de EUPV en Les Corts, Marga Sanz, que tildó el movimiento de "maniobra tramposa".

Por su parte, el portavoz del grupo Compromís en Les Corts, Enric Morera, anunció que emprenderán acciones legales en el caso de que finalmente sea la Junta de Portavoces del hemiciclo valenciano la que solicite finalmente el aplazamiento como se anunció, pues los servicios jurídicos de su grupo consideran que este órgano no es competente para bloquear una decisión acordada por el pleno de la Cámara.

Según cálculos de Compromís, la reforma de la cláusula estatutaria, podría generar 15.000 nuevos puestos de trabajo, fruto de la equiparación de la financiación a la comunidad con la media del resto de autonomías. Según el PSPV, el aplazamiento retrasaría "la llegada de 500 millones de euros con los que se podrían crear más de 10.000 empleos". El argumento del PPCV para aplazarlo, en palabra de su secretario general, Serafín Castellano: "evitar dos referéndums, con el coste económico y procesal que supondría hacer las dos reformas por separado". Quizás en esta ocasión, el ahorro no compense.