La interrupción legal del embarazo de una niña de diez años, tras ser agredida sexualmente supuestamente por su tío de 33 años y que está prófugo de la Justicia, en São Mateus, estado de Espírito Santo, ha reavivado la polémica sobre el aborto en Brasil, un país con una restrictiva legislación para esa práctica y que enfrenta a grupos conservadores y de defensa de los derechos de las mujeres.

Desde que la Justicia autorizó el viernes a que se le practicara un aborto legal a la menor y los médicos en la ciudad de Vitoria se negaran por motivos de conciencia, la menor y su familia enfrentaron un viacrucis que, desde el punto de vista clínico, terminó este lunes con el final del procedimiento quirúrgico en Recife.

En la decisión, el juez Antonio Moreira Fernandes, del Tribunal de Justicia del estado de Espírito Santo, determinó la realización "inmediata" del aborto por procedimiento inducido o por cirugía tras haber tenido en cuenta la evaluación psicológica y el deseo de interrumpir la gestación de la propia menor.

El aborto es legal en casos de violación

En Brasil, el aborto solo está permitido en casos de violación, si la gestante corre riesgo de muerte o cuando el feto presenta anencefalia.

Sin embargo, la polémica, se reavivó debido al eco mediático del caso y a las manifestaciones de activistas a favor y en contra del aborto en las afueras del hospital.

Acoso mediático

El caso tuvo repercusión después de que la ministra Damares Alves lo difundiera en las redes sociales y enviara a un equipo de funcionarios a la ciudad del estado de Espírito Santo para investigarlo lamentando la decisión de la Justicia de autorizar el aborto.

Como factor para los que respaldaban el procedimiento, contó el hecho de que la familia de la niña, que es negra y de escasos recursos, tuviera que desplazarse 1.848 kilómetros en avión hasta otra ciudad Recife (estado de Pernambuco) para poder cumplir con la interrupción del embarazo.

La Fiscalía regional de Espírito Santo, de la que Vitoria es su capital, abrió una investigación por la supuesta presión de grupos religiosos, tanto evangélicos como católicos, para intentar persuadir a la familia de la menor para que no se realizara el aborto.

Mujeres menores, indígenas y pobres

El Instituto Anis apuntó en 2019 que el 15% de las mujeres negras y el 24% de las indígenas ya hicieron por lo menos un aborto en su vida, comparado con el 9% de las blancas.

En 2018, de acuerdo con el Anuario de Seguridad Pública, en el país se cometieron 66.000 violaciones sexuales, con un 54% a menores de trece años y 82 % de sexo femenino.

La publicación Cuaderno de Salud Pública de Río de Janeiro, en tanto, recopiló datos entre 2008 y 2015 en el que apunta que en ese periodo se presentaron casi 200.000 hospitalizaciones por aborto, de los cuales 1.600 fueron por práctica legal, y se saldaron con la muerte de 770 mujeres.