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PP, PSOE y UPyD, por la continuidad; PNV,CiU, IU y Amaiur, por la desaparición de la Audiencia

Emilio Olabarría, peneuvista: "La Audiencia es un órgano de excepción que no tiene sentido". Iker Urbina, de Amaiur: "Ha dado cobertura a la vulneración de derechos humanos"

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Los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados tienen división de opiniones sobre si la Audiencia Nacional debe continuar pese a la ausencia de atentados de ETA. Los principales partidos nacionales, PSOE y PP, como Unión Progreso y Democracia, reclaman el mantenimiento del tribunal. Piden su desaparición los grupos nacionalistas vascos (PNV y Amaiur), catalán (CiU), y la Izquierda Plural.

Público ha formulado tres preguntas a los portavoces de estos grupos.

1.- ¿Ha perdido la Audiencia Nacional su razón de ser tras más de un año sin atentados de ETA?

2.- ¿Ha sido eficaz la Audiencia Nacional en la lucha contra el terrorismo?

3.- Si considera que debe desaparecer, ¿quién debe asumir sus competencias?, y si cree que debe continuar, ¿debería reestructurarse?

1.- El cuestionamiento que se viene produciendo últimamente respecto a si debe continuar la Audiencia Nacional en un escenario donde no exista el terrorismo de ETA, debe resolverse en favor de su continuidad, como ya ha señalado el Ministro de Justicia, pues además de existir fenómenos terroristas distintos al de ETA, tiene atribuidas competencias para la investigación y enjuiciamiento de delitos de gran trascendencia, que no podrían asumir con similar eficacia órganos no especializados y suficientemente dotados de medios materiales y humanos.

2.- Como jurisdicción ordinaria especializada, además de haber sido un elemento fundamental en la lucha contra el terrorismo, ha demostrado un alto grado de eficacia en delitos que afectan a la economía nacional, lucha contra redes de narcotráfico, criminalidad organizada a nivel transnacional, además de tener atribuido un papel fundamental en la cooperación jurídica internacional.

3.- España, por tanto, necesita de la seguridad jurídica que ha demostrado la Audiencia Nacional, con una experiencia acumulada no solo en el ámbito penal, sino también en materia contencioso-administrativa y social. Pero es indudable, que es necesario reforzar sus competencias y adaptarlas a una situación diferente a la que existía hasta este momento. En este sentido, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pretende aprovechar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para darle una nueva dimensión, adecuada a la realidad jurídica actual.

1 - La Audiencia Nacional, que nació como consecuencia de la desaparición de los Tribunales de Orden Público, que no eran ni independientes, ni imparciales, desde el primer momento de su creación se integró por miembros del Poder Judicial con todas las características que la Constitución da a los Órganos Judiciales en los que se integraron. Si bien nació como un órgano especial, con el tiempo se ha reconvertido en un órgano especializado, por ejemplo en delitos económico-monetarios complejos, especialización que entendemos muy necesaria. Además, tiene la competencia para juzgar los delitos cometidos fuera del territorio español competencia de la jurisdicción española y, prácticamente, todas las materias relacionadas con la colaboración y cooperación internacional. Consideramos que, con el paso del tiempo, este órgano ha adquirido un pleno sentido. Por otra parte en la Audiencia Nacional además de la Sala Penal hay otras dos Salas, la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, que cumplen importantes funciones en nuestro sistema jurisdiccional.

2.- Plenamente eficaz y no solamente frente a ETA, sino también frente a otros fenómenos terroristas de carácter internacional.

3.- Si considera que debe desaparecer la Audiencia, ¿quién debería asumir sus competencias? y si cree que debe continuar, ¿debería reducir sus competencias o reestructurarse? Probablemente una reestructuración de sus competencias sería lo adecuado.

1.- En nuestro programa electoral, pedimos la supresión de la Audiencia Nacional, ya que entendemos que el juez natural es el territorial, de acuerdo a la Constitución. Durante un tiempo tuvo un cierto sentido para dotar de independencia a los jueces en el enjuiciamiento del terrorismo, pero ahora no tienen ninguno.

2.- Lo más eficaz ha sido la unidad de los demócratas y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no tanto ser juzgado en un sitio o en otro. La Audiencia Nacional ha supuesto además, en ocasiones como el caso Egunkaria, una pena añadida a los enjuiciados por tener que trasladarse fuera de su trritorio.

3.- Si se mantuviese la Audiencia, debería ocuparse de delitos muy tasados de trasmas organizadas. Este tribunal ha tenido una 'vis' o fuerza expansiva, y no sólo en penal sino en contencioso-administrativa, absorbiendo competencias sin fundamento sólo por centralizar.

1.- Evidentemente, la ha perdido. Pero no sólo porque no haya habido atentados en los últimos meses, sino porque en la última etapa de la lucha antiterrorista evidenció unas carencias importantes que hacían difícil su encaje en el sistema judicial actual.

