La guerra en Ucrania y la creciente inflación resucitan el debate sobre la intervención del mercado eléctrico

El conflicto provocado a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania anticipa una serie de consecuencias económicas que se centran, principalmente, en el sector energético. La guerra ha llegado en un momento en el que la inflación ya era creciente y la subida de los precios afectaba sobremanera a suministros como la luz. 

En este sentido, en el Gobierno de coalición ya cuentan con que esta situación podría desbaratar parte de las previsiones que se habían realizado sobre la recuperación económica tras los peores momentos de la pandemia del coronavirus.

Antes del estallido del conflicto en Ucrania, la subida histórica del precio de la factura de la luz ya era una preocupación, y en el Ejecutivo se habían producido debates en este sentido. De hecho, una parte del denominado escudo social se basaba en la contención del gasto energético de las familias.

En este contexto, desde Unidas Podemos se había propuesto una intervención del mercado eléctrico, un mercado marginalista que fija el precio más caro de todos los que se establecen.

El grupo confederal llevó la pasada semana al Congreso una iniciativa que proponía la creación de una empresa pública de energía que permitiera la contención del precio de la electricidad, una iniciativa que recibió el voto en contra del PSOE.

Aunque la empresa pública de energía no forma parte del acuerdo de coalición entre ambos partidos, Unidas Podemos ha defendido que se trata de una medida urgente en un contexto de inflación que tiene pocos precedentes en la historia reciente.

Tras el estallido de la guerra en Ucrania, el espacio confederal ha elevado la presión sobre su socio al considerar esta medida como imprescindible para contener el precio de la factura de la luz.

Impuesto a las eléctricas

Pero la propuesta de UP no se queda en la recuperación de una empresa pública, sino que piden una reforma integral del mercado eléctrico que incluya, por ejemplo, medidas fiscales. En este sentido, el espacio confederal maneja una propuesta fiscal que contempla un impuesto a las grandes eléctricas.

Este tributo se basa en varias medidas que, entre otras reformas, proponen la revisión de los impuestos ambientales existentes en todas las administraciones para avanzar en su armonización.

También se propone un traslado a la fiscalidad "ordinaria" de la bajada de la factura de la luz a los consumidores a través del aumento impositivo a las eléctricas (una medida que actualmente se ha desplegado de forma temporal para hacer frente a los picos de luz que se vienen dando en los últimos meses).

En concreto, la medida de Unidas Podemos propone "establecer un incremento de 10 puntos porcentuales en el tipo impositivo de las empresas eléctricas en el Impuesto de Sociedades (periodo de cinco años, prorrogable por otros de duración similar). Esta recaudación se destinaría específicamente a compensar los cargos de los consumidores del sistema eléctrico para abaratar la factura de la luz".

En las próximas semanas se verá cuál es el alcance de este debate en el seno del Gobierno, y si en Podemos elevan más la presión sobre los socialistas para reformar el mercado eléctrico.