El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se convirtieron ayer en los auténticos protagonistas de la conferencia política del PP sobre el modelo de Estado. Los conservadores que, durante toda la jornada, estuvieron insistiendo en recobrar el diálogo y el consenso, no se aplicaron el cuento.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, se quejó de que el Gobierno y los grupos minoritarios continúen criticando al PP 'con una insistencia ya patética' porque se niega a participar en las negociaciones para renovar el órgano de los jueces que lleva ya más de un año en funciones.El CGPJ que, desde la derrota del PP, debería contar con una mayoría progresista, como fiel reflejo de las Cortes, está bloqueado por el PP.

Pero Zaplana prefiere que 'no abusen de la prudencia de uno, porque si renovar el CGPJ con normalidad es poner a personas tremendamente radicales, que se han caracterizado por atacar la Constitución o a familiares de personas muy representativas del mundo socialista, eso no es una buena renovación'.

Dos nuevas reformas
Por su parte, Ángel Acebes expresó el deseo de su partido de ponerle fin 'a ese lastre que en cualquier sistema democrático es la politización de la Justicia' y exigió 'jueces formados, de criterio independiente y sujetos sólo a la ley'.

El secretario general prefirió hablar sobre todo del futuro del TC. Después de que el pleno del Alto Tribunal rechazara el pasado martes la admisión a trámite de las recusaciones del PP contra tres de sus magistrados, Acebes anunció dos reformas que le afectan.

El PP pretende 'reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad para proyectos de reforma de Estatutos de Autonomías'. A su juicio fue un error que el PSOE, por mayoría absoluta, lo eliminará en 1985, porque serviría para 'ahorrar tensiones'. Y también han pensado que para desatascarlo lo mejor es que 'los recursos de amparo del TC se resuelvan en el Tribunal Supremo'.

Al preguntarle a Soraya Sáenz de Santamaría por si su partido se había sentido desautorizado por el rechazo del TC, la responsable autonómica señaló que no habían recibido aún el auto y que sus recusaciones estaban 'fundamentadas en los mismos recursos' que los del Gobierno, de modo que esperaba que se aplicara el mismo criterio.