Hace un año, la frágil democracia en Myanmar dio un vuelco tras el golpe de Estado perpetrado por el poderoso Ejército del país, que arrebató el poder al Gobierno después de detener a la líder y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Como en otros rincones del mundo, la excusa que emplearon los mandos militares fue que se había producido un supuesto fraude electoral.

El ataque al proceso democrático recibió una respuesta contundente por parte de los ciudadanos. Un movimiento masivo de personas llenó las calles. Pero los militares lo reprimieron con una dureza extrema, sumiendo al país en una espiral de violencia, además de hundir su economía y aislarse de la comunidad internacional. 

La gestión militar ha generado un aumento de la pobreza, la salida incesante de empresas como Total y Chevron y un régimen aislado en medio del boicot y las sanciones económicas. A la crisis económica se le suma la grave situación social: cientos de miles de rohingyas, refugiados en la vecina Bangladesh, ven cómo se desvanecen sus esperanzas de una posible repatriación a su país, controlado por los mismos militares que desencadenaron la ola de violencia que les obligó a huir.

Crónica de un año de crueldad y tensión

Con los primeros rayos de sol del 1 de febrero, los militares salieron de los barracones y tomaron el control de Naipyidó tras arrestar a los principales líderes políticos electos en los comicios de noviembre de 2020. La mencionada y depuesta líder de facto del Gobierno birmano y el derrocado presidente, Win Myint, junto al resto de diputados se encontraba en la capital, donde iban a jurar esa mañana el cargo para los próximos cuatro años.

Tras las primeras 48 horas de tensa calma, el 3 de febrero los trabajadores del sector sanitario iniciaron una huelga indefinida y se negaron a colaborar con la recién formada junta militar. Esta protesta pacífica fue en aumento con el paso de los días y desembocó en el Movimiento de Desobediencia Civil, que ha conseguido parar el funcionamiento de parte de la Administración.

El 6 de febrero, más de 20.000 personas se congregaron en el casco histórico de Rangún, antigua capital y ciudad birmana más poblada, para expresar su rechazo al mando castrense y exigir la liberación de Suu Kyi y el resto de líderes civiles. El sentimiento opositor corrió como la pólvora a lo largo de la nación y en cuestión de días prácticamente todo el país registraba masivas marchas contra los militares, que pronto comenzaron a utilizar la violencia para aplacar a la muchedumbre.

Primera muerte: una joven de 20 años

Mya Thwe Thwe Khine, de 20 años, falleció el 19 de febrero y se convirtió en la primera víctima mortal de la represión de la junta militar. La joven birmana falleció en un hospital de Naipyidó después de pasar diez días en estado crítico tras recibir el 9 de febrero un disparo en la cabeza mientras participaba en una protesta contra la dictadura militar.

Un año después del golpe, la cifra de víctimas mortales a raíz de la represión de las autoridades se sitúa alrededor de los 1.500 muertos, conforme a los datos de la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. Al menos 82 personas perdieron la vida el 9 de abril cuando las fuerzas de seguridad atacaron un campamento de manifestantes en la ciudad de Bago, situada a 60 kilómetros al este de Rangún.

Soldados y policías usaron armas de gran calibre y explosivos contra los manifestantes, durante esta masacre que se encuentra entre los días más sangrientos desde el golpe de Estado.

Gobierno en la sombra

El 16 de abril, políticos derrocados y activistas pro democráticos anunciaron la formación del autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), leal a Suu Kyi, con el que plantar cara a la junta militar. El NUG, que opera de manera clandestina para evitar la represión de la junta, se define como el representante legítimo del pueblo birmano, un reconocimiento que de momento le ha sido esquivo por parte de otras naciones e instituciones internacionales.

El gobierno en la sombra anunció el 5 de mayo la creación de su brazo armado, la Fuerza de Defensa del Pueblo, con el objetivo de lanzar una revolución armada contra la junta militar, quienes los cataloga como "terroristas". Tras más de tres meses desaparecida y arrestada por los militares, Suu Kyi compareció el 24 de mayo ante un tribunal de justicia donde fue acusada formalmente de varios delitos.

La televisión pública, controlada por los militares, emitió unas imágenes de Suu Kyi en el banquillo de los acusados durante su comparecencia, en su primera aparición pública desde el golpe.

Guerra defensiva

El 7 de septiembre, después de esporádicas refriegas con las Fuerzas Armadas, el NUG declaró una "guerra defensiva" contra la junta militar e incitó a la rebelión popular. El brazo armado del NUG cuenta con unos 8.000 soldados, muchos de ellos civiles que optaron por tomar las armas ante el poco avance de las acciones pacíficas, y colabora en algunas regiones con los grupos rebeldes étnicos.

En un gesto sin precedentes, el 16 de octubre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que forma parte Birmania y otros nueve países, decidió excluir al líder golpista, Min Aung Hlaing, de su reunión anual de mandatarios del bloque, que tuvo lugar el 26 de octubre.

La medida fue argumentada por la división interna del bloque y a raíz de los pocos avances encaminados hacia una solución pacífica de la crisis birmana adoptados por la junta militar, que se comprometió en abril, entre otros puntos, a "cesar la violencia" contra civiles y entablar "un diálogo constructivo con todas las partes".

Birmania, gobernada entre 1962 y 2011 por una sucesión de dictaduras militares, regresaba así al aislamiento internacional del que fue objeto durante casi medio siglo, además de acumular sanciones selectivas contra los mandos militares y sus intereses económicos por parte de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

La condena a Suu Kyi

El 6 de diciembre, un tribunal birmano sentenció a cuatro años de prisión a Suu Kyi por incitación contra los militares y por vulnerar la normas contra la pandemia, aunque la pena fue rebajada ese mismo día a dos años de cárcel.

La premio nobel de la paz, de 76 años, y que en enero sumaría otras dos condenas y cuatro años de prisión, se enfrenta a varios oscuros procesos a puerta cerrada en los que se le acusa también de violar la ley de secretos oficiales y varios delitos de corrupción, cargos penados con un máximo de 14 años y 15, respectivamente.

Masacre en Nochebuena

Al menos 35 personas, entre ellas cuatro menores y dos trabajadores humanitarios, fueron asesinados el 24 de diciembre en un ataque de las fuerzas de seguridad en el estado occidental Kayah (Karenni) contra una caravana de vehículos.

Los cadáveres se encontraron completamente calcinados, mientras algunos de ellos tenían las manos atadas en la espalda y la boca cerrada con cinta adhesiva, según denunció un cuerpo de seguridad opositor a los militares.