Los casos de abusos a menores por parte de congregaciones religiosas comienzan a extenderse como la peste por Europa central. Esta vez es en Austria, donde se han destapado abusos a menores discapacitados en un asilo gestionado por monjas católicas.

El Centro Social San José, situado en la localidad tirolesa de Mils, era el lugar donde las monjas de la Orden de las Hermanas de la Caridad abusaron supuestamente de los menores. Así lo denuncia una testigo que comenzó a trabajar allí en el año 1980 y que ha relatado a la televisión austriaca ORF lo impresionada que se quedó al observar los brutales métodos educativos que las religiosas empleaban con los niños.

"Había duchas frías, camisas de fuerza, insultos, patadas y los internos eran encerrados en el cuarto de baño durante horas. Cuando un niño vomitaba, tenía que comer lo vomitado", asegura la testigo, quien ha querido mantener el anonimato.

Les insultaban, les encerraban y les pegaban, e incluso les obligaban a comerse sus vómitos

Tras observar los abusos, la mujer decidió anotar en un diario los malos tratos de cada monja para, cinco meses después, llevar sus apuntes a la Oficina de Protección de Menores y a otras autoridades del Tirol. No consiguió nada. Las autoridades hicieron oídos sordos a sus denuncias.

"Pensaba que iban a estar satisfechos por obtener esta información, pero lo único que recibí fue un golpecito en el hombro de un señor que me dijo que el asunto era demasiado delicado", rememora la mujer. En lugar de hacerle caso, el hombre le aconsejó quemar sus anotaciones y dejar de escribir el diario.

Sin desistir en su empeño de denunciar los hechos, se unió a otra mujer para tratar de sacar a la luz lo que pudo observar llevándolo a los medios, sin lograrlo. "Nos sentimos tratadas como mentirosas e incluso nos insinuaron que habríamos obtenido dinero. Luego me dijeron que nunca más iba a tener un puesto de la administración regional y que a nivel eclesiástico, no tendría posibilidad de ninguna formación".

La mujer denuncia que muchas de las monjas todavía siguen trabajando en el centro encargadas del cuidado de los menores. La diócesis de Innsbruck mira para otro lado y asegura que no es competente, al tratarse de una institución controlada por una orden religiosa. El mismo gesto hace la Oficina de Protección del Menor, que se limita a señalar que la autoridad competente es el edil social Gerhard Reheis.

Reheis se ha comprometido a investigar los casos. "En cuanto tengamos los documentos concretos, tomaremos contacto con el asilo. Esta vez puede estar segura de que la tomaremos en serio", sentencia.