Diez días después de que la democracia implosionara en Perú tras el desesperado intento de autogolpe de Pedro Castillo y su fulminante destitución por parte del Congreso, el país andino se halla en una encrucijada. La presidenta Dina Boluarte, a quien los seguidores de Castillo acusan de traidora, ha respondido a las protestas con mano dura y la declaración del estado de emergencia. La represión arroja ya un saldo de una veintena de muertos y cientos de heridos. Mientras la Justicia decretaba un año y medio de prisión provisional para el expresidente de izquierdas, acusado de rebelión, el Congreso rechazaba el adelanto electoral que exigen los manifestantes en las calles de medio país. El clamor del "que se vayan todos" sobrevuela Perú bajo el temor siempre presente de que aquellos que vengan sean todavía más incapaces de resolver la crisis.

Boluarte era la vicepresidenta de Castillo hasta el pasado 7 de diciembre, cuando el maestro rural anunció por televisión la disolución de un Congreso que ese día se aprestaba a votar la tercera moción de censura en su contra. Sin apoyos políticos, Castillo fue destituido por el Parlamento y detenido cuando se dirigía a la embajada de México para solicitar asilo. Boluarte tomó entonces las riendas del país con un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas. Tres días más tarde, formó un gabinete compuesto por tecnócratas y se mostró dispuesta a no agotar la legislatura (prevista hasta 2026) y a adelantar las elecciones a abril de 2024, en un primer momento, y a diciembre de 2023 más tarde. Pero las protestas por la detención de Castillo y la celebración urgente de comicios, lejos de amainar, se agudizaron.

La brutalidad policial, alentada por algunos medios de comunicación (el presentador de un canal de televisión llegó a preguntarle al jefe de la Policía de Lima por qué no les habían metido un balazo en la cabeza a los manifestantes), ha provocado ya una veintena de muertos. Los hospitales de varias ciudades del sur del país, donde las protestas han contado con mayor seguimiento, reciben cada día varios heridos de bala y perdigones. La represión ha provocado ya la dimisión de dos ministros de Boluarte (la titular de Educación y el de Cultura) que tomaron posesión hace apenas una semana.

Si Dina Boluarte, una abogada de 60 años con poca experiencia política, pretendía apaciguar los ánimos con su corregida propuesta de adelanto electoral a un año vista, no lo logró. Su iniciativa, además, recibió un jarro de agua fría el viernes tras el rechazo del Congreso a la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Solo sumó 49 votos de los 87 que precisaba (dos tercios del total). Los votos en contra y las abstenciones llegaron tanto de partidos de extrema derecha como de la izquierda, aunque por razones diferentes. Unos no quieren ni oír hablar de nuevas elecciones hasta 2024 y otros exigen que se celebren en abril de 2023.

Arropada por su gabinete y por mandos militares y policiales, Boluarte ha comparecido públicamente este sábado para condenar a los "violentos", criticar al Congreso por su rechazo al adelanto electoral y anunciar que no dimitirá pese a su debilidad política. La presidenta ha revelado que estuvo al lado de Castillo hasta que este quiso plantear una cuestión de confianza ante el Congreso a finales de noviembre. Con dos rechazos del Parlamento a las cuestiones de confianza planteadas por el Gobierno, el presidente habría tenido la potestad de disolver la cámara y convocar elecciones.

Boluarte: "Con mi renuncia no se resuelve el problema"

"El Perú no está para venganzas políticas. Con mi renuncia no se resuelve el problema. Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones. Exijo que se reconsidere la votación", ha declarado la mandataria, consciente de que ella y todo su gabinete están en manos de un Congreso en el que no cuentan con bancada propia. A los legisladores les ha recordado que, según una reciente encuesta, el 83% de la población desea ese adelanto de los comicios.

