Un tribunal de Milán condenó el lunes al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi a siete años de prisión y le prohibió ejercer cargos públicos, después de declararlo culpable de pagar para mantener relaciones sexuales con una menor de edad y de abuso de autoridad para encubrir la relación. Berlusconi no tendrá que ingresar en prisión ya que su abogado presentará una apelación.

Las tres juezas del tribunal que ha juzgado en primera instancia a Berlusconi desde abril de 2011 dictaron una condena para el exprimer ministro italiano superior a los 6 años de prisión que había solicitado la fiscal, Ilda Boccassini, y ordenaron además la confiscación definitiva de los bienes incautados a Ruby destinados a cometer el delito. El veredicto se suma a las crecientes complicaciones que afronta el primer ministro, Enrico Letta, cuyo frágil Gobierno de coalición está respaldado por el partido de centroderecha Pueblo de la Libertad de Berlusconi.

El ex primer ministro fue declarado culpable de pagar para tener sexo con la ex bailarina de un club nocturno Karima El Mahrug - más conocida por su nombre artístico "Ruby Rompecorazones" - cuando era menor de edad, durante las famosas fiestas "bunga bunga" en su lujosa residencia en las afueras a Milán. El tribunal compuesto por tres magistradas también declaró a Berlusconi, de 76 años, culpable de abuso de autoridad al arreglar la puesta en libertad de la joven tras ser detenida en un caso aparte de robo.

"Es una condena que queda fuera de las actas procesales. El tribunal no ha tenido en cuenta la realidad" Tras conocer la decisión de las tres juezas, Niccolò Ghedini, abogado del exprimer ministro, dijo no estar sorprendido por el sentido de la misma y anunció que recurrirán la condena, que no será efectiva hasta que no sea en firme. "Es una condena que queda fuera de la realidad y de las actas procesales. El tribunal no ha tenido en cuenta la realidad", dijo Ghedini ante los periodistas a la salida del Palacio de Justicia de Milán.

Boccassini dijo que a las fiestas de la mansión de Berlusconi en Arcore, próxima a Milán, se invitó a chicas "que formaban parte de un sistema de prostitución organizado para la satisfacción del placer sexual" del político y que Ruby obtenía del exprimer ministro "directamente lo que necesitaba para vivir" a cambio de ello. Para la Fiscalía, no existen dudas de que Berlusconi estaba al tanto de que Ruby era menor de edad cuando participó en sus fiestas y supuestamente mantuvo relaciones sexuales pagadas entre febrero y mayo de 2010, meses antes de que la joven, en noviembre de ese año, cumpliera los 18 años.

Boccassini también fue dura en cuanto a la acusación de abuso de poder, por la llamada que realizó el entonces primer ministro en mayo de 2010 a una comisaría de Milán en la que estaba detenida Ruby por un pequeño robo para exigir su liberación, asegurando que la chica era sobrina del entonces presidente egipcio, Hosni Mubarak. Para la fiscal, el supuesto parentesco entre la joven y Mubarak era "un embuste colosal" y esto lo sabían también los agentes de la comisaría, pues ya entonces se hablaba de la relación con otra joven, Noemí Letizia.

Berlusconi no tendrá que ingresar en prisión debido a que su abogado presentará una apelación El pasado día 3, los abogados de Berlusconi habían pedido la absolución de su cliente, acusando a las juezas de estar predispuestas contra la defensa y que a Boccasini le une una "cercanía cultural" con las magistradas y actúa en base a prejuicios. Berlusconi también tiene pendiente la resolución (previsiblemente en octubre), del Tribunal Supremo sobre su condena por fraude fiscal en el caso Mediaset a 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación para cargo público y la apelación de la condena a un año de cárcel del caso Unipol, por la publicación de escuchas telefónica en el diario Il Giornale, propiedad de su hermano Paolo. Asimismo, a finales de mes comenzará la audiencia preliminar del juicio por la supuesta compra en 2007 del senador Sergio de Gregorio para hacer caer al Gobierno de Romano Prodi.

Ya por lo civil, il Cavaliere tiene pendiente la decisión del Supremo (que empieza a estudiar el asunto a final de mes) sobre la sanción de 560 millones de euros a su grupo empresarial Fininvest por los daños patrimoniales causados al conglomerado CIR en la pugna por la editorial Mondadori, así como la apelación por la sentencia de divorcio de su segunda esposa, Verónica Lario.