Liliana Reyes tiene 40 años y vive en Terrassa. Nacida en México, llegó a España en 2008 con un visado de estudios. En 2010 se casó con un ciudadano autóctono y consiguió su tarjeta de residencia. La perdió cuando volvió a su país natal, en 2014. Y, al regresar, en 2017, tuvo que reiniciar los trámites. "Me siento completamente excluida de un país en el que me he integrado; aquí trabajo, viven mis hijos, tengo una casa... y una hipoteca; pero no puedo participar ni siquiera en las municipales, y siento que es injusto", lamenta. Para poder decidir sobre el futuro de la ciudad, se hace a la idea de que delega su voto en su pareja. "Mi marido da la voz a esta familia; siento que dependo de él", critica. Liliana es una del medio millón de habitantes de nacionalidad extranjera que no podrán participar en los comicios del 26 de mayo para elegir a sus gobernantes más cercanos: los de la ciudad o el municipio en el que residen.

La legitimidad de los resultados

Alba Cuevas, portavoz de la entidad SOS Racisme y miembro de la Plataforma Vot x Tothom, lamenta que en Catalunya cerca del 15% de la población no vaya a poder votar, un porcentaje que se dispara hasta el 40% en municipios como Salt (Girona) o Mataró (Barcelona), donde existe un elevado número de población con nacionalidad extranjera. "¿Qué legitimidad tiene un gobierno al que el 40% de las personas del municipio no hayan tenido la posibilidad de votar? Otra cosa es que la gente vote o no vote", reflexiona Cuevas, que mantiene que esta situación hace que los gobiernos estén legitimados cada vez por un número menor de personas.

Esta situación es especialmente grave en barrios y ciudades donde la población extranjera representa un porcentaje importante del total. "Los ciudadanos del Raval, en Barcelona, de mayoría migrante, no pueden escoger a sus representantes", exclama Enrique Mosquera, de la entidad Papeles para Todos.

A la luz de los datos del Instituto Nacional de Estadística, en Catalunya viven 1.100.000 personas de nacionalidad extranjera con permiso de residencia. Se estima que 300.000 son de origen comunitario y gozan de más facilidades para votar en los comicios europeos y las municipales, mientras que otras 300.000 personas proceden de alguno de los 12 países con convenio de reciprocidad de voto con España. El resto –cerca de medio millón– no podrá votar a pesar de que muchos hace más de diez años que viven en el territorio. Se trata de personas que no han obtenido la nacionalización española o que proceden de países sin convenio de reciprocidad, como es el caso de Marruecos, Pakistán, China o Senegal, países de los que proceden una cantidad muy importante de los extranjeros residentes en Catalunya.

"Es una anomalía democrática que hay que denunciar", deplora Oriol Amorós, secretario de Inmigración de la Generalitat. A su juicio, es preciso introducir cambios en el sistema de obtención de la nacionalidad, que tacha de discriminatorio. En la misma dirección apunta Lola López, comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona, que se lleva las manos a la cabeza por un sistema "injusto" que pide a determinadas personas que cumplan con todos los deberes, como el de pagar impuestos, al tiempo que les niega "derechos básicos" o les pone trabas para que, directamente, desistan. Denuncia especialmente la discriminación que sufren colectivos como el marroquí –mayoritario en la comunidad autónoma catalana, con 211.192 personas, según el Idescat–. "Es injusto que los colectivos más representativos entre los extranjeros, como el marroquí, el chino y el pakistaní, no tengan derecho a voto", se lamenta la dirigente municipal.

Con el fin de movilizar a los 600.000 extranjeros que cumplen los requisitos para ejercer su derecho a voto, Administraciones y entidades se volcaron en los últimos meses en iniciativas que llamaban a la participación. El Consistorio barcelonés lanzó la campaña I jo, puc votar?, para superar el apenas 18% de personas con nacionalidad extranjera inscritas en el censo electoral. "Este censo se cierra mucho antes de las elecciones, de manera que, cuando muchas de las personas deciden votar, ya no pueden hacerlo, porque es demasiado tarde", subraya López. También lo es ahora, puesto que las fechas para inscribirse en el censo para las próximas municipales eran del 1 al 15 de enero, para los extracomunitarios, y del 1 al 31 de enero, para los comunitarios. En Barcelona, y según datos del Consistorio, 105.000 personas de nacionalidad extranjera cumplen los requisitos para votar, si bien en las elecciones municipales de 2015 sólo se registraron en el censo cerca de 20.300. Este paso previo obligatorio para poder ejercer el derecho a voto está rodeado de dificultades.

El derecho y el deber de votar

La campaña se difundió en inglés, rumano e italiano, y tuvo una especial repercusión entre este último colectivo de extranjeros, el más numeroso en la capital catalana. Alessandro Condina, de 42 años y originario de Milán, reivindica su derecho y su "obligación" de votar: "Porque vivo aquí", sentencia. "A mí siempre me han contado que el voto es algo que ha costado mucho conseguir, y esto no lo podemos obviar", reseña. Y defiende este cometido después de dos años y medio viviendo en Barcelona, donde hace un doctorado sobre las voces femeninas de la novela de caballerías Orlando furioso, del siglo XVI. Eran mujeres "independientes y protagonistas", recuerda, algo revolucionario y avanzado que, a su juicio, contrasta con el auge de la extrema derecha en pleno siglo XXI. Condina, en tanto que comunitario, podrá votar en las próximas elecciones municipales tras inscribirse en el censo electoral.

"Como los migrantes no pueden votar, siempre se puede hablar mal de ellos". Este es un sentimiento compartido por muchos extranjeros que viven aquí y que no podrán votar el 26 de mayo, como el marroquí Aziz Matrouch. El de Matrouch es un caso flagrante, puesto que nació en Barcelona pero, como que sus padres son de origen marroquí, no tiene la nacionalidad española. Tiene 28 años y trabaja en un centro de menores extranjeros. "Eres sospechoso hasta que no se demuestre lo contrario", asegura el joven, que justo ahora podría iniciar el papeleo para pedir la nacionalidad española. En su caso, ha necesitado seis años mínimos de arraigo para obtener el NIE que le permite trabajar. Presentando también un contrato de trabajo, podrá iniciar el lento camino hacia la nacionalidad, que en su caso es excluyente: de conseguir la española, deberá renunciar a la marroquí, algo que no sucede con los ciudadanos de países con convenio de reciprocidad. Matrouch critica la "falta de democracia representativa en el Estado español" fruto de una Ley de Extranjería que tilda de "muy injusta" por fomentar el "racismo institucional". Aunque le gustaría votar en los comicios, este vecino del distrito de Sants-Montjuïc apuesta por una "democracia participativa real", en la que los ciudadanos se puedan implicar en la comunidad no sólo cada cuatro años.

La necesidad de romper tópicos

"Pese a llevar casi 14 años en Barcelona, no tengo derecho a votar ni a ser votada, como Manuel Valls; no tengo derecho a decidir". La crítica la lanza, en esta ocasión, la coordinadora de la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, Carmen Juares. Cruzó el Atlántico desde Honduras, donde se hunden sus raíces, con una infancia marcada por la violencia y el asesinato de su padre. Su voluntad, no obstante, es nacionalizarse en España. Hace cuatro años que espera una respuesta del Estado a su petición. Por el momento solo ha recibido el silencio administrativo como respuesta. "Barcelona me salvó la vida", cuenta Juares, de 33 años, que también clama contra la Ley de Extranjería, que considera "injusta, racista y clasista". "Cuando viene alguien con dinero, le dan rápido el permiso de residencia", acusa.

Matrouch critica los discursos que señalan a los migrantes como "colonizadores de la sanidad" y "salvajes protagonistas de guetos". A la extrema derecha le van bien estas ficciones, aunque varios estudios las hayan puesto en cuestión, opina. Toni Mora, responsable de Migraciones de Comisiones Obreras, afirma que, si todos los ciudadanos migrantes pudieran votar, cambiarían el mapa político actual, y "otro gallo cantaría". En ello coinciden los otros dirigentes políticos entrevistados. "Si todos votaran, existiría más oferta política para arreglar sus problemas", defiende la comisionada municipal Lola López. También lo refrenda Oriol Amorós, que, al hilo de esta cuestión, pide a los partidos que no olviden que el 11% de las personas que podrán ejercer el derecho a voto en las próximas municipales han sido protagonistas de un hecho migratorio, ya sea población nacionalizada o procedente de la Unión Europea o de países con convenio de reciprocidad. "Pedimos a las fuerzas políticas que las tengan presentes y que se actúe con responsabilidad sobre este hecho", remarca el secretario de Inmigración de la Generalitat.

