El Senado argentino sancionó este jueves una controvertida ley que declara de interés público la producción, distribución y comercialización de papel para diarios. Esta nueva norma sitúa bajo control estatal el funcionamiento de Papel Prensa, la única productora en Argentina de celulosa y papel. El Estado tiene ahora una participación en la empresa del 27,46%, mientras que los dos grandes diarios del país, Clarín, con un 49% de las acciones, y La Nación, con un 22,49%, acumulan la mayoría de la propiedad.

La oposición a la presidenta Cristina Fernández y, sobre todo, estos dos periódicos, se oponen con denuedo a esta norma que consideran "inconstitucional" y en la que ven un intento de controlar la prensa a través de su materia prima básica el papel así como una vía para la futura estatalización de Papel Prensa.

El oficialismo aprobó la normativa con 41 votos a favor, frente a 26 en contra, gracias al apoyo de seis senadores de fuerzas aliadas. Tras la aprobación de la ley, diputados opositores anunciaron que presentarán una demanda ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el "peligro" que corre en Argentina la libertad de expresión.

Diputados de la oposición apelan a la OEA en defensa de la libertad de expresión

En virtud de la nueva ley, Papel Prensa deberá fijar un solo precio de venta, y además tendrá que operar, "como mínimo, a pleno de su capacidad" para "satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios". El Ejecutivo se erige en regulador de todo este proceso.

Esta empresa abastece en la actualidad a casi 170 periódicos en todo el país, lo que representa un 74% del mercado interno. El resto del papel es importado. Con la nueva ley, si la empresa no puede cubrir por sí sola la demanda, el Estado tendrá derecho a intervenir en ella y, por tanto, podrá acrecentar su participación accionarial. Ese es el escenario que Clarín y La Nación temen que se produzca.

Para denunciar lo que entiende como un intento de cercenar la libertad de expresión, Clarín, que pertenece al grupo multimedia más grande de Argentina, publicó el domingo su portada en blanco con un solo titular: el artículo 32 de la Constitución. Esta disposición prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta.

La Nación, por su parte, afirma que las inversiones estatales serán el modo que el Ejecutivo tendrá para "apoderarse" de Papel Prensa, "no porque sea rentable, sino porque le es políticamente útil controlar a los diarios".

El Gobierno de Fernández arguye que la ley favorece a los diarios pequeños

Una lectura muy diferente hace el Gobierno de Cristina Fernández, que se apresuró a agilizar la ley en la Cámara de Diputados y en el Senado ahora que vuelve a tener mayoría en ambas cámaras, tras las elecciones de octubre.

"Del total producido por Papel Prensa, Clarín y La Nación utilizan el 70% para cubrir sus necesidades", aseguró uno de los mayores defensores de la ley, el senador oficialista Aníbal Fernández. "El resto se distribuye entre 168 medios que deben pagar un 15% más", afirmó.

La misma presidenta ha indicado que el objetivo de la ley es garantizar el acceso al papel para los diarios pequeños. Fernández también señaló que "fue el Estado el que generó la primera fábrica de papel de diarios, con recursos de todos los argentinos".

La disputa por Papel Prensa va mucho más allá del intercambio de palabras. La jefa del Estado acusó en 2010 a los directivos de Clarín y de La Nación de delitos de lesa humanidad, argumentando que habían coaccionado en 1976 a los dueños originales de la empresa con la complicidad de la dictadura.