Brasil suele solemnizar algunas fechas significativas con operaciones jurídico-policiales de relumbrón, y lo hizo el pasado 28 de enero con motivo del Día Nacional de la Lucha contra el Trabajo Esclavo. Lo llamaron "Operación Rescate", y en tan solo 24 horas fueron liberados por todo el país 110 trabajadores. La acción conjunta estuvo compuesta por la Policía Federal, el Ministerio Público de Trabajo, la Subsecretaría de Inspección de Trabajo, el Ministerio Público Federal y la Defensoría Pública de la Unión.

Participaron en ella cerca de 300 policías, 100 auditores de trabajo y 30 fiscales. Aparecieron, entre otros, 24 trabajadores esclavizados en una plantación de naranjas en el estado de Goiás, cinco en un parque de atracciones de Pernambuco, once en una explotación minera en Paraíba, no se salvaron ni indígenas, ni adolescentes ni personas con discapacidad.

No hace falta inspeccionar las grandes fincas del interior de los estados brasileños para toparse con semejante degradación, en las grandes capitales también hay casos, en el vecindario menos pensado. El Grupo Especial de Fiscalización Móvil (GEFM) de la Subsecretaría de Inspección de Trabajo de Río de Janeiro interceptó el 25 de enero a una mujer de 63 años, en estado deplorable, mientras regresaba de vender chatarra.

Tras oferecerle ayuda conocieron de primera mano los detalles de una vida esclava: la mujer llevaba trabajando en una casa del barrio de Abolição, en la zona norte de la ciudad, como empleada doméstica interna durante 41 años, sin vacaciones, de sol a sol, durmiendo en un cuarto sin luz. El GEFM está acostumbrado a presenciar humillaciones de este estilo: desde su creación, hace 26 años, han liberado a más de 54.000 trabajadores de todo Brasil.

En Paraguay, el origen de esta opresión se sitúa en la infancia y se conoce como criadazgo. Familias pobres entregan a sus hijos a familias de mejor situación social, por pura supervivencia, para que puedan salir adelante. Lo cierto es que, en esas familias acomodadas, niñas, niños y adolescentes entran en la rueda de la servidumbre y la sumisión.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, red que agrupa a más de una treintena de organizaciones sociales y no gubernamentales, lo define en su informe de 2020 como "una forma de esclavitud moderna, que según el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo y el Decreto nº 486/2005, está incluido dentro de las peores formas de trabajo infantil". En 2020, la Dirección General de Estadísticas y Censos de Paraguay elevaba la cifra de casos de criadazgo hasta las 47.000 personas.

La esclavitud, en Suramérica, es algo más que un vestigio de la colonización. Es toda una realidad, una cuenta pendiente, tan vigente como la tortura, el abandono carcelario, las amenazas a la Amazonia  o los ataques contra los pueblos originarios. "Algunos órganos están trabajando mucho, como el Ministerio Público del Trabajo [rama de la Fiscalía General], con varios frentes internos", explica para este diario el Secretario de la Comisión Nacional de Derechos Sociales de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Wander Medeiros, desde su punto de vista personal respecto a su país.

"Lo que se podría mejorar es la actuación del Gobierno Federal", remarca, "que desmanteló el Ministerio del Trabajo, y está desmontando los órganos auxiliares de la actual Secretaria Especial de Previdencia y Trabajo [que fue a parar dentro del Ministerio de Economía]".

Tantos ataques a los derechos laborales, tanta precarización hace que aunque "en líneas generales se puede decir que estamos mejorando, porque se está combatiendo", la realidad es que "desde 2016 y 2017 todo el escenario laboral está degenerando, no estamos mejor que hace una década", afirma Medeiros. Según los fiscales de la Operación Rescate, en Brasil, la esclavitud moderna se va diversificando: los sectores preferenciales siguen siendo el agronegocio y la producción textil, sin embargo, cada vez aparecen nuevas actividades económicas involucradas.

Los escándalos en la producción textil los conocen bien también en Argentina. Allí la fundación La Alameda ha denunciado ya durante los últimos años a 112 marcas de ropa, entre las que destacