Sólo en Navarra, la Iglesia se ha adjudicado 1.087 bienes desde 1998, cuando el Gobierno del PP confirió a los obispos la potestad para inscribir propiedades a su nombre inmatricular, en pie de igualdad con el Estado, los ayuntamientos o las provincias. Público denunció el caso hace un año y estos días ha vuelto a los medios. Ayer, el PSOE prometió actuar para que la situación no se repita.

El presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Álvaro Cuesta, tras reunirse con la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, decidió trasladar el caso a los grupos y al Gobierno, para estudiar cómo liquidar ya un "privilegio" de la Iglesia. Cuesta propondrá que se modifique el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el 340 del reglamento que la desarrolla a través de la Ley de Presupuestos de 2012. "Quiero excitar la reflexión de un tema que me asusta y me llama la atención", porque atentaría contra la Constitución, dijo, al equiparar la Iglesia con un funcionario público.