Uno de los aspectos más polémicos del asalto a la democracia que ha tenido lugar en Brasil es la pasividad y la connivencia mostrada por la mayoría de los agentes de la Policía Federal de Brasilia que custodiaban las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo.

En Brasil se está hablando mucho de este asunto. El asalto solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los asaltantes.

Ante el caos generado, el presidente Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno central durante ese periodo.

Es más, el mismo domingo el ministro de Comunicación Social del gobierno brasileño, Paulo Pimenta, responsabilizaba a las "autoridades" del Distrito Federal del asalto del Congreso de Brasil.

Para entender lo que ha pasado, hay que tener en cuenta que la gobernación de Brasilia está en manos de un bolsonarista y la política de seguridad también. El gobernador del Distrito Federal de Brasilia es el bolsonarista Ibaneis Rocha. El máximo responsable de la Policía Federal en Brasilia es Anderson Torres, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de Brasilia hasta este pasado domingo y exministro de Justicia de Jair Bolsonaro hasta hace ocho días.

En este contexto, un juez de la Corte Suprema de Brasil apartó este lunes de su cargo a Ibaneis Rocha por 90 días. El mismo juez ha ordenado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio publico ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país.

El juez de la Corte Suprema señala directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula. En su intento por desvincularse de los asaltantes lo antes posibles, Rocha destituyó el domingo a última hora a Torres, de viaje en Estados Unidos. Anderson Torres fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora expresidente.

El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que "la escalada violenta" contra la sede de los tres poderes "solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva," de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.

Una opinión muy extendida en el país y compartida por el propio Lula, quien se mostró tajante sobre la actuación de Torres y otros bolsonaristas: "Han actuado como verdaderos vándalos fascistas. Todas las personas que han intervenido [en el asalto] serán castigadas. Hicieron lo que nunca se ha hecho en la historia de este país".