El Congreso, en la mira

Con una desaprobación del 86%, el Parlamento unicameral está en la mira de los manifestantes. La mayoría de sus congresistas son reacios a abandonar sus escaños dado que no es posible la reelección de legisladores. Tras las elecciones de 2021, en las que Castillo llegó a la presidencia, el Congreso está dominado por la derecha y la ultraderecha. La izquierda, muy debilitada, aboga por celebrar elecciones cuanto antes y un referéndum para dotarse de una nueva Constitución que reemplace a la actual, rubricada en 1993 por el entonces dictador Alberto Fujimori. Hay voces que piden la dimisión de Boluarte con ese objetivo, como la exministra de Castillo y exlíder de la formación progresista Nuevo Perú Anahí Durand, quien ha reclamado en su cuenta de Twitter esa salida de la mandataria para "facilitar el adelanto electoral".

Pero esa estrategia no estaría exenta de riesgos. Si Boluarte dimitiera, asumiría la presidencia de manera transitoria (hasta la formación de un gobierno surgido de los comicios) el presidente del Congreso, José Williams, en su calidad de tercera autoridad del país. Williams es un militar retirado perteneciente al partido ultraderechista Avanza País y está acusado de violaciones de derechos humanos durante su etapa en las Fuerzas Armadas. El politólogo Fernando Tuesta cree, por su parte, que un adelanto electoral tendría que venir acompañado de reformas políticas. En una entrevista en el diario La República, Tuesta expresa así la complejidad de la situación: "Chocan dos deseos y demandas: por un lado, adelantar lo más que se pueda una elección; pero, por otro lado, hay la exigencia de ampliar la oferta política y reformas, y esto requiere tiempo. O sea, mientras más cercana la elección, menos posible lo segundo y a la inversa".

Sea como fuere, el Gobierno de Boluarte no parece haber asimilado la magnitud de la crisis. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, ha criminalizado la protesta y ha culpado de su exacerbación a la izquierda. Mientras el país se incendia, el premier se abona a la intrascendencia, como si no quisiera ver el fuego al otro lado de las cortinas del Palacio de Gobierno. Se reúne, por ejemplo, con el Grupo de Universitarios Voluntarios de la Iglesia de Dios, que ha ofrecido al gobierno contribuir con "campañas de limpieza de playas, ríos y calles". Y en su agenda caben reuniones con los decanos de los colegios de notarios, arquitectos y marinos mercantes o con la Sociedad Patriótica del Perú.

La situación judicial de Castillo agrava también la crisis. Un juez dictó el jueves prisión provisional de 18 meses para el exmandatario, quien se podría enfrentar a penas de cárcel de hasta diez años. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración por intentar disolver un Congreso que trató por todos los medios de desbancarlo del poder desde que tomó posesión en julio de 2021. Está preso en el penal de Barbadillo, donde se encuentra también Fujimori. El maestro rural ha estado ocupado durante estos días en redactar cartas para defenderse de lo que considera una persecución política: "Sigue el atropello, la humillación y el maltrato […] Les hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país […] Solo el pueblo salva al pueblo".

Castillo ha pedido protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su defensa se manifestaron enseguida cuatro gobiernos de la región. Colombia, México, Argentina y Bolivia suscribieron un comunicado conjunto en el que piden que se respete la voluntad popular surgida de las urnas, un posicionamiento que ha provocado el malestar de Boluarte, para quien se trata de una injerencia en asuntos internos de su país. Su cancillería ha llamado a consultas a sus embajadores en esos cuatro países. Venezuela y Honduras también respaldan a Castillo. Pero la izquierda regional está dividida. El gobernante chileno Gabriel Boric se ha desmarcado de la iniciativa impulsada por el colombiano Gustavo Petro. Y para Luiz Inácio Lula da Silva, que tomará posesión de su tercer mandato presidencial el 1 de enero, la destitución de Castillo se produjo dentro del marco constitucional.

Las manifestaciones de estos días en varias regiones del país, con bloqueos de carreteras y tomas de aeropuertos, son el reflejo de la profunda desconexión entre la ciudadanía y una clase política que vive de espaldas a los problemas más acuciantes de la población. No todos apoyan explícitamente a Castillo (quien obtuvo el 19% de los votos en primera vuelta y algo más del 50% en la segunda) pero sí coinciden en desdeñar al nuevo gobierno y al Congreso. Sin una solución política a sus demandas, Perú parece condenado al fracaso.