"Pensar en la posibilidad de la vacunación obligatoria en la UE es un debate necesario, entendible y apropiado". Estas palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, abren una caja de Pandora latente durante mucho tiempo. Bruselas no tiene competencias para dictaminar una medida de este tipo. Las políticas sanitarias corresponden en su totalidad a los Gobiernos nacionales. Y muchos no han dudado en implementar esta medida para frenar la "pandemia de los no vacunados".

El pionero dentro de la UE ha sido Austria. El país, que ha ampliado recientemente el confinamiento domiciliario, impondrá a partir de febrero multas de hasta 7.200 euros a aquellas personas que se resistan a inyectarse el suero. Grecia también se sube al tren y a partir del 15 de enero, todos los mayores de 60 años que no estén vacunados tendrán que pagar una sanción mensual de 100 euros para compensar el perjuicio al sistema sanitario. En países como Bélgica, el 80% de los ingresos en UCI por coronavirus corresponde a personas no vacunadas.

En un año, la crisis por la falta de dosis en la UE ha dado paso a la crisis de los anti-vacunas. El 66% de la población comunitaria cuenta con la pauta completa. Es decir, un tercio de los europeos, que representan unas 150 millones de personas, no lo están. "Es mucho. Y no todos pueden vacunarse, hay niños muy pequeños o personas con ciertas enfermedades, pero la gran mayoría sí puede", apunta la líder del Ejecutivo comunitario.

Pocos en la capital comunitaria anticipaban un escepticismo de la población hacia las vacunas tan palpable. Las dudas sobre los supuestos efectos sobre la salud de sueros como AstraZeneca dejaron huella en muchos ciudadanos. Pero la UE pensaba que las medidas de incentivo, como la necesidad de presentar el pasaporte Covid para viajar o entrar a restaurantes, serían suficiente para convencer a los más reacios.

No ha sido el caso. Aunque la situación es muy dispar entre los países. Mientras que algunos como España cuentan con el 80% de su población con la pauta completa, la radiografía devuelve una imagen muy distinta en el Este. Bulgaria, por ejemplo, no consigue superar el techo de cristal del 30%. En consecuencia, el sistema sanitario se encuentra bajo mucha presión. Los hospitales están colapsando y el número de fallecidos no cesa de aumentar. Pese a ello, Sofía no se plantea imponer la vacunación obligatoria a los colectivos más expuestos como sanitarios o profesores. Paradójicamente, los países europeos con peores cifras de vacunados son los que más se resisten a tomar medidas contundentes que, en muchos casos, ponen en riesgo el apoyo y la popularidad al Ejecutivo. Varios informes recientes vinculan el fracaso de las campañas de vacunación a la falta de confianza en los Gobiernos nacionales.

Quienes sí han tomado estas medidas en el sector educativo y/o sanitario, cada vez más generalizadas, son Francia, Alemania o Italia. Mientras que en España, es estrictamente voluntaria para todos. Por su parte, Chequia avanza hacia la vacunación obligatoria para mayores de 60 años y grupos de riesgo a partir de marzo.

La gestión pandémica será también el primer gran reto del nuevo gobierno germano, que liderará el socialdemócrata Olaf Scholz. Tanto el futuro canciller como la saliente Angela Merkel ven esta medida con buenos ojos. Todo apunta a que la locomotora germana impondrá, previsiblemente, el imperativo de las inyecciones a partir de febrero. Aunque el Parlamento debe aprobarlo en un escrutinio que se anticipa para finales de este año. Con cifras de contagios históricas en la pandemia, el país opta por aislar a los no vacunados de la vida social. No podrán acceder a bares, restaurantes o museos limitándose su acceso a farmacias y tiendas esenciales.

De la viruela a la poliomielitis: vacunas obligatorias

¿Ataque a las libertades individuales o salud pública? La brecha social sobre la vacunación obligatoria toma fuerza. La medida ha sacado a la calle a miles de europeos que la miran como una violación de sus derechos fundamentales. En el otro lado, muchos ciudadanos consideran esta negativa de los anti-vacunas una postura egoísta que pone en riesgo la salud y vida de miles de personas. Los expertos se decantan de forma generalizada por la obligatoriedad pero piden acompañarla de campañas de información que expliquen bien los beneficios de las vacunas.

Ante las pruebas científicas de que los sueros reducen los efectos más lesivos del virus y bajo la amenaza constante del surgimiento de nuevas variantes como ómicron, cada vez son más los ciudadanos que se muestran a favor de esta imposición. El 46% de los españoles está de acuerdo, según la última encuesta del CIS; en Suiza así lo avala el 53%, mientras que en Bélgica lo apoya el 59% de la ciudadanía. En este escenario, la ONU pide a los Estados "proporcionalidad" y "garantías". Les insta a adaptar de forma correcta el marco jurídico y a asegurar que la justificación de que este paso responde a una necesidad social urgente, como podría ser la explosión de casos en el Viejo Continente.

Jurídicamente, los Gobiernos sí pueden exigir a sus ciudadanos que se vacunen. De hecho, ya en el pasado, muchos países del planeta obligaron a sus habitantes a vacunarse contra la viruela, que en tan solo un año acabó con la vida de 400.000 europeos. En la actualidad, una decena de países europeos exigen que los menores cumplan con el calendario de vacunación contra enfermedades como la hepatitis para asistir al colegio. En Bélgica, la vacuna contra la poliomielitis es obligatoria para todos los ciudadanos desde 1966.