Ha tardado medio siglo, ha tenido que esquivar la Ley de Amnistía –que indultó a opositores y perdonó para siempre a los represores–, ha pasado casi de puntillas en los informativos nacionales, pero al final ha llegado la primera condena en Brasil contra un agente de la dictadura militar (1964-1985).

Edgar de Aquino Duarte, pernambucano de 30 años, fue detenido –"para averiguaciones", según la ficha de detención–, el 13 de junio de 1971 en su domicilio del barrio de Perdizes, en São Paulo. Era agente bursátil en la Bolsa de Valores. Antes había sido marinero. Aunque en el momento de su captura ya no tenía ninguna relación con movimientos de oposición, en 1964 participó en la "Revuelta de los marineros", liderada por José Anselmo dos Santos. El conocido como Cabo Anselmo acabó siendo un agente infiltrado del régimen, que entregó a la dictadura, entre otros, a su propia novia embarazada. También a su excompañero Edgar, que fue torturado, mantenido incomunicado buena parte del tiempo y transferido de presidio en presidio hasta que a mediados de junio de 1973 dejó de haber rastro de él.

Testimonios de presos que en algún pasaje de sus dos últimos años coincidieron entre rejas con la víctima corroboran las torturas, el régimen de incomunicación y también la muerte de Edgar. Sin embargo, no fue esta la estrategia de la Fiscalía de São Paulo para, en 2012, denunciar a sus torturadores, de los cuales hoy solo sigue con vida, con 77 años, Carlos Alberto Augusto (Carlinhos Metralha). "Como no fue encontrado el cuerpo, ni los restos mortales, ni ninguna prueba material, la denuncia no fue por homicidio, sino por secuestro", explica para Público el fiscal Andrey Mendonça. "El secuestro, la privación de libertad, se mantiene en el tiempo, es un crimen permanente. Nuestra posición es que la conducta no acabó, y como no es una conducta efectuada antes de la ley de amnistía, no se aplicaría esta ley".

Por eso la crucial sentencia del juez federal Silvio César Arouck Gemaque, que condena a Carlos Alberto Augusto a dos años y once meses de prisión, menciona que la víctima lleva secuestrada "más de cuarenta años". Siguiendo con este razonamiento, el texto judicial explica que Edgar de Aquino Duarte fue retenido, en un primer momento, en dos de los órganos de represión política del Estado dictatorial en São Paulo: el Departamento de Operaciones de Información (DOI-CODI) y el Departamento de Orden Político Social (DOPS); y actualmente está retenido "en un lugar ignorado".

Estos centros de reclusión estaban dirigidos por Carlos Alberto Brilhante Ustra y Sérgio Paranhos Fleury, con Alcides Singillo y Carlos Alberto Augusto como alumnos aventajados de la maquinaria torturadora. Fleury murió en 1979, Ustra en 2015 y SIngillo en 2019. La defensa de los dos últimos mantuvo la denuncia bloqueada durante años, basándose en la Ley de Amnistía, promulgada por el régimen militar en 1979. La acción penal retomó la marcha tras el fallecimiento de ambos.

Otro argumento de la Fiscalía de São Paulo para fundamentar la denuncia afrontaba directamente esta Ley de Amnistía, la norma con la que los militares prepararon el terreno para su abandono del poder cuando la dictadura empezaba a no sostenerse. "La Ley de Amnistía no ha pasado por el filtro de la Convención Americana de Derechos Humanos", señala el fiscal Andrey Mendonça. El primer filtro es la Constitución, y el segundo es la convencionalidad. "Fue declarada constitucional por el Tribunal Supremo, pero no superó el filtro de la convencionalidad: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la consideró una autoamnistía".

La Fiscalía de São Paulo espera que el Tribunal Supremo, cuando vuelva a analizar el tema, lo haga bajo la perspectiva del derecho internacional, y no desde una perspectiva interna. La Corte Interamericana se lo ha dejado muy claro al Estado brasileño a través de dos sentencias en la pasada década: la Ley de Amnistía no es admisible, según la jurdisprudencia de la CIDH, en lo referido a los crímenes de lesa humanidad.

