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Crisis en Afganistán Toneladas de opio, metanfetamina y hachís, a disposición del régimen talibán en la gran economía ilícita mundial

Gran incertidumbre en los organismos internacionales por el futuro de la lucha contra el tráfico de drogas en un país que abastece el 84% del mercado ilegal de opiáceos en el mundo y del que los talibanes obtuvieron, según la ONU, un beneficio de 389 millones de euros en 2020.

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El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, durante una entrevista en su oficina en Kabul. AKHTER GULFAM / EFE

La vuelta al poder de los talibanes tras dos décadas de intervención militar extranjera en Afganistán ha causado una gran incertidumbre internacional sobre el futuro de la población bajo un nuevo Emirato Islámico. Y una de las mayores inquietudes gira en torno al tráfico de drogas que ha convertido a ese país de Asia Central, encrucijada de caminos, en el productor de más del 80% del opio ilegal del mundo, en el segundo de hachís y en un pujante fabricante de metanfetamina, o sea, en una de las mayores economías ilícitas del planeta. La ONU, unos meses antes de la retirada de las tropas de EEUU, ya avisó de las graves consecuencias de un negocio que sólo en 2020 reportó unos 389 millones de euros a las arcas talibanas.

Caído el gobierno, fuera ya del país el ejército estadounidense y el resto de tropas extranjeras que durante dos décadas velaron por el supuesto desarrollo de ese Estado, el poder ha quedado de nuevo en manos de los fundamentalistas islámicos que entre 1995 y 2001 impusieron un régimen de terror inquisitorial. Ese territorio, donde también campan en algunas zonas los llamados señores de la guerra y los muyahidines del Estado Islámico, es el lugar de operaciones de una economía ilícita a escala mundial que en 2019 produjo 6.400 toneladas de opio, que es, después de Marruecos, el mayor productor de hachís y que aumenta cada año la fabricación de metanfetamina hasta el punto de haberse convertido ya en el principal mercado de meta de esa parte de Asia, según los últimos informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

España es el principal productor mundial de morfina legal destinada a la industria farmacéutica con algo más de 114 toneladas en un año, pero Afganistán lidera el negocio ilícito del opio para la fabricación de heroína y otros opiáceos que se venden en el mercado negro de todo el orbe. La JIFE señala en su informe de 2020, publicado el pasado mes de marzo, que aunque la superficie dedicada al cultivo de adormidera se redujo en 2019 en Afganistán de 263.000 a 163.000 hectáreas, la producción no disminuyó y mantuvo durante quinto año consecutivo un índice por encima del 84% de la producción mundial de esta sustancia que ha surtido, fundamentalmente, los mercados de Europa, Asia Meridional y Central, Oriente Medio y África, y, en menor medida, los de América del Norte y Oceanía.

La pandemia de la covid-19 también ha influido en este mercado ilícito, ya que, según la UNODC, los meses claves para la cosecha de la adormidera en Afganistán van de marzo a junio, el periodo cuando más azotó el virus en 2020. Por ese motivo, en las provincias occidentales y meridionales del país se observó "una escasez de jornaleros" dedicados a extraer el látex de la planta. "Sin embargo, parece que cada vez más mujeres de hogares dedicados al cultivo de la adormidera y personas que han perdido el empleo por la pandemia participan en las labores de extracción del látex", se añade en el informe. Como ocurre en otros países con extensos cultivos de plantas fiscalizadas internacionalmente al ser consideradas drogas, miles de familias afganas viven de plantar las amapolas de las que luego se extrae el opio.

Principal fuente de financiación de los talibanes

José Miguel Calvillo Cisneros, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, que ha trabajado en Afganistán con la Agencia Española de Cooperación, ha escrito un libro sobre ese país y está a punto de publicar otro, subraya a Público que aunque el opio forme parte del negocio de una red del crimen internacional, también es "una de las principales fuentes de ingresos de miles de familias afganas", que consiguen un valor añadido que resulta imposible con otros cultivos gracias a una planta que se adapta muy bien, además, a las condiciones climatológicas y orográficas del país.

