Bruselas propone más inversiones y ayudas para ganar la carrera de las industrias verdes a China y EEUU

La Comisión Europea ha adelantado este miércoles los primeros detalles de su plan para acelerar las inversiones y el desarrollo de la industria verde.

En poco más de una semana, los jefes de Estado de los 27 países miembros tienen prevista una reunión extraordinaria en Bruselas para abordar el asunto y debatir una respuesta común a los últimos avances de Estados Unidos y China, que amenazan el futuro de la producción europea.

Entre las propuestas, se contempla flexibilizar todavía más las ayudas públicas para hacer frente al impacto de los subsidios verdes que ofrecen las dos grandes potencias mundiales, que desde Europa consideran "injustas" para su mercado. Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, ha explicado que las medidas surgen como respuesta a la normativa estadounidense, que dota con 369.000 millones de dólares la inversiones en el país, y a su homóloga china, que destina casi 300.000 millones a potenciar las industrias limpias.

Bruselas pretende fortalecer las necesidades de inversión con un Fondo Europeo de Soberanía antes del verano de 2023, como parte de la revisión del marco financiero plurianual, pero del que todavía no ha detallado cifras. La Comisión Europea recuerda que los Estados miembros tienen un total de 250.000 millones de euros para impulsar medidas verdes, como la descarbonización de la industria y la financiación de las cadenas de valor cero emisiones.

El Ejecutivo comunitario plantea la posibilidad de que los fondos se puedan utilizar para financiar desgravaciones fiscales y "otras formas de apoyo" enfocadas a desarrollar tecnologías limpias, como los créditos fiscales, las depreciaciones aceleradas o los subsidios vinculados a la compra o mejora de activos de inversión sostenibles. Von der Leyen insta a los gobiernos europeos a apostar "con firmeza" por  estas propuestas para "dar apoyo inmediato a las empresas" e intensificar su competitividad.

La Comisión pretende suavizar las normas sobre ayudas estatales, que se aplicarán a través del Marco Temporal de Crisis y Transición (MTCT) y ampliarán las disposiciones a tecnologías limpias y almacenamiento. Asimismo, aspiran a eliminar la necesidad de licitaciones abiertas para las compañías menos maduras y a ampliar plazos para completar proyectos. Todo ello se materializará entre el 9 y el 10 de febrero, fecha para la que está fijado el debate en el que todos los países miembros podrán compartir sus aportaciones y trazar una postura colectiva.