La cuestión no es si la sentencia contra el fiscal general es o no un caso de lawfare. La duda ofendería incluso a los cinco magistrados que perpetraron semejante fallo, que tienen derecho a que se les reconozca el talento de condenar sin una sola prueba sólida, obviar todos los testimonios e indicios que exculpaban a Álvaro García Ortiz y escribir casi 200 folios en menos de tres semanas. Y aún hay gente que se quejaba de la tardanza en redactar la resolución. Cómo se nota que nunca han tenido que inventarse una sentencia de pe a pa.  La cuestión es cómo hemos llegado hasta aquí.

Una respuesta detallada daría para varias tesis doctorales, pero al menos se pueden esbozar tres grandes causas: el silencio y el olvido de la Transición, la nefasta política de sumisión a la derecha en los nombramientos judiciales aceptada por los próceres socialistas década tras década, y la impunidad de la persecución montada mazo en mano contra dirigentes de Podemos y del independentismo catalán.

Si hay un poder que transitó de la dictadura a la democracia sin mayores rasguños fue el judicial. No es solo que los magistrados y fiscales del Tribunal Supremo y del Tribunal de Orden Público (TOP) franquistas siguieran con sus carreras en las más altas instancias jurisdiccionales. Es que muchos continuaron aplicando su ideología. Como explican Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate Martín, en su excelente libro Jueces, pero parciales, existió una “posición mayoritariamente benévola de la magistratura ante la violencia institucional —policía y extrema derecha— durante la Transición y la primera etapa de la democracia”. Y, al mismo tiempo, los jueces de instrucción cerraron los ojos ante las denuncias de los familiares de los desaparecidos para proceder a la apertura de las fosas comunes. Sólo diez jueces en diez años cumplieron con lo que era una obligación legal. “Expresión de una actitud, entre temerosa y complaciente, para afrontar los crímenes de la dictadura”, resumen los autores.

Después, con la democracia (imperfecta) ya consolidada, llegó un largo periodo de pactos entre PP y PSOE para los nombramientos judiciales donde los socialistas aceptaron como algo normal perder todos los partidos por 7 a 3. Es verdad que la ahora ministra Margarita Robles conseguía ir colocando a personas afines en puestos relevantes, pero el resultado global era catastrófico y está a la vista: una élite judicial escorada completamente a la derecha.

Lo ocurrido con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un exponente perfecto. Cuando la derecha gobierna en España, controla sin miramientos el CGPJ. Y, cuando no gobierna, o lo bloquea o lo hackea por el método de captar estómagos agradecidos.

Por último, a partir de 2014, ante el auge de Podemos y del independentismo catalán, se organizó una auténtica cacería judicial contra sus dirigentes, alentada desde el Ministerio del Interior y berreada a los cuatro vientos por gacetilleros a sueldo. Los autores materiales e intelectuales de dichos desmanes, lejos de esconderse en desiertos remotos o en montañas lejanas, viven impunes en España convencidos de que con sus tropelías han salvado la patria.

Y así es cómo hemos llegado hasta aquí. Un aquí donde están tan crecidos que condenan sin pruebas a todo un fiscal general o montan una causa general contra la mujer del presidente del Gobierno.

La sentencia del Supremo tiene un destinatario directo, Álvaro García Ortiz, pero busca lanzar un mensaje a todos los ciudadanos: aquí mandamos nosotros. Existe en Derecho un concepto que tiene su origen en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y que se conoce como chilling effect (efecto disuasorio o efecto desaliento). Se aplica a la restricción de conductas que en sí mismas no son ilegales, especialmente en el ámbito de la comunicación. En un estudio sobre dicha teoría, Joaquín Urías explica que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “entiende que cuando se imponen sanciones que por sus consecuencias económicas o por implicar penas de prisión desalientan la discusión abierta sobre asuntos de interés público” se vulnera el derecho a la libertad de expresión.

El fallo del Supremo busca generar ese efecto desaliento en quienes no están alineados con sus objetivos políticos. A nuestro (presunto) defraudador fiscal no se le toca. A nuestros (bien pagados) buleros profesionales no se les afea su ejercicio prostituido del periodismo. Y quien ose hacerlo, lo pagará caro. Son los magistrados golpeando con el mazo a los ciudadanos que reclaman justicia indefensos, como retrató de forma magistral Banksy en el mural que dibujó en la fachada del Tribunal Superior de Justicia en Londres. 

En definitiva, el grito que esconde la sentencia es el mismo que dio el pistolero que entró en 1981 en el Congreso. ¡Quieto todo el mundo! ◼