Pero el gran valor añadido se lo quedan, evidentemente, quienes controlan el negocio, vigilan las rutas de transporte y tratan con las organizaciones criminales. Calvillo tiene muy claro que "el opio es una de las principales fuentes de financiación" del movimiento talibán y también del Estado Islámico, con el que ahora está enfrentado en el sureste del país. Y aunque un portavoz talibán aseguró el pasado agosto que su gobierno no va a permitir el tráfico de ninguna droga, este experto cree que se repetirá lo que ocurrió durante el primer Emirato Islámico afgano. "Cuando llegaron al poder en 1996 -explica Calvillo- prohibieron el cultivo de la adormidera para el opio, pero eso sólo fue una estrategia. Dejaron sin abastecer el mercado durante un tiempo y a los tres años lo inundaron de opio, lo que hizo bajar los precios y que ellos pudieran controlar el mercado".

Los precios del opio, según la JIFE, bajaron un 37% en 2018 y un 24% en 2019, también los de la heroína de gran calidad, hasta un 27%, pero eso no ha sido un obstáculo para que los talibanes hayan seguido ganando dinero a su costa. La presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU aseguraba el pasado mes de mayo en un escrito que a pesar de la falta de información reciente, los Estados miembros estaban reportando que el cultivo de opio seguía representando la fuente de ingresos más significativa para los talibanes, "con una estimación aproximada de 460 millones de dólares", unos 389 millones de euros, en 2020.

Pero en Afganistán no es sólo opio lo que reluce. Allí se producen otras drogas que mueven mucho dinero también en el mercado ilícito mundial, como la metanfetamina, de la que ese país se ha convertido en una "fuente importante de abastecimiento en la región", advierte la UNODC. Tan es así que la proporción de meta de origen afgano incautada en la vecina Irán pasó de representar el 10% de las intervenciones en 2015 a más del 90% en 2019. "Esto ha ocurrido -subraya la Oficina de Naciones Unidas- pese a la alta destrucción mediante ataques aéreos de decenas de laboratorios de metanfetamina en las zonas controladas por los talibanes realizados en un solo día en 2019. La expansión de la fabricación de metanfetamina añade complejidad a la economía de las drogas ilícitas en Afganistán y agrava la amenaza que esto supone para los países de la región y de fuera de ella".

En su balance de 2020, la JIFE se lamenta de que mientras la meta incautada se triplicó entre 2011 y 2019, la intervención de precursores usados para su elaboración se redujo un 99%. Y eso se debe, entre otras razones –precisa-, a que los grupos delictivos que actúan en Afganistán utilizan una planta, la Ephedra, que no está sujeta a la fiscalización internacional, para producir el precursor efedrina.

Y hay otras drogas más cuya producción y tráfico preocupa a la Junta Internacional de Fiscalización: el captagon, una sustancia psicoestimulante hecha con fenetilina, cuyo consumo se ha extendido en los países de Oriente Medio y que supuestamente toman los soldados del DAESH antes de entrar en batalla; y otras drogas sintéticas psicoactivas que el gobierno de Tayikistán ha reportado como procedentes del país afgano.

Sin lucha contra el narcotráfico no habrá paz, según la ONU

Todo este panorama no ha hecho más que aumentar la preocupación en Naciones Unidas y en organismos como la JIFE, Junta cuasi judicial encargada de velar en el mundo por el cumplimiento de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. En su informe del año 2020, la UNODC ya advertía de que era necesario fortalecer la cooperación internacional "más que nunca, en vista de que las tropas internacionales saldrán pronto del país". Y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito añadía al respecto: "La prioridad reside ahora en definir objetivos, apoyar a las operaciones regionales contra los estupefacientes y proponer planes de acción regionales a fin de establecer medidas de respuesta al tráfico de drogas procedentes de Afganistán (…), problema que tiene raíces y ramificaciones regionales y mundiales".

A juicio de la JIFE, la fiscalización de drogas debe ocupar un lugar prioritario en el programa de desarrollo de ese país. Este organismo internacional considera que si el gobierno de Afganistán no enfrenta "de manera sistemática y exhaustiva", con el apoyo de la comunidad internacional, el cultivo, la producción y el tráfico ilícito de drogas, "es poco probable que los esfuerzos de desarrollo más amplios centrados en la promoción del desarrollo sostenible, la prosperidad y la paz en Afganistán sean eficaces". Y esto lo advertía tan sólo unos meses antes de la vuelta al poder de los talibanes.

