"Si la sociedad cambia, el Código Penal ha de acompañar estos cambios con prudencia y la distancia necesaria (...), no con el corazón, sino con la razón". El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, cerró así su defensa de la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno, que ayer arrancó su tramitación en el Congreso con el apoyo del PP y de CiU. El texto endurece las penas contra la corrupción e incrementa el castigo para terroristas y pederastas, entre otras novedades.

El apoyo del grupo conservador y de los nacionalistas catalanes permitió al Ejecutivo superar con holgura el primer examen en la Cámara. Sin estrecheces aritméticas, la reforma seguirá ahora su tramitación, tras tumbar las enmiendas a la totalidad que rechazan el texto y piden devolverlo al Gobierno planteadas por el PNV y la izquierda parlamentaria representada por ERC, BNG e IU-ICV.

La suma imbatible del PSOE y el PP obvió ayer uno de los elementos más espinosos de la futura reforma, la cadena perpetua enmascarada tras el apellido "revisable" que los conservadores pretenden introducir en el texto cuando se negocien sus enmiendas. Una propuesta que es "inconstitucional", según defienden los socialistas.

Caamaño pasó de puntillas por esta cuestión, aunque fijó como un "límite infranqueable" para el legislador el artículo 25º de la Constitución, que establece que las penas privativas de libertad están orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Este objetivo es, según el PSOE, incompatible con la demanda conservadora de desempolvar la cadena perpetua, aunque sea revisable a los 20 años, como edulcora su propuesta.

Esquivando este punto, la sintonía lució más que las disonancias entre el PSOE y el PP. De hecho Caamaño comenzó su intervención agradeciendo el "apoyo inicial" de los conservadores, que "da continuidad al espíritu de acuerdo en materia de Justicia" fraguado por Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en julio de 2008.

Declarado este pacto de no agresión, el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, defendió su iniciativa de aprobar la cadena perpetua revisable para casos de muerte por atentado terrorista, violación o agresión sexual. "Se ha dicho que es inconstitucional", prologó Trillo. Para argumentar que sí "es compatible", el responsable de Justicia del partido conservador forzó hasta el límite el contenido de dos sentencias del Tribunal Constitucional una de 2000 y otra de 2004 que enarboló ante la bancada socialista a modo de prueba.

Trillo olvidó precisar que ninguna de esas dos sentencias se refiere a la constitucionalidad de una hipotética cadena perpetua en España, sino, únicamente, a la procedencia o no de extraditar a Italia y a Venezuela a sendos delincuentes reclamados que se enfrentaban a esa pena en estos países. El Constitucional considera suficiente aval para autorizar la entrega que las resoluciones judiciales que autorizan la extradición la condicionen "a que en caso de imponerse dicha pena, su ejecución no sea indefectiblemente de por vida".

Es decir, la entrega se concede si el país que reclama a la persona da seguridad de que ésta "no será ejecutada y de que la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad", informa Ángeles Vázquez.

Trillo cerró su exhortación con un mensaje que encaja perfectamente en la actitud de "populismo" que previamente habían achacado al texto los portavoces de IU-ICV y ERC: "Que sepan los terroristas, los violadores y los pederastas que causen muerte, que van a tener que arrepentirse cada día de su vida en la cárcel".

O no, porque la reforma no está aún aprobada y sólo el PP defiende recuperar la cadena perpetua. Mucho más medido, Jordi Jané trasladó el apoyo inicial de CiU al texto, aunque no garantizó su voto favorable cuando la reforma sea debatida en su totalidad cuando supere el trámite de enmiendas. "No compartimos que la reforma se haya hecho a golpe de titular mediático; se ha hecho a golpe de petición ciudadana, que no es lo mismo", justificó Jané tras escuchar las críticas de la izquierda parlamentaria y el PNV a la reforma, que se ha redactado en paralelo a la sacudida mediática de casos tan sonoros como los asesinatos de Mari Luz Cortés o Marta del Castillo.

El portavoz nacionalista vasco, Emilio Olabarría, aludió a este endurecimiento de penas al calor de los titulares. El diputado del PNV criticó que el Código Penal se haya modificado en 25 ocasiones desde el año 1995. "Parece que se ha convertido en una especia de deporte que se practica en esta Cámara", ironizó Olabarría. El representante vasco, criticó las medidas de vigilancia que fija la reforma para determinados penados terroristas y delincuentes sexuales una vez que cumplan condena porque introduce "de tapadillo" la cadena perpetua.

Desde IU-ICV, Gaspar Llamazares denunció que el nuevo Código Penal nace preocupado únicamente "por la mano derecha y lo que digan los medios de comunicación, que son insaciables". "Hagan lo que quieran, métanle 100 años, que considerarán que es insuficiente", remató coincidiendo con los recelos del representante de ERC, Joan Ridao. "El Gobierno, espoleado por el imaginario conservador, ha vuelto a plantear la salida más fácil: propiciar un debate desde un populismo punitivo".

En una línea similar, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera calificó de "muy peligroso" introducir reformas en el Código Penal "de manera convulsiva, al calor de acontecimientos que provocan gran conmoción social". A su juicio, la reforma "consolida una preocupante tendencia al endurecimiento de penas, cuando el Código español es ya uno de los más duros de Europa".