Las direcciones parlamentarias del PSOE y el PP ultiman el texto final de la proposición de ley que recogerá la reforma impulsada por Zapatero para blindar en la Constitución una regla que limite el déficit público. La última propuesta lanzada por los socialistas sobre la mesa que discute el acuerdo, aún sin cerrar, no incluye cifra alguna con el fin de garantizar margen de maniobra a los gobiernos a la hora de financiar políticas sociales.

Esta exclusión es reveladora y trata de compensar parcialmente el malestar que ha sembrado en buena parte de la dirección del PSOE la iniciativa promovida por el jefe del Ejecutivo, denostada por la izquierda minoritaria y los sindicatos y aplaudida con entusiasmo por los conservadores.

El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que tampoco comparte la propuesta lanzada por Zapatero en el Congreso el pasado martes, trata de imprimir con esta formulación exenta de cifras un sello propio que corrija la propuesta inicial del presidente, de modo que la reforma garantice flexibilidad y maniobrabilidad política al Estado en el caso de que circunstancias extraordinarias hagan imposible sujetarse a un mandato constitucional de no superar el déficit delimitado cuando la reforma esté en vigor, previsiblemente, a partir de 2018.

Varios borradores barajados hasta ahora en la negociación entre socialistas y conservadores limitaban al 0,40% del PIB el déficit en el que puede incurrir el Estado cada año, elevando el techo acuñado por la fórmula aprobada en Alemania, primer país en aplicar esta medida, que fija en el 0,35% del PIB esta capacidad anual de endeudamiento.

Los dos partidos mayoritarios trabajan contra reloj para cerrar un compromiso, habida cuenta de que mañana concluye el plazo para registrar la iniciativa en el Parlamento si quieren que la reforma sea aprobada esta legislatura, antes de la disolución de las Cámaras en la última semana de septiembre.

La reforma constitucional planteada por el Ejecutivo ha creado discrepancias en el seno del PSOE, donde muchos se han desmarcado de la iniciativa, más aún cuando no se va a someter a referéndum.

El primero en fijar su posición negativa fue el diputado Antonio Gutiérrez, que ya ha anunciado que votará en contra de la reforma. También el expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha expresado su malestar por la falta de explicaciones del Ejecutivo. Desde su Twitter, Vara asegura que si la reforma no se explica y tampoco se aclara por qué no se somete a consulta popular, no contará con su respaldo.

Desde el PSC, su presidente parlamentario, Joaquim Nadal, explicó este martes que la reforma no le parecía el camino para fijar un límite al déficit. De hecho, la posición de los socialistas catalanes es de rechazo inicial, algo que podría oficializarse en la ejecutiva que celebran este lunes.

La número dos de Rubalcaba, Elena Valenciano, considera que las discrepancias son "relativamente graves" al tiempo que pide paciencia a los suyos hasta que se concrete el contenido de la reforma.