El TC afronta una semana clave para la sentencia del Estatut

En la recta final pero con cuentagotas. El Tribunal Constitucional afronta una semana clave para resolver el recurso que presentó en 2006 el Partido Popular contra el Estatut de Catalunya. Sus magistrados se reúnen hoy en pleno para estudiar el nuevo borrador elaborado por la presidenta, María Emilia Casas. Es la séptima propuesta.

Pero antes de su deliberación, el alto tribunal procederá a estudiar por orden los recursos de súplica interpuestos por la Generalitat y su resolución será previsiblemente denegatoria, según informa Europa Press. Uno de ellos alude a la negativa del Constitucional de reintegrar al recusado Pablo Pérez-Tremps. Este recurso fue interpuesto el pasado jueves por el Gobierno de José Montilla después de que el Constitucional rechazara su petición para volver a incluir a este magistrado.

El alto tribunal ya señaló que la recusación de Pérez-Tremps es "firme"

Perez-Tremps no ha participado en ninguna deliberación. Fue apartado de la discusión de la sentencia a instancias del PP por haber realizado labores de asesoramiento para la redacción de los preceptos de la norma catalana relativos a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea.

Pero ahora se solicita su reintegro con el fin de reforzar los apoyos progresistas. En su escrito, el Govern argumenta que, si se plantea la votación de la sentencia artículo por artículo, no habría problemas para que pudiera estar presente y votar aquellos que no se refieran a las relaciones exteriores. En ellos no se podría cuestionar su imparcialidad.

Casas asume, con algunas modificaciones, las tesis de Pérez Vera

No hay que olvidar que, en la providencia de rechazo, el TC ya señaló que la recusación es "firme e irrecurrible" y que lo que propone la Generalitat no es factible porque se rompería "la unidad del proceso".

En la sesión de hoy, lo más probable es que el TC también rechace el recurso que se refiere a la falta de competencia que el Gobierno y el Parlamento catalán atribuyen al tribunal para dictar sentencia sobre la reforma estatutaria.

La deliberación sobre este recurso se produce una vez concluido el plazo dado a la Abogacía del Estado, al Congreso, al Senado y a los siete recurrentes del Estatut (además del PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia). La respuesta de todas las que han contestado hasta el momento, incluido el PP, defienden la legitimidad de los magistrados para continuar con la tramitación.

Tras resolver primero estos asuntos, se procederá a debatir la ponencia de Casas. Si tampoco concita los apoyos suficientes como para poder dictar sentencia, la presidenta se muestra dispuesta a someter el texto a una votación por bloques. Lo cierto es que las posiciones están muy enconadas y no es probable que haya cambios de criterio. Y, con esta fórmula, el Constitucional pretende desbloquear la situación de una vez por todas antes del verano.

En principio, ningún magistrado se opone a ir dictaminando por bloques o incluso precepto por precepto, basándose en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con este mecanismo se garantiza que, tarde o temprano, el TC sea capaz de dictar una sentencia definitiva, aunque sea de una forma más lenta. El pasado 19 de mayo, Casas asumió personalmente la elaboración del borrador tras la renuncia presentada por el anterior ponente, el vicepresidente y magistrado del bloque conservador, Guillermo Jiménez.

El texto de este último no concitó los apoyos suficientes y lo retiró antes de someterlo a votación. Proponía la inconstitucionalidad de más de 20 artículos y la interpretación de otros tantos de los 223 con los que cuenta el Estatut. Además criticaba duramente el uso del término nación en el preámbulo. La ponencia de Casas asume con algunas modificaciones las mismas tesis que la que elaboró en su día la magistrada del sector progresista Elisa Pérez Vera y que fue rechazado el pasado 16 de abril por seis votos contra cuatro.

Todo parece indicar que la presidenta del Constitucional deberá sortear los mismos escollos que tuvo que afrontar Pérez Vera: definición de Catalunya como nación, el capítulo de los símbolos nacionales, la primacía de la lengua catalana, la bilateralidad en las relaciones entre Generalitat y Estado y la creación de un Poder Judicial catalán.