La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha condenado este lunes al Estado Colombiano por el "plan de exterminio" del partido izquierdista Unión Patriótica (UP) implementado a través de diversas violaciones a los derechos humanos de unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas a partir de mediados de los años ochenta.

"La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros", ha indicado el Tribunal en su sentencia.

Tal y como detalla el texto, los actos cometidos por el Estado "constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad".

La Unión Patriótica nació como organización política el 28 de mayo de 1985 fruto de un proceso de Paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional, ha explicado en su fallo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP", indica la sentencia.

La CorteIDH, basada en Costa Rica, se ha encargado este lunes de remitir el dictamen a las partes y ha comunicado que ha valorado positivamente un reconocimiento parcial de responsabilidad hecho por el Estado, como una herramienta para el desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas.

El tribunal interamericano establece que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de circulación y residencia, a los derechos del niño y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por las ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y desplazamiento.

Asimismo se vulneró la libertad de expresión, la libertad de asociación y derechos políticos de las víctimas, ya que su actividad política fue obstaculizada por la violencia tanto física como simbólica en contra del partido que era calificado como un "enemigo interno", ha detallado en su escrito la CorteIDH.