Veintiún años de una dictadura militar pionera, cruel y metódica

La dictadura militar brasileña, iniciada con el golpe de estado contra el presidente João Goulart el 31 de marzo de 1964, fue el laboratorio de la Doctrina de la Seguridad Nacional en América Latina. La diplomacia de Estados Unidos contribuyó con entusiasmo en la agitación previa al levantamiento. Al mando del régimen, a partir de entonces, se fueron sucediendo los generales Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel y Figueiredo. La crueldad contra los opositores alcanzó su culmen bajo el amparo del Acto Institucional nº 5 (AI5), entre finales de 1968 y 1978.

En paralelo a todo ese proceso, Brasil se había convertido en uno de los centros neurálgicos de la Teología de la Liberación, relacionada por Estados Unidos con la ideología izquierdista, y uno de sus objetivos a combatir dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Aunque sectores de la Iglesia Católica –así lo reconocen en nuestros días–, "apoyaron los movimientos que resultaron en la denominada revolución, con vistas a combatir el comunismo", los hechos demuestran que no se quedaron de brazos cruzados ante "la represión que pronto constató que los métodos usados por los nuevos detentores del poder no respeteban la dignidad de la persona ni sus derechos". Con la Iglesia Católica ubicada en el bando de los opositores, la Doctrina de la Seguridad Nacional, en Brasil, se vio obligada a pisar el acelerador.

El resultado de veintiún años de régimen forma parte de las tinieblas. El general Figueiredo, encargado de echar el cierre a la supremacía de las Fuerzas Armadas, empleó buena parte de su tiempo en destruir pruebas y registros y en buscar salvoconductos para garantizar un futuro tranquilo para los implicados. El caso de Edgar de Aquino Duarte fue uno de los documentados con esfuerzo en la Comisión Nacional de la Verdad (2012-2014), un proyecto valioso, más simbólico que ejecutivo, a través del cual se recopilaron y clasificaron todos los archivos que se pudieron recuperar de una época sangrienta. Lograron certificar por completo cerca de medio millar de muertes o desapariciones, además de casi cinco mil cargos electos revocados. Se estima que veinte mil personas fueron detenidas ilegalmente y torturadas.

Una de las atrocidades documentadas es la de Vladimir Herzog, uno de los veredictos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Herzog, que era director del área de periodismo de TV Cultura, fue detenido ilegalmente, torturado y asesinado en octubre de 1975. Los militares, luego, recrearon la escena del crimen para tomar una fotografía que simulaba un suicidio. Su hijo, Ivo Herzog, es presidente del Instituto Herzog y presidente del consejo del proyecto gubernamental Memorias de la Dictadura. "La Comisión Nacional de la Verdad cumplió con la mayor parte de su papel: desarrollar una investigación y producir documentos sobre los hechos que ocurrieron", asegura para este reportaje. "Faltaron recursos humanos, faltó gente para profundizar más en este trabajo en el tiempo que la comisión tuvo para trabajar, poco más de dos años".

El informe final, completado gracias a la labor de sucursales de la Comisión en cada uno de los estados brasileños, incluía una serie de recomendaciones, haciendo hincapié incluso en la investigación de estos crímenes. "Faltó también el trabajo que venía después de las investigaciones de la comisión: que el Estado siguiera estas recomendaciones". Si no se ha hecho hasta el día de hoy, por supuesto, con Jair Bolsonaro al frente del Ejecutivo es toda una quimera: el presidente impuso la celebración del día del Golpe de Estado y tiene a los torturadores como héroes.

Ni Bolsonaro ni nadie, en cambio, podrá ahora cambiar que cuando el juez Arouck estampó su firma en la página 85 de la sentencia contra Carlos Alberto Augusto quedaba atrás medio siglo de impunidad. Más de cuarenta denuncias de la Fiscalía de São Paulo habían chocado de frente en los últimos tiempos con la inevitable Ley de Amnistía. Ahora ha empezado a cerrarse, en cierto modo, un capítulo aciago de la historia brasileña. Y se reaviva el Caso Herzog, y también el Caso Gomes Lund –el otro que ha pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, y Brasil recupera poco a poco la memoria.