El Partido Popular ha impuesto este miércoles en el Congreso su mayoría absoluta para sacar adelante el Proyecto de Ley que extiende el pago de tasas judiciales a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos. En concreto, de acuerdo a este nuevo impuesto, que supone un 'copago' judicial, un particular que recurra una disposición o acuerdo del Gobierno que considere injusta, a través del correspondiente pleito contencioso-administrativo ordinario, tendrá que pagar 2.350 euros en caso de llegar hasta el Tribunal Supremo.

Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, se han opuesto a las nuevas tasas y han pedido la retirada del proyecto. No sólo critican la extensión a los particulares y la elevada cuantía de este nuevo impuesto, sino que se exijan también para los recursos en segunda instancia en el orden laboral o social, a razón de 500 euros en suplicación y 750 en casación ante el Supremo. Por lo que un trabajador despedido de su empresa que considere que la extinción del contrato ha sido improcedente, tendría que desembolsar 1.250 euros si debe llegar al Supremo, a sumar a lo que le cobre el abogado y el procurador.

Hasta la fecha, las tasas sólo se cobraban en los órdenes civil y contencioso y únicamente a empresas o personas jurídicas de una cierta entidad. El Gobierno, en un claro "afán recaudotorio", en palabras del ponente socialista de la Ley, Antonio Camacho, ha procedido a elevar las cuantías --en algunos casos, en más de un 150%--, ampliar la recaudación a los ciudadanos particulares e incluir a la segunda instancia del orden social en la aplicación del impuesto. Aparte de la cantidad fija que hay que abonar, se establece otra variable de entre el 0,25% y el 0,5% de las cuantías reclamadas en el pleito.

Sólo quedarán exentos del pago las personas con derecho a justicia gratuita, porque su unidad familiar tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 15.960 euros.

La Comisión de Justicia del Congreso ha examinado esta tarde las enmiendas al articulado de la Ley planteadas por los grupos, después de que la semana pasada la mayoría absoluta del PP sirviera para impedir la devolución al Gobierno del proyecto que reclamó la oposición en pleno. El PP sólo ha aceptado dejar exentos de tasas los procesos monitorios y verbales, en el ámbito civil, que se refieran a cuantías inferiores a 2.000 euros, y ha reducido el 60 por ciento del impuesto en el caso de las tasas en el orden social.

El Proyecto se está tramitando por la vía de urgencia, por acuerdo de la Mesa de la Cámara, por lo que está previsto que se apruebe el próximo mes de noviembre tanto por el Senado como, de forma definitiva y si corresponde, por el Congreso. Las nuevas tasas judiciales han desatado las críticas, además de todos los partidos excepto el PP, de todas las asociaciones de jueces y fiscales, así como del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía y los procuradores.

Según ha destacado María Moretó, de la Unión Progresista de Fiscales, las nuevas tasas "sólo permitirán acceder a la justicia a los ricos", y plantea serias dudas de constitucionalidad si, como puede pensarse, tienen un efecto "disuasorio" en el ciudadano a la hora de recurrir.

Antonio Camacho,  ponente de la Ley por el Grupo Socialista, señala que la Ley tiene un único afán recaudatorio, pero afecta al derecho fundamental del ciudadano a reclamar y recurrir a la justicia, al limitar el acceso a la misma. Además, en casos como el de las multas de tráfico o de reclamaciones de consumo, la cuantía de la tasa será en muchas ocasiones superior al importe de la multa contra la que se reclama, lo que llevará al afectado a no presentar la demanda.

Por su parte, el Ministerio de Justicia, que espera ingresar con la subida 306 millones de euros al año, frente a los 164,4 millones que se embolsó en 2011, justifica la medida en la necesidad de asegurar, con el dinero recaudado, el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. No obstante, en los borradores de la reforma de la justicia gratuita que están negociando con las comunidades autónomas, establecen que las personas beneficiadas por ese sistema sólo no deban pagar por la presentación de las demandas en primera instancia, pero sí que abonen un 20% de la tasa en segunda instancia. Una cantidad que estiman que no es disuasoaria pero que impedirá los abusos derivados de la gratuidad de la acción, según fuentes del Ministerio.