¿Quiénes se benefician de la colonización de Cisjordania y del genocidio de los palestinos? Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados, les ha puesto cara en el adelanto de su último informe, De la economía de la ocupación a la economía del genocidio. Desde empresas tecnológicas a universidades, fondos de pensiones, constructoras y hasta organizaciones benéficas, todas tienen una función en el engranaje colonial. Ahora, también en el genocidio en curso.

Compañías como Elbit Systems o HP, según el informe, desarrollan el software y el hardware para sistemas sistemas de vigilancia y coerción, como drones inteligentes, programas de reconocimiento facial, alambradas y otro tipo de infraestructuras "de defensa". Gracias a ellas limitan el movimiento y reprimen a la población palestina. Algunos palestinos han acusado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de utilizar dicha tecnología de vigilancia para la sustracción de información privada de los palestinos. Por ejemplo, su orientación sexual. Así quedó retratado en el corto de la cineasta palestina Dima Hamdan, Blood Like Water.

Desde el 7 de octubre, alguna de estas empresas han hecho posible que la operación militar en la Franja de Gaza sea extremadamente eficiente. Por ejemplo, según el informe de la relatora especial de la ONU, Elbit System ha cooperado "estrechamente" con las operaciones militares israelíes, incorporando "personal clave" en el Ministerio de Defensa. Estas empresas se han visto así beneficiadas del enorme crecimiento de la inversión en Israel, de un 65% desde los ataques de Hamás. De hecho, los beneficios de Elbit se han incrementado hasta llegar a los 95 millones de euros en el primer trimestre de 2025. Esto supone un 45% más que en el mismo periodo de 2024.  

También está en el punto de mira de la relatora la empresa Palantir Technologies Inc, que ha incrementado su colaboración con las FDI tras los ataques de Hamás y de la que "existen motivos razonables" para creer que ha puesto al servicio de los militares su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), que permite recopilar datos del campo de batalla en tiempo real para la toma de decisiones automatizadas.

Una vez se ha arrinconado o eliminado a los palestinos en su propio territorio, empresas como la constructora Caterpillar Inc. o la maquinaria pesada de Volvo Group han colaborado mediante el derribo de viviendas palestinas o desbroce de sus tierras agrícolas erradicando los restos de su presencia en la palestina histórica. Hoy, estas empresas también han ayudado a la destrucción de la ciudad de Rafah o del campo de refugiados de Jabalia, repetidamente bombardeado por las FDI. Según el informe, estas empresas han tratado, de forma infructuosa, de ocultar los logotipos de sus vehículos.

Normalizar la ocupación

El último paso del avance colonial es la normalización y legitimación de la presencia israelí en las tierras que varias resoluciones de la ONU catalogado como palestinas. Para ello, son fundamentales empresas como Aribnb, en donde se promocionan viviendas vacacionales de asentamientos ilegales, o la vasca CAF, mencionada en el informe de la relatora debido a su vinculación con proyectos ferroviarios que conectan Tel Aviv con otros territorios ocupados ilegalmente.

Por su parte, las instituciones académicas israelíes, dan el sustento ideológico necesario para legitimar la ocupación de Palestina, a través de narrativas que ignoran la presencia de los pueblos originarios en ellos. Pese a ello, Israel las universidades y grupos de investigación israelíes cuentan con el respaldo inequívoco de la UE. Tal y como reveló este periódico, entre 2007 y 2023, estas instituciones han recabado 1.450 millones de euros para el desarrollo de 936 proyectos científicos. Esta cifra convierte a Israel en el país de fuera de la UE que más inversiones recibe por parte de los veintisiete.

La diversidad de sectores implicados en la tarea de desplazamiento de los palestinos, su reemplazo por población israelí, así como en la legitimación y normalización de la ocupación, demuestra, según se desprende del informe, que la colonización y el genocidio sólo son posibles gracias a la colaboración público-privada de toda una sociedad. De esta forma, el Estado de Israel es el ideólogo, mientras que su sector privado, en colaboración con el de EEUU y la UE, entre otros, es el brazo ejecutor.

Cortar el grifo a quienes sustentan el genocidio

El informe subraya que "las actividades comerciales que permiten y se benefician de la aniquilación de vidas inocentes deben cesar". Además, la relatora de la ONU advierte en sus conclusiones que allí "donde las entidades corporativas continúan sus actividades y relaciones con Israel –con su economía, su ejército y sus sectores público y privado conectados con el territorio palestino ocupado– pueden ser halladas culpables de haber contribuido, a sabiendas, a (...) crímenes de apartheid y genocidio". Ya en enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) había instado a Israel a que hiciera todo lo posible por evitar que se llevara a cabo un genocidio en Palestina.

También es algo que llevan años señalando movimientos como el BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel), plataformas como Who Profits o la organización catalana, Instituto Novact de Noviolencia (NOVACT), entre otras muchas. Esta última señaló hace sólo unos meses, cómo varias empresas y fondos del sector inmobiliario israelí que se lucran del apartheid de los palestinos, colaboran con la gentrificación de barrios de Cataluya. Público comprobó cómo los tentáculos de estas compañías también habían llegado a la Costa del Sol. 

Algo novedoso del informe es el hecho de que una figura pública con la legitimidad de la que goza Francesca Albanese, reconocida por las Naciones Unidas y reelegida en el cargo gracias al consenso de la gran mayoría de los países que integran el foro internacional -a excepción de Israel-, ponga el foco allí donde la mayoría de los Estados no se atreven: el sector privado. Según explicó en una entrevista reciente a Público, con este informe la relatora busca "encontrar el rastro de muchos otros actores" que "han participado" en el genocidio.

"La responsabilidad es nuestra", declaró. "No hemos sido capaces de detener el genocidio, así que ahora debemos exigir rendición de cuentas". El informe es el primer paso para ello. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OCHA) ya realizó algunos avances en este sentido en 2020, cuando publicó un listado de las 112 empresas que explotaban los recursos naturales de las tierras palestinas. La publicación de dicho listado no ha impedido que muchas de estas empresas sigan siendo contratadas por las administraciones públicas de países suscritos a la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Detener las inversiones en estas empresas es una cuestión de voluntad política. Ello quedó claro después de que, en 2013, la Comisión Europea aprobara una directiva para impedir que entidades establecidas en territorios ocupados optaran a subvenciones, premios o instrumentos financieros.

Por el momento sólo se conoce el nombre de algunas de las empresas analizadas en el informe de la relatora de la ONU, así como algunas de sus conclusiones generales, gracias al avance publicado este 1 de julio. Francesca Albanese presentará el documento completo en Naciones Unidas el próximo jueves 3 de julio.