El profesor de la Universidad Complutense y experto en Afganistán José Miguel Calvillo no es nada optimista sobre lo que puedan hacer los talibanes una vez de nuevo en el poder. "No se puede descartar ninguna posibilidad -dice-, pero a mí me parece muy difícil que vayan a renunciar a una de sus principales fuentes de ingresos. Están vendiendo ahora una imagen de moderación, de legalidad, pero eso forma parte de una política cosmética para conseguir un reconocimiento internacional para que los fondos de ayuda internacional sigan llegando al país".

La ayuda internacional es clave para el sostenimiento de este país asiático que ocupa actualmente el puesto 169 en el índice de desarrollo humano, es decir, que se encuentra entre los 20 países del mundo con la menor tasa de desarrollo, el único de Asia en una lista de cola copada por los Estados africanos, además de Haití, del continente americano. Y eso ha supuesto un pequeño avance, porque hace 20 años ocupaba puestos aún más bajos, cuando la esperanza de vida de un afgano no llegaba a los 46 años, la tasa de mortalidad infantil superaba los 165 fallecimientos por cada mil niños nacidos y la situación de las mujeres era infame. Según Calvillo, entre el 70 y el 80% del presupuesto del país procede de la ayuda internacional, de modo que si ésta deja de llegar el opio se convertirá ya en una de las principales fuentes de ingresos para el país.

Ante el anuncio de varios países de suspender sus ayudas a Afganistán tras la vuelta al poder del régimen talibán, Naciones Unidas ha convocado una conferencia internacional para este 13 de septiembre. Su secretario general, Antonio Guterres, advirtió la semana pasada a través de Twitter, de que la población afgana necesita ahora más que nunca el apoyo de la comunidad internacional para paliar su grave situación.

"La situación desde el punto de vista de la seguridad, de los derechos humanos, es insostenible. Los talibanes han recuperado el poder y van a volver a reimplantar un sistema basado en el totalitarismo, en el terror contra la población civil", pronostica el profesor Calvillo.

La llamada de emergencia del anterior gobierno

Pero la comunidad internacional también estaba avisada de lo que podía pasar. El último informe de la JIFE refiere que una delegación del anterior gobierno afgano asistió al 127 periodo de sesiones de la Junta celebrado en su sede de Viena en febrero de 2020, donde "exhortó a la comunidad internacional a prestarle apoyo técnico y financiero, de manera urgente y sostenida" para lograr una serie de objetivos esenciales: avanzar en programas de medios de subsistencia alternativos a la adormidera facilitando infraestructuras agrícolas y oportunidades de mercado con otros productos; hacer frente a los vínculos entre terrorismo, insurgencia, corrupción y tráfico de drogas; y facilitar la cooperación internacional en la lucha contra sus organizaciones.

La JIFE emitió entonces un comunicado en el que recalcó que los "esfuerzos de estabilización del país no serían sostenibles a menos que se enfrentara de manera efectiva su problema de la economía de las drogas ilícitas" y posteriormente, en marzo de ese año, el Consejo de Seguridad de la ONU recordó "la urgente necesidad de que todas las partes afganas contrarrestaran el problema mundial de las drogas con el objetivo de combatir el tráfico de opiáceos procedentes de Afganistán".

Pero la guerra continuó con sus miles de víctimas (más de 10.000 civiles por año entre 2014 y 2019) y ya había entrado en vigor el acuerdo que el gobierno de EEUU presidido por Donald Trump firmó con los talibanes para reducir progresivamente la presencia militar extranjera hasta su desaparición total, que llegó el pasado mes de agosto.

El periodista italiano Roberto Saviano, conocido mundialmente a raíz del libro Gomorra que destapó las actividades ilícitas de la Camorra napolitana, publicó hace un mes un artículo en el Corriere della Sera en el que vinculó la toma del poder de los talibanes con el tráfico de droga "La de Afganistán es una guerra del opio. No ha ganado el islamismo, como muchos dicen, ha ganado la heroína. Y más del 90% de la heroína mundial se produce en Afganistán.

Esto significa que los talibanes, junto con los narcos sudamericanos, son los narcotraficantes más poderosos del mundo. En otras palabras, en esta guerra, ganaron los mejores traficantes". "Las drogas que producen financian la guerra y se venden en Estados Unidos y al mundo y a las mafias italianas. El error es llamarlos milicianos islamistas: los talibanes son narcotraficantes", añadía Saviano en su artículo.

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