2.- Sí lo ha sido, pero con algunos matices en cuanto a su funcionamiento en la práctica, debido a las presiones de intereses políticos en este órgano judicial.

3.- No pasa nada si desaparece, pero si no lo hace debería reorientar sus prioridades hacia tipos delictivos que causan importante alarma social como la lucha contra la corrupción política en sentido amplio, y el crimen organizado con todas las ramificaciones de trata de blancas, drogas, o delitos económicos. Todo ello asociado a primar la independencia de la judicatura y la rapidez en las investigaciones, ya que una justicia lenta como la actual acaba no siendo justicia.

1.- Debe desaparecer por esa razón y por otras. La Audiencia Nacional es un órgano judicial de excepción que deriva del antiguo Tribunal de Orden Público y tiene difícil encaje en la previsión constitucional consignada en el artículo 24 y que reconoce el derecho al juez natural predeterminado por la ley. No teniendo sentido por lo tanto la existencia de órganos excepcionales cuando cualquier órgano judicial puede entender y resolver los asuntos que se someten a la AN. Obviamente el cese de la actividad armada de ETA otorga mayor valor a este argumento.

2.- No compartimos la opinión de una actuación eficaz y no se puede comprobar si hubiese resultado o no más eficaz la actuación de los órganos judiciales ordinarios en la represión penal de estos delitos. Sí se han podido comprobar actuaciones manifiestamente incorrectas que han provocado que actuaciones en la instrucción sumarial de los jueces de instrucción de la AN, hayan sido casi sistemáticamente anulados por las distintas secciones de la AN, lo cual acredita una actuación no eficiente en algunos casos.

3.- Los juzgados ordinarios del orden penal de jurisdicción, como ocurre en todos los demás delitos tipificados por el Código Penal. En el supuesto de casos particularmente complejos, como los delitos económicos, estos juzgados ordinarios podrían recabar el auxilio de otros jueces más especializados, o de peritos con conocimientos suficientes en la materia.

1 -- Yo creo que no, que es un órgano judicial con funciones más amplias que las del juzgar el terrorismo.

2 --  La Audiencia Nacional no es un instrumento de lucha contra el terrorismo sino un instrumento para juzgar a los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ponen a su diposición por ser terroristas.

3-- No creo que deba desaparecer, precisamente, por lo que he expuesto anteriormente. Creo que la Audiencia debe restructurarse como el resto de los órganos jurisdiccionales de la Administración de justicia.

1 --  En primer lugar, desde nuestro punto de vista, al hablar de la Audiencia Nacional, se debe hablar de su carácter excepcional. Es decir, estamos ante un órgano de excepción.  ¿Por qué? Porque entre otras razones, siguiendo el principio fundamental de la justicia por el que es o será el juez natural quien se encargue de juzgar los delitos cometidos en su lugar de origen o en su ámbito de actuación, la actuación de la Audiencia Nacional no respeta dicho principio. Y esto es un aspecto generalizado, es decir, la excepcionalidad a la que hacemos referencia abarca toda la actuación de la AN.

2 --  Deciamos anteriormente que la Audiencia Nacional es un órgano excepcional, y que esa excepcionalidad abarca todas sus actuaciones y competencias. Y decimos que es excepscional porque su cometido es juzgar determinados delitos que todos bien sabemos. Pues bien, partiendo de esta base, deberiamos mirar hacia atrás y establecer de dónde viene o de donde surge la AN. Y su origen se remonta a la dictadura franquista. La Audiencia Nacional es la continuación del Tribunal del Orden Público. Y la AN nace con el fín de dar respuesta a la actividad de ETA. Una respuesta que, por cierto, no solamente ha abarcado a los activistas de ETA sino también a la ciudadanía vasca en general, ya que por él han pasado ciudadanos que no pertenecian a ETA. Por lo tanto, es un órgano excepcional para situaciones excepcionales. Cabe destacar también, que con intención de dotarlo de una razón de ser más 'democrática', con el tiempo, la AN se ha encargado de juzgar delitos de otros tipos (narcotráfico....). En cualquier caso, si en algo ha sido efectivo, desde nuestro punto de vista, ha sido en dar cobertura a la vulneración sistemática de los derechos humanos. Son inmumerables los casos de torturas así corroborados tanto por el Tribunal Europeo de DDHH como por el Tribunal Constitucional que, tanto uno como el otro, han denunciado que la actitud de los jueces de instrucción de la AN eran impasibles ante denuncias de torturas.

3-- Desde el soberanismo vasco siempre hemos pensado y manifestado de manera pública que la AN nunca debería haber existido, máxime cuando se tratada de un tribunal de excepción heredado del TOP franquista y con la finalidad de reprimir, principalmente, a la ciudadanía vasca. En cualquiere caso, este es un tema que compete a los y las ciudadanas españolas. Ya lo hemos dicho en infinidad de ocasiones; nosotros no pretendemos democratizar el estado español. Son ellos y ellas quienes deben decidir si un órgano excepcional como la AN tiene razón de ser o no en su país.

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