En España, "la nacionalidad es una cuestión de sangre, no de tierra o de lugar de residencia", y está íntimamente ligada al derecho a voto, como recoge el artículo 13 de la Constitución Española, lamenta Alba Cuevas, de SOS Racisme, que ve una "debilidad democrática" en la imposibilidad de que todos los ciudadanos puedan votar. Para ella, los derechos civiles y políticos tienen mucho que ver con el sentido de pertenencia. "Que te nieguen el derecho a participar significa que te están excluyendo; te están diciendo: ‘Tú no eres de aquí, aunque los deberes los tienes todos’", apunta. Y así, defiende Cuevas, se generan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Aziz Matrouch es crítico con el tradicional discurso de la izquierda sobre la migración e intuye aires de cambio en algunas estructuras de pensamiento en las que "el migrante deja de ser objeto de estudio para convertirse en un sujeto político".

Mucho folklore y pocos cambios reales

La crítica principal que Matrouch vierte sobre estos partidos es su defensa del multiculturalismo a través de "mucha fiesta y poca materia". Mucho folklore y simbolismos, pero ­pocos cambios estructurales, reprocha: "Organizo una cena con cuscús y traigo a una mora con pañuelo, pero es imposible hacer cambios sin modificar la Ley de Extranjería", subraya este residente de la capital catalana.

Además del Consistorio barcelonés, la Generalitat y entidades como SOS Racisme y la Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants (Amic-UGT) han emprendido varias campañas para llamar a la participación de la comunidad extranjera. "El derecho a voto es una de las líneas históricas de lucha de la entidad", dice Alba Cuevas, cuya oenegé lleva en la brecha desde hace 30 años. "Si no hay voto no hay shawarma", rezaba ya en el año 2012 un lema de la Plataforma Vot x Tohom –impulsada por SOS Racisme con el apoyo de decenas de entidades–. Y este año pusieron el acento en la falta de igualdad en un "derecho fundamental para que las personas extranjeras puedan hacerse visibles". Amic-UGT se ha movilizado a través del lema Som un milió de catalans i catalanes: estem aquí i volem formar-ne part. "Debemos tener en cuenta que el 80% de las personas que vienen a vivir aquí lo hacen para quedarse; otra cosa es que al final sufran una irregularidad sobrevenida", explica David Papiol, portavoz de la asociación sindical, quien recuerda que, "mientras que hace 20 años la mayoría de consultas eran sobre reagrupación familiar o situaciones de irregularidad, ahora la mayoría son de mujeres que buscan homologar sus estudios".

Un caso similar al de la mexicana Liliana Reyes, que viajó a España con un permiso vinculado a sus estudios, lo vive su compatriota Janette Vallejo, que tiene 42 años y lleva más de 13 viviendo aquí. Es socióloga y técnica de inmigración en Amic-UGT. "Me siento más catalana que mexicana", subraya, y lamenta no poder votar en los próximos comicios, en los que, como Reyes, también aspira a participar a través del voto de su marido español. En ocasiones su compañero le ha cedido el voto, relata Vallejo, que lamenta que esto no debería ser así, porque los dos miembros de la pareja aportan por igual a la comunidad con su trabajo y el pago de sus impuestos. También con su participación en la asociación de madres y padres de la escuela de sus dos hijas, la comunidad de vecinos y algunas entidades latinas. "¿Hasta cuándo persistirá esta invisibilidad de ciudadanos de pleno derecho?", se preguntan todos a la espera de cambios reales.

RESIDENTES QUE SÍ PUEDEN VOTAR

En los comicios municipales del próximo 26 de mayo pueden votar las personas con nacionalidad española y las personas con nacionalidad de algún país de la Unión Europea (UE), previa manifestación de la voluntad de votar. También las personas con nacionalidad de alguno de los 12 países de fuera de la UE que cuentan con convenios de reciprocidad de voto con España: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Los ciudadanos oriundos de estos países deben cumplir cinco años de residencia legal continuada en España antes de registrarse en el censo que les permitirá acceder al sufragio y elegir así a sus representantes en las instituciones locales.

VOTO EXTRANJERO DESDE EL AÑO 1995

Las elecciones municipales del mes de mayo serán las quintas en las que podrán votar los extranjeros europeos. En el año 1995 votaron ya noruegos, daneses y holandeses y, a partir de 1999, todos los residentes comunitarios más los noruegos. También serán las terceras en las que algunos ciudadanos extracomunitarios podrán hacerlo. En total, podrán votar los nacionales de 39 países: 27 de la Unión Europea y 12 de terceros Estados.