523.699 familias se preguntaban esta semana si sus seres queridos habían muerto en Brasil por un dólar: el valor extra acordado por los altos cargos del ministerio de sanidad en su intento de soborno en la compra de dosis de la vacuna AstraZeneca contra la covid-19. Caldeadas por los escándalos descubiertos y examinados durante las más recientes sesiones de la comisión parlamentaria de investigación de la pandemia, las concentraciones contra Jair Bolsonaro que este sábado han tenido lugar por todo Brasil han sido más concurridas y alborotadas que las dos anteriores convocatorias –29 de mayo y 19 de junio–.

La comisión de investigación de la pandemia ha ido desgastando la imagen del presidente Bolsonaro a medida que avanzaba la recopilación de pruebas que le situaban como instigador de la tesis de inmunidad de rebaño por contagio, como hombre propaganda de ineficaces tratamientos precoces, y como bloqueador de las medidas de contención promovidas por gobernadores y alcaldes. Los grandes tumultos, entre tanto, se desencadenaron primero cuando vio la luz la turbia y superfacturada negociación de compra de la vacuna Covaxin, del laboratorio indio Bharat Biotech, con empresas intermediarias de por medio, con residencia en paraísos fiscales. El caso fue denunciado por el diputado bolsonarista Luis Miranda –hoy exbolsonarista–, que fue alertado por su hermano, funcionario del departamento de importaciones del ministerio de sanidad. Existían unas inusuales presiones por cerrar ese acuerdo –de vacunas más caras que otras en cartera– cuanto antes.

Bolsonaro pasó a ser tratado como presunto implicado en el momento en el que el diputado Luis Miranda declaró que puso en conocimiento del presidente, en una reunión en su residencia oficial, las irregularidades que le trasmitió su hermano. Eso significó un punto de no retorno. Bolsonaro utilizó días después a su ministro de la secretaría general de la presidencia de la República, Onyx Lorenzoni, para iniciar la batida sobre los hermanos Miranda, tras airear públicamente esta denuncia: "Dios lo está viendo, pero usted no se va a tener que entender solo con Dios" –le amenazó el ministro a Luis Miranda–: "Se las va a tener que ver también con nosotros". El diputado se presentó para testificar en la comisión de investigación del Senado Federal protegido por un chaleco antibalas, por si acaso.

De esa denuncia de corrupción surgió, de rebote, la del soborno y extorsión: desde el ministerio de sanidad se había exigido un dólar extra por cada una de las 400 millones de dosis negociadas de la vacuna AstraZeneca, con la empresa estadounidense Davati como intermediaria. Al hacerse pública la trama, igual que en el caso de la vacuna Covaxin, la operación se fue al traste. Bolsonaro, según diversos testimonios, estaba al tanto de todo. El Tribunal Supremo ha autorizado la apertura de una investigación, tras petición de la Fiscalía General, para apurar las responsabilidades del presidente, de momento, en un supuesto caso de prevaricación.

A los males de Bolsonaro se suma el llamado superpedido de impeachment presentado esta semana por partidos de izquierda, centro, derecha y organizaciones de la sociedad civil, reuniendo argumentos legales de otros 122 pedidos ya articulados en los últimos meses. El hombre que tiene en su mano dar visto bueno al pedido de juicio político e iniciar el trámite es Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, que alcanzó ese cargo hace cinco meses con apoyo del clan Bolsonaro. Este intento, por lo tanto, tendrá el mismo destino de los 122 intentos anteriores –el olvido–, la mayoría de ellos ignorados por Rodrigo Maia, predecesor de Lira al frente de la Cámara Baja. Esta vez, por lo menos, el movimiento ha sido estratégico y ha originado relaciones transversales pocas veces vistas en el Congreso Nacional, además de haber ayudado a agitar las calles como nunca en los últimos dos años y medio.

Cada vez más división en el 'bolsonarismo' 

Lo innegable es que algo se ha roto dentro del bolsonarismo. La bandera anticorrupción fue una de las que más alto se izó durante mucho tiempo, de modo que hoy, ante acusaciones tan punzantes en una época en la cual la ciudadanía ha estado indefensa, la división interna es notoria. Muchos saltan del barco. Otros son abandonados a su suerte cuando ya no se les puede exprimir más. El próximo en esta coyuntura puede ser el general Eduardo Pazuello, tercer exministro de sanidad de Bolsonaro. Pazuello es consciente de que le pueden hacer pagar todos los platos rotos: desde la crisis que asoló Manaus hasta las superfacturaciones y sobornos.

Tarde o temprano el abandonado, incluso, puede llegar a ser el propio Bolsonaro. De los partidos del denominado Centrão –bloque de siglas de centro y centroderecha fundamentales para formar la base de cualquier gobierno en Brasil– se suele decir que te acompañan al precipicio, pero a la hora de la verdad no saltan contigo. Hoy siguen sosteniendo al Ejecutivo a cambio de algún ministerio estratégico para ellos, pero en las últimas semanas el Centrão está empezando a oler que Bolsonaro –su porcentaje de apoyadores continua menguando en las encuestas– no tendrá fuerzas de reeditar el éxito electoral de 2018. El bloque, mayoritario en el Congreso Nacional, vive de estar cerca del poder, acaparando todos los cargos claves que puedan: tres reuniones les son suficientes para dejar caer a Bolsonaro y cerrar otra alianza en la dirección opuesta, con Lula da Silva o con cualquier otra alternativa.