La presión surtió efecto y el PSOE consiguió ayer esquivar la petición de comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso para hablar de la financiación autonómica. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, llevó personalmente las negociaciones con el presidente de ICV y número 3 del Govern, Joan Saura.

Al final, y ante la sensación generalizada de que el debate -en el que Zapatero se habría visto cercado- podía entorpecer la negociación bilateral entre el Estado y la Generalitat, Saura aceptó una retirada digna. Lo hizo a cambio de una comparecencia del vicepresidente segundo, Pedro Solbes, antes de que finalice agosto y de la aceptación de un nuevo límite temporal para llegar a un acuerdo por parte del Gobierno. Así, el nuevo sistrema tendrá que estar antes de tres meses. El ejecutivo ya trabajaba con ese calendario, ya que es la única manera de que los próximos Presupuestos reflejen la nueva financiación.

El PSOE se mostró pletórico con el pacto. Su portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, declaró que se ha logrado "rebajar la tensión" en un tema que ha hecho saltar chispas entre los barones socialistas.

Des de ICV, Joan Saura también hizo una lectura positiva del acuerdo porque supone una "aceleración e intensificación" de una negociación que ahora estaba "deteriorada". Por su parte, el diputado que presentó la petición de comparecencia, Joan Herrera, destacó a Público que el Gobierno se compromete en el acuerdo a encarar la negociación "sin apriorismo alguno", cosa que incluye su pretensión de reservarse el 50% de los recursos, informa Juanma Romero.

De entre el resto de los partidos catalanes sólo el PSC echó un capote a sus socios de Gobierno. El portavoz adjunto socialista, Daniel Fernández, dijo que la decisión de ICV era "acertada" porque vuelve a llevar el debate de la financiación al ámbito bilateral.

CiU y ERC, que han acusado estos días a Herrera de "romper" el frente común catalán con esta iniciativa, se lanzaron ayer a la yugular de ICV de forma inmisericorde. El portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre, valoró el acuerdo como "una muestra de debilidad" del tripartito que supone la aceptación tácita del incumplimiento del Estatut".

Por su parte, el secretario general de ERC, Joan Ridao, acusó a ICV de sucumbir a la presión "a cambio de nada" . Desde la Generalitat no hubo valoración oficial, pero sí cierta sensación de alivio.