El jurado de un juicio abierto en Miami contra el exmilitar argentino Roberto Guillermo Bravo, acusado en su país de participar en la masacre de Trelew hace 50 años, lo halló este viernes responsable de tortura y ejecución extrajudicial.

Además, ordenó pagar 24,25 millones de dólares en daños a las cuatro familias demandantes, que estuvieron representadas por el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA) y la firma Keker, Van Nest & Peters y Markus/Moss PLLC, en colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El jurado del juicio iniciado el lunes pasado en los tribunales de Miami halló al exoficial de la Marina argentina, de 79 años y nacionalidades argentina y estadounidense, responsable de la ejecución extrajudicial de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho, y de la tortura e intento de ejecución extrajudicial de Alberto Campamentos.

En total fueron 16 personas muertas y tres gravemente heridas en los hechos ocurridos en agosto de 1972 en Trelew (sur de Argentina), tras la huida de 25 insurgentes de izquierda de un penal.

Diecinueve fueron capturados de nuevo y ubicados en la base de Trelew, unos 1.500 kilómetros al sur de Buenos Aires. Según las autoridades argentinas, 16 de ellos murieron al ser ametrallados y tres sobrevivieron aunque sufrieron graves heridas, en una matanza que ha sido declarada crimen de lesa humanidad.

"La justicia tarda, pero llega"

"He dedicado gran parte de mi vida a buscar justicia contra todos los responsables de la tortura e intento de asesinato de mi padre. El veredicto de hoy nos acerca a mí, a mi hermano Mariano y a las otras familias de quienes fueron asesinados o torturados en Trelew a la responsabilidad total por la que hemos estado trabajando", subrayó Raquel Camps, querellante e hija de Alberto Camps.

En el transcurso del juicio de cinco días, el jurado escuchó evidencia que mostró que en la madrugada del 22 de agosto de 1972, Bravo y otros oficiales militares despertaron a 19 prisioneros que dormían, los alinearon y abrieron fuego.

Familiares de las víctimas, testigos presenciales y peritos testificaron sobre la persecución que sufrieron los demandantes y sus familias en las décadas posteriores a la masacre, el encubrimiento militar y el impacto en la sociedad argentina.

"La persecución sistémica que siguió a la masacre de Trelew hizo imposible que nuestros clientes responsabilizaran a Bravo durante cinco décadas", dijo Franco Muzzio, abogado de Keker, Van Nest & Peters LLP, que se declaró "orgulloso" de haberles brindado "la justicia que se merecen".

"Esperamos que el veredicto de hoy brinde una medida de justicia a nuestros clientes, así como a los activistas, abogados y muchos otros en Argentina que han luchado durante tanto tiempo y con tanta fuerza", dijo Claret Vargas, abogada sénior de CJA.

Ajay Krishnan, socio de Keker, Van Nest & Peters LLP, subrayó que es "un privilegio representar a nuestros clientes en este capítulo de su larga lucha por la justicia". "El veredicto de hoy muestra que Estados Unidos no es un refugio seguro para los violadores de derechos humanos", dijo Ela Matthews, abogada sénior de CJA.

"EEUU debe facilitar la extradición de Bravo a Argentina y continuar apoyando la búsqueda de responsabilidad penal por parte de Argentina", agregó. En 2012, un tribunal argentino condenó a cadena perpetua a los excapitanes de fragata Emilio del Real y Luis Sosa y al cabo Carlos Marandino, como "coautores responsables del homicidio con alevosía".

Bravo, el único que no ha enfrentado la Justicia argentina, vive en EE.UU. desde 1973 y tiene también nacionalidad estadounidense. En 2008, la Justicia argentina fracasó en un pedido de extradición de Bravo.

El exmilitar se retiró en 1979 y obtuvo un trabajo en una compañía de equipos electrónicos de Estados Unidos, a través de la cual recibió la residencia permanente en el país un año después y en 1987 se convirtió en ciudadano estadounidense.