Cárceles saturadas de presos, detenciones arbitrarias, organizaciones civiles y medios de comunicación perseguidos y amenazados, un Congreso de marcado color oficialista, un poder judicial subordinado al Ejecutivo… Sin oposición interna, Nayib Bukele cumple seis años en el poder en El Salvador redoblando la persecución y el hostigamiento contra todos aquellos que critican su autoritarismo. El mandatario ultraderechista se jacta de contar con el aval de una mayoría de la sociedad a su estrategia de erradicar la criminalidad a cualquier coste, incluido el desmantelamiento de la democracia.

A la prestigiosa abogada Ruth López Alfaro se la llevaron detenida el pasado 18 de mayo, cerca de la medianoche. La Policía irrumpió en su domicilio de San Salvador por orden de la Fiscalía General de la República. Durante dos semanas no se supo a ciencia cierta cuál era el paradero de López, jefa de la sección de anticorrupción de Cristosal, una organización civil que lleva varios años denunciando los abusos del régimen de excepción impuesto por el Gobierno de Bukele. Según el abogado de López, la Fiscalía le acusó en un primer momento de malversación cuando ejercía como asesora de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral durante la presidencia de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN, la antigua guerrilla de izquierdas). En la audiencia celebrada el 4 de junio, la Fiscalía modificó los cargos y le acusó de enriquecimiento ilícito.

“Soy una presa política; todas mis imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno”, dijo a gritos la abogada al salir de los juzgados, custodiada por varios policías, antes de ser trasladada a prisión. A López se le aplicarán las mismas reglas del régimen de excepción diseñado en el combate a las pandillas. Podría pasar varios años en la cárcel antes de que se celebre su juicio.

La detención de Ruth López (una de las cien mujeres más influyentes del mundo en 2024, según la BBC) se produjo dos días antes de que el Gobierno aprobara la Ley de Agentes Extranjeros, el último instrumento surgido de la factoría Bukele para restringir derechos. Mediante esta norma, las organizaciones civiles y los medios de comunicación independientes que reciban financiación a través de la cooperación internacional tendrán que pagar un 30% de impuestos adicionales. Además, el Gobierno prohibirá cualquier actividad que considere una amenaza para la estabilidad social. En definitiva, se trata de asfixiar a las pocas voces críticas que todavía quedan en el país.

El Salvador fue durante varios años el país con la tasa de homicidios más alta en América Latina. Las pandillas del narcotráfico imponían su propia ley y los muertos se apilaban en las morgues. Bukele ganó las elecciones en 2019 con la promesa de ejercer mano dura contra la delincuencia.

En marzo de 2022 estableció un régimen de excepción que ha cumplido ya tres años con un balance altamente productivo en la lucha contra el crimen organizado. Los pandilleros ya no siembran el pánico en las calles. Ahora están entre rejas. O muertos. Pero junto a ellos hay también cientos de ciudadanos inocentes que han sido detenidos de manera arbitraria. La delincuencia está bajo control pero El Salvador es ahora el país con la mayor tasa de población penitenciaria del mundo. Un 2,6% de los ciudadanos adultos están en prisión, según un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana. Bajo el régimen de excepción se han suspendido garantías constitucionales como la defensa de los detenidos o la inviolabilidad de las telecomunicaciones, y se ha detenido a más de 85.000 presuntos pandilleros.

Para evitar la saturación de las prisiones existentes, Bukele inauguró en 2023 una cárcel gigantesca, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que puede albergar hasta 40.000 reclusos. Allí han sido encerrados en condiciones inhumanas varias decenas de migrantes expulsados de Estados Unidos tras el controvertido acuerdo al que llegó Donald Trump con el autócrata salvadoreño para trasladar migrantes a cambio de dinero.

El aval de la mayoría

El año pasado Bukele fue reelegido con cerca del 85% de los votos. La Constitución salvadoreña sólo admite un mandato presidencial de cinco años, por lo que el joven dirigente ultraderechista (43 años) no tenía derecho a presentar de nuevo su candidatura presidencial. Pero lo que diga la Constitución no parece afectarle. Durante su primer Gobierno se ocupó de colocar a jueces afines en la Corte Suprema, unos magistrados que desde la Sala de lo Constitucional reinterpretaron la Carta Magna. Su partido -Nuevas Ideas- cuenta con 54 de los 60 congresistas de la Asamblea Legislativa. “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador; prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle”, dijo envalentonado el pasado 1 de junio, al celebrar seis años en el poder. Se refería a las críticas de algunos medios de comunicación internacionales que le afean su forma autoritaria de gobernar. En El Salvador, pocos se atreven a llamarle autócrata a la cara, bajo riesgo de acabar en prisión. Bukele cuenta con el apoyo o el silencio cómplice de la mayoría de los salvadoreños. Los sondeos más recientes muestran una aprobación del 80%, aunque esas mismas encuestas también reflejan un alto porcentaje de ciudadanos que temen dar su opinión sobre el régimen de excepción (74%).

La organización Cristosal, a la que pertenece Ruth López, ha denunciado que bajo el régimen de excepción instaurado por Bukele han fallecido 367 personas de las que tengan constancia debido a las condiciones inhumanas de las cárceles o a las torturas sufridas. “En la mayoría de esos casos, nuestros investigadores encontraron que los detenidos no tenían antecedentes penales ni evidencia de tatuajes de pandillas. Ninguno había sido condenado por un delito al momento de su muerte”, denunció Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, en un artículo publicado en marzo en la revista Foreign Policy. La mayoría de los fallecidos eran, según Bullock, personas pobres que sobrevivían “en los márgenes de la economía”.

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EFE

Acuerdo secreto con las pandillas

El éxito de Bukele en la erradicación de la criminalidad esconde zonas oscuras sobre las que recientemente ha arrojado luz una investigación del diario digital El Faro, uno de los pocos medios independientes de El Salvador. El mandatario habría instaurado el régimen de excepción en marzo de 2022 tras la matanza de 87 personas perpetrada por las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, que habrían roto de esa forma un acuerdo secreto al que habían llegado previamente con el Gobierno. Dos jefes pandilleros entrevistados por ese medio declararon que las primeras conversaciones entre las pandillas y Bukele se remontan a 2014, en vísperas de que lanzara su candidatura a la alcaldía de San Salvador. Entonces, hacía poco que había dejado su trabajo como publicista para lanzarse al ruedo político. Ya como alcalde de la capital, fue ganando popularidad por su gestión contra la criminalidad y una denuncia constante de la corrupción en los partidos tradicionales (el FMLN y el derechista ARENA). Varios reporteros de El Faro que participaron en la investigación han abandonado El Salvador en los últimos días ante la certeza de que se estaban preparando órdenes de captura en su contra.

“¿Qué más debe pasar para que la comunidad internacional reconozca la dictadura de El Salvador?”, se preguntaba Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, en un reciente artículo publicado en El Faro: “En mayo, en el llamado pulgarcito de América, se consolidó la dictadura cool de un régimen que durante seis años ha desmantelado toda forma de democracia. Nayib Bukele se quitó la máscara y decidió ejercer el poder con las herramientas clásicas de un dictador: cooptación de los poderes del Estado, reelección inconstitucional, persecución política, represión a la protesta social y censura a los medios no alineados”.

Cárcamo denuncia en su artículo el silencio de la comunidad internacional ante los atropellos de Bukele. Es un llamamiento urgente y desesperado. El Salvador emite hoy una luz de alarma para toda América Latina. Una democracia intervenida con una tramposa fórmula de paz por derechos.