Mientras el alcalde de Vic (Barcelona), Josep Maria Vila dAbadal (CiU), ha anunciado que a partir de hoy guardará silencio, asociaciones, partidos políticos y sindicatos claman por un cambio de actitud por parte del consistorio vicense, que pretende modificar los criterios de empadronamiento dejando fuera a aquellos inmigrantes que no tengan los papeles en regla. La intención del gobierno municipal (CiU, PSC y ERC) es aplicar para el empadronamiento los mismos criterios que el Estado aplica para las personas que quieren entrar en España.

Hasta ahora, cualquier extranjero extracomunitario que quería censarse en Vic lo hacía como en cualquier otro pueblo o ciudad del Estado; es decir, con el pasaporte y algún documento que acreditase la residencia en el municipio. Pero, tal y como ha ratificado en varias ocasiones Vila dAbadal, esos criterios están a punto de cambiar. A partir de ahora, y basándose en la modificación del artículo 25 de la Ley de Extranjería, cree necesario presentar un visado, un permiso de trabajo o uno de residencia. Las críticas han sido airadas.

De la Vega no cree razonable que un municipio decida fuera del marco legal

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, salió ayer al paso y afirmó que las normas sobre el censo "están en la Ley" y que no es razonable que un Gobierno municipal, de forma individual, adopte una decisión que no está en el marco de la ley.

Algo muy similar piensan las 27 entidades que el lunes por la noche firmaron un manifiesto en contra de la decisión del consistorio. "Pedimos la retirada inmediata de los criterios de empadronamiento anunciados, porque son ilegales y gravemente discriminatorios", reza el texto.

En ese sentido, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona hizo público un documento en el que se afirma que "la Comisión considera muy grave la medida adoptada, ya que se hace sin respetar el marco jurídico vigente (...) y en consecuencia se vulneran los derechos de las personas".

Las ONG piden que la Generalitat sea más firme contra la iniciativa

Y, sin embargo, el Ayuntamiento mantiene que su postura no quiebra la legalidad. Además, quita importancia al asunto esgrimiendo que "el porcentaje de personas que no cumplen los requisitos es bajo, alrededor de un 2%". Pero este hecho aún indigna más a las entidades.

"Los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a cualquier persona que demuestre que vive en el lugar", afirma tajante Ghassan Saliba, de CCOO Catalunya (una de las entidades firmantes del manifiesto), que también critica la tibieza que la Generalitat ha mostrado a la hora de criticar al Ayuntamiento.

Lo mismo piensa Alba Cuevas, de SOS Racismo: "Se han ido posicionando algunos miembros [del Govern], pero no ha habido un posicionamiento conjunto suficientemente firme". Además, muchas de las entidades no entienden que el consistorio tome esta decisión cuando los líderes de esos mismos partidos firmaron el Pacto Nacional para la Inmigración promovido por la Generalitat, que entre otras cosas reclama el derecho a voto para los inmigrantes en las municipales.

El Govern se escuda en que la decisión aún no es firme para evitar descalificarla

Reacciones políticas

El Govern no quiso enjuiciar abiertamente al consistorio. "En un Estado de derecho, no se pueden criticar intenciones", afirmó Oriol Amorós, secretario para la Inmigración, que se escudó en que las medidas que quiere adoptar Vic "no están por escrito". Sin embargo, Amorós sí recordó "que es más fácil gestionar una ciudad" en la que se sabe quiénes son sus habitantes.

En un tono similar se expresó esta semana el presidente de CiU, Artur Mas, quien dijo tener "plena confianza" en la gestión del Ayuntamiento de Vic y en su buen hacer tanto en el pasado como en el futuro.

Sos Racismo: «La Generalitat no se ha posicionado conjuntamente»

Más contundente ha sido el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien en un par de ocasiones ha calificado de "ilegales" las medidas anunciadas por Vila dAbadal. Además, a Corbacho no le ha importado afirmar que si el municipio sigue en su empeño de no empadronar a los sin papeles, "pueden derivarse responsabilidades".

Esta firmeza no ha sorprendido a la Generalitat. De hecho, para el secretario de Inmigración, es normal que el Gobierno central sea "contundente" en sus valoraciones ya que, al fin y al cabo, el grueso de las competencias en materia de extranjería son estatales.

Amorós también afirmó que el Govern celebra que el Ayuntamiento de Vic haya cambiado de opinión en su planteamiento inicial de trasladar a los cuerpos de seguridad del Estado información sobre la situación de los inmigrantes sin papeles.

Las entidades afirman tener esperanzas en que la presión social y política obligue a Vila dAbadal y a sus socios de gobierno a retractarse, aunque temen que se utilicen otros "subterfugios" para limitar el empadronamiento. De hecho, como ayer denunciaba Joan Vera, de Cáritas, "desde hace un año medio" las entidades firmantes del manifiesto vienen alertando de que los inmigrantes tienen "obstáculos" a la hora de censarse en Vic.

Aznar buscó otras alternativas para no empadronar

A finales de 2003, unos meses antes de dejar el Gobierno, el PP intentó no empadronar a los sin papeles. Lo hizo de otra manera: reformó la Ley de Extranjería para permitir que la Policía tuviera acceso a los datos del padrón para detectar a los sin papeles. Miles de inmigrantes dejaron de inscribirse por miedo a ser expulsados de España. Los más viscerales contra la medida fueron el PSC y ERC. Algunos de los ayuntamientos que gobernaban se declararon “en rebeldía” contra la reforma que se redactó desde el Ministerio del Interior.