Cinco meses de guerra en Ucrania dejan seis paquetes (y medio) de sanciones europeas contra Rusia. La Comisión Europea ha anunciado una nueva ristra de medidas restrictivas que ponen en la diana al oro procedente de Moscú. Bruselas evita hablar de "séptimo" paquete. Son medidas de "mantenimiento, limpieza, corrección de errores y rellenar huecos", afirman fuentes diplomáticas. Con el último anuncio se busca armonizar la duración de todas ellas: estarán en vigor al menos hasta enero de 2023.

La joya de la corona de este nuevo paquete es el boicot al oro ruso, que el año pasado supuso más de 15.000 millones de euros para la economía del país. El diamante dorado es uno de las industrias más importantes y estratégicas de Rusia. Solo por detrás del músculo energético. Rusia es uno de los países con más minas de oro del mundo.

El preciado material cuenta, además, con el valor añadido de ser un activo seguro y estable en momentos de inflación y dificultades económicas, como el actual. "No es un movimiento meramente simbólico. Rusia es un gran exportador de oro. Y esta medida es un paso más contra la financiación de Putin para su guerra", resume una alta fuente europea.

En la capital comunitaria, se presuponía que el séptimo paquete de sanciones serviría para sortear el que se ha convertido en el caballo de Troya de esta guerra: el gas. La UE superó sus propios tabúes energéticos restringiendo las importaciones de carbón y al petróleo rusas. Pocas cosas se libran de la maquinaria sancionadora de la UE: pañales, alfombras, instrumentos musicales, diamantes, el sistema financiero o más de 1.200 personas relacionadas con la agresión a Ucrania engrosan la lista de medidas aprobadas desde el 24 de febrero, día que marca el inicio de la invasión rusa a su vecino.

Pero dejar de comprar gas de forma brusca a su principal suministrador es otra cosa. Aunque países como España son muy poco dependientes de este hidrocarburo ruso, las capitales del centro y este europeo importan de Moscú hasta el 90% de todo el gas que consumen.

No obstante, no hay consenso entre los Veintisiete para dar este salto altura. Fuentes diplomáticas aseguran que el "tema no está muerto" sino que "está coleando". Sin embargo, no se percibe demasiado apetito para ello en los pasillos de Bruselas, que sufrieron mucho para sacar adelante el paquete predecesor, retenido por el veto de Hungría durante un mes.

En paralelo, Rusia ha tomado la delantera en la batalla del gas. La reducción del suministro de gas que llega a suelo comunitario está poniendo en grandes aprietos a doce Estados miembros. Esta misma semana, el gigante estatal Gazprom ha advertido de que no podrá garantizar el flujo que llega a través del Nord Stream I, que tiene a Alemania como principal receptor. En este escenario, la Comisión Europea se prepara para lo peor: cree que en los próximos meses, Putin cerrará por completo el grifo del gas a Europa anticipando un otoño e invierno largos, duros y fríos.

Para hacer frente a esta coyuntura tan temida, los de Von der Leyen presentarán el próximo miércoles un plan de emergencia energética. Bajo el nombre Ahorra gas para un invierno seguro, las medidas de contingencia prevén obligar a empresas y al sector público a que reduzcan su consumo de calefacción y aire acondicionado. El objetivo es evitar el caso más dramático: el racionamiento energético en los hogares.

Sanciones en tiempos de inflación récord

La guerra en Ucrania está teniendo un impacto brutal en el bolsillo de los consumidores europeos. En Bruselas siempre han advertido de que las sanciones no serían a precio cero, pero ya crece el debate sobre si el impacto real se midió y, sobre todo, se comunicó y explicó a los ciudadanos. La inflación está en máximos históricos en la mayoría de países de la Eurozona. Y por delante se esperan meses muy duros. Los términos de "racionamiento" y "recesión" suenan cada vez con más fuerza en el territorio de las doce estrellas.

A todo ello se une el hastío de una población que no se ha recuperado del impacto socioeconómico de la mayor pandemia del último siglo. En este contexto, se está avivando el debate de qué precio están dispuestos a pagar los ciudadanos europeos en este apoyo a Ucrania y en este órdago a Rusia. Unos recelos que comienzan a agudizar con fuerza en países menos próximos histórica y geográficamente a Kiev.

La otra artera del dilema sancionador viene de la mano de cuál es el impacto real en la economía rusa, que está aguantando el temporal punitivo y el aislamiento internacional con más fuerza de lo planeado. El objetivo de los europeos desde el inicio de la invasión fue estrangular la economía del país y empujarlo al estatus de paria. Pero Moscú está sorteando el enviste. Al menos en el corto plazo. Aunque los analistas coinciden en que las consecuencias reales se profundizarán en el medio plazo cuando el país acuse la escasez de productos básicos como piezas para la construcción de aviones.

Por su parte, en Bruselas defienden que las consecuencias están siendo ya "dramáticas" debido en parte a la estampida de grandes firmas. Más de 1.000 han dejado el país, entre ellas Nike, KFC o Mango. "Lo importante no son solo las sanciones en sí. Las compañías se están marchando ante el aumento de los riesgos y la disminución de los beneficios Putin está destrozando a su país y a sus ciudadanos", afirman fuentes europeas. La producción de coches o maquinaria en el país ha caído un 90%. "Esta caída dramática sugiere dos cosas: que Rusia sufre una disrupción muy importante y un alejamiento de la red internacional", aseguran las mismas fuentes.