El PSOE está en un buen lío, pero para quienes mantienen que da igual lo que votes porque nada cambia, los avances del Gobierno y sus socios parlamentarios con la ley de amnistía y el (des)procés nos demuestran que no es verdad y que esa mentira solo interesa a quienes desean que todo siga igual. Para Pedro Sánchez, el problema ahora -si lo hubiera, que algo me dice que él no lo tiene- no es lo que está haciendo sino lo que tiene que deshacer después de lo que hizo años atrás. Eso no se le escapa ni a él ni a su partido ni a sus votantes ni a la oposición, por supuesto. Ésta, no obstante, está para dar exactamente ninguna lección sobre democracia (operación Catalunya) y constitucionalidad (okupación del Consejo General del Poder Judicial desde hace más de cinco años).

Las urnas, nuestros votos, han logrado algo que hace años parecía imposible: aceptar la plurinacionalidad in crescendo del Estado, por un lado, y poner negro sobre blanco el déficit democrático que arrastra el poder judicial desde hace décadas. Las resistencias antidemocráticas, claro, son descomunales. Lo hemos dicho en varias ocasiones en este mismo periódico: no hubo transición en esta pata decisiva de los tres poderes del Estado; nadie metió mano ahí para garantizar un sistema de justicia independiente no partidista y que emane -como dice la Constitución Española (art. 117)- del pueblo. Y de aquellos polvos, estas togas. Parecía que mientras el bipartidismo se turnaba en el Ejecutivo, las cosas andaban más o menos ordenadas, aunque fuera un quítate tú para ponerme yo muy remolón cuando tocaba al PP desalojar la mayoría del CGPJ. Ahora que el bipartidismo está en coma y tanto PSOE como PP necesitan apoyos para gobernar en casi todos los casos, han reventado las costuras mostrando las miserias de un desnudo en avanzado estado de descomposición y derechización vergonzosa.

Hace ocho años, PP (entonces en el Gobierno) y PSOE (en la oposición y liderado por Sánchez en su primera etapa de secretario general) pactaron una reforma del Código Penal que hoy se le ha vuelto en contra al Gobierno, aunque hace tiempo que se convirtió en una agonía  para muchos ciudadanos/as, y eso es lo más sangrante. En esta línea, aprovecho para recomendarles Altsasu, la obra de teatro nominada a dos premios Max que está ahora en el madrileño Teatro de la Abadía, donde se martillean nuestras conciencias por las brutales condenas que trajeron los hechos de 2016 del caso ídem. La reforma del CP de 2015 convirtió casi todo hecho vandálico, incluso de ejercicio de derechos como la manifestación, en terrorismo. El pacto entre PP y PSOE licuó de tal forma el delito de terrorismo que lo convirtió en una frivolidad penal y, lo que es más peligroso, en una herramienta política para jueces cortados por el patrón de Manuel García-Castellón. Y lo hizo precisamente en este país que tanto ha padecido desde el terrorismo de Estado hasta el yihadista pasando por el de ETA y otros igualmente atroces para sus víctimas, la convivencia y la democracia.

En 2015, con un Sánchez hoy irreconocible, y pese a las advertencias de muchos juristas y demócratas, el PSOE entregó un arma poderosa envuelta con un lazo a los jueces propensos al lawfare cuando su partido manda (o sea, que no gobierna). Ahora, claro, el Gobierno no puede decir alto y claro que lo de Puigdemont, Rovira, Tsunami Democràtic y tantos otros no es terrorismo, lo diga García-Castellón, Feijóo, Agamenón o sus porqueros, porque sería lo mismo que admitir esa guerra político-judicial de libro en la que estamos inmersos pese a haber votado lo que nos dio la gana el 23-J, que para eso estamos en democracia (un decir).

Hermann Tertsch ataca a Félix Bolaños: "Que no le vuelen la cara a tiros y haya que consultar si es terrorismo bueno o malo"

Hoy, el Gobierno tiene que introducir en el proyecto de ley de amnistía una obviedad que nos pone coloradas a muchas: que la norma beneficie a todos los delitos de terrorismo, salvo a aquellos que hayan causado, "de forma manifiesta y con intención directa", muertes, torturas o trato degradante. O sea, que la amnistía beneficie a todo lo ocurrido en el procés que no sea terrorismo, que es todo y que es como reconocer el despropósito de aquella reforma del Código Penal que ya están tardando en deshacer, como la ley mordaza. Porque si el PP llegara a gobernar con la ultraderecha y este Código Penal sigue activo, ya podemos ir pidiendo asilo en Portugal para salvar el pellejo democrático. También el Gobierno y sus socios.