El técnico del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) que avaló la concesión de una licencia a la empresa de un amigo del exministro José Blanco, no recibió instrucciones ni presiones de nadie ni relajó los requisitos habituales para ese tipo de expedientes.

Jesús Ruiz Sánchez ha hecho esta declaración ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga desde hace un año al exdirigente del PSOE por delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El testigo, que intervino en el procedimiento por el que la empresa Azkar, de la que era consejero delegado José Antonio Orozco --amigo de Blanco--, obtuvo la licencia para instalar una nave industrial en unos terrenos próximos al aeropuerto de El Prat, ha precisado que 'no recibió instrucción alguna del alcade', Jaume Bosch, del PSC.

El técnico municipal compareció hora y media ante el juez José Ramón Soriano, que investiga si el exministro socialista medió entre el empresario José Antonio Orozco y los responsables del Ayuntamiento para que le concedieran la licencia.

El funcionario ha asegurado no tener constancia de que en febrero de 2011 el alcalde y Orozco se reunieran para tratar la concesión de esta licencia. Según ha dicho, con el regidor 'no ha hablado nunca' y al empresario ni siquiera 'le conoce'.

A pesar de que rechazó dos veces el proyecto de la empresa de Orozco porque el aparcamiento de las instalaciones no reunía los requisitos ambientales, incluida la normativa contra incendios, el técnico municipal ha indicado que lo avaló en un tercer informe porque se habían solucionado las 'objeciones' que existían y él mismo 'cambió de opinión' tras hacer 'averiguaciones sobre este tema'.

Tras asegurar que no le convenció 'nadie' sino que se convenció él mismo 'a través de las consultas pertinentes', Ruiz Sánchez ha señalado que dejó de considerar que el edificio para el que se solicitaba la licencia era un 'almacén logístico' para estimar que se trataba de 'una nave de distribución también porque la nave ya tenía un almacén logístico'. Con este cambio de criterio, según ha explicado, ya no era necesario que el proyecto modificara su memoria contra incendios.

A esta conclusión llegó, según consta en su declaración, tras 'consultar normativa técnica de los Bomberos de la Comunidad que habla de la carga de fuego para almacenes logísticos' y después de hablar con un técnico del Ayuntamiento de El Prat, municipio en cuyo suelo también estaba la nave, que le dijo que, según la normativa contra incendios, las instalaciones estaban clasificadas como Riesgo Bajo II. También ha dicho que visitó la nave aunque no recuerda si fue a finales de 2011 o a principios de 2012.

En un momento de la comparecencia el fiscal Manuel Dolz ha preguntado a Bosch si algún funcionario del Ayuntamiento redactó las alegaciones que Azkar presentó para solucionar los inconvenientes que presentaba el proyecto y si era costumbre en la Administración local que los funcionarios encargados de los expedientes formularan 'ellos mismos' los escritos de los solicitantes. 'No', ha contestado en ambos casos.

El pasado 26 de marzo ya declaró por estos hechos el alcalde del municipio, Jaume Bosch, quien negó haber sido presionado por el ex dirigente socialista para favorecer los intereses de la empresa de transportes. Bosch insistió en el alto tribunal en que no hubo presión que pudiera influir en el expediente administrativo, 'que culminó con el otorgamiento de una licencia completamente legal'.

En la exposición razonada que la jueza que investiga la trama en Lugo, Estela San José, remitió al Tribunal Supremo a finales del pasado año se señalaba que el exministro podría haber incurrido en delito por sus relaciones con Orozco y con el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, que fue quien le implicó.