La Fiscalía de El Salvador emitió una orden de captura administrativa contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) por su supuesta participación en la malversación de 351 millones de dólares atribuidos a su antecesor Mauricio Funes (2009-2014), cuando Cerén era el vicepresidente del país, informó el fiscal general, Rodolfo Delgado.

El fiscal añadió que "posteriormente solicitaremos la difusión roja para que se activen todos los mecanismos de rastreo y búsqueda de la Interpol". De acuerdo con Delgado, Sánchez Cerén habría recibido pagos irregulares de fondos estatales por 530.000 dólares fuera de su salario establecido. El expresidente Sánchez Cerén se convierte así en el cuarto presidente de la etapa democrática salvadoreña en ser requerido por la Fiscalía por cargos de corrupción.

El Ministerio Público también ha ordenado la detención de José Guillermo López Juárez, expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA) y de los exministros de Obras Públicas y Medio Ambiente, Gerson Martínez y Lina Pohl, respectivamente. Todos son exfuncionarios del Gobierno de Funes y quienes, según la Fiscalía, se encuentra fuera del país.

De acuerdo con el fiscal general, estas personas junto a cinco exfuncionarios capturados la tarde de este jueves "desfalcaron" junto a Funes más de 351 millones de dólares. "La Fiscalía ha realizado la conclusión de una investigación contra de varios exfuncionarios de la administración del expresidente Mauricio Funes, todas estas personas contribuyeron al desfalco de 351 millones al Estado", dijo Delgado en una conferencia de prensa y la presentación pública de los detenidos.

Según la investigación de la Fiscalía, los exfuncionarios recibieron cantidades de dinero que rondan entre los 200.000 dólares y 500.000 dólares "a parte de su salario". Los exfuncionarios que fueron presentados a la prensa son los exministros de Hacienda y Salud Carlos Cáceres y Violeta Menjívar, respectivamente.

Además, se detuvo a los exviceministros Hugo Flores y Erlinda Handal, y el exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Calixto Mejía (2014-2017). Todas las personas son acusadas de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El fiscal general señaló que la investigación, denominada Saqueo Público, se realizó entre 2009 y 2014 y se derivó de la investigación contra Funes por el millonario desfalco. De acuerdo con Delgado, la Asamblea Legislativa aprobó al Ejecutivo de Funes 80,8 millones de dólares en fondos para gastos reservados o secretos en sus cinco años de gobierno, pero "al final fueron 351 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda transfirió sin la aprobación de la Asamblea".

La FMLN afirma que las detenciones son para "callar bocas"

El secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Óscar Ortiz, acusó este jueves al Gobierno salvadoreño de intentar "callar las voces críticas" con la detención de varios exfuncionarios de su partido. 

"Todo lo que estamos viendo ahora tiene en el fondo el propósito de callar las voces críticas, amenazar todo tipo de oposición, chantajear la diferencia y sobre todo, lo que nunca pensamos que volvería a El Salvador, la persecución política", dijo Ortiz en una conferencia de prensa.Añadió: "Lo que en nuestro país ha comenzado a consolidarse es una violación sistemática a los derechos civiles, políticos y humanos de nuestras familias y nuestras comunidades".

A juicio de Ortiz, vicepresidente durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), "esta operación está dirigida a confundir, manipular y sobre todo a ocultar la corrupción masiva de los últimos años". "Los corruptos quieren convertirse en los que puedan dictar las reglas de la transparencia", dijo y agregó que en el país "se está consumando es una dictadura" con el Ejecutivo de Nayib Bukele.

La Fiscalia respondió afirmando que "No se trata de persecución política, esto es la persecución de ladrones que se escudan en sus discursos políticos, en los cargos que ejercieron en algún momento, su pasado histórico y en la supuesta reenvindicación de los derechos de los salvadoreños y no dudaron en traicionar al Estado de El Salvador", añadió el fiscal.

El nombramiento del fiscal, también ha sido cuestionado.

El nombramiento del fiscal Delgado, otrora abogado del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, y exasesor del Gobierno actual, es cuestionado por diversos sectores por supuestamente no seguir el debido proceso.

La Asamblea Legislativa de amplía mayoría oficialista que asumió el 1 de mayo pasado destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al entonces fiscal general Raúl Melara, decisión cuestionada por la comunidad internacional.

Los cinco exfuncionarios capturados hoy se encuentran en las celdas de la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC), en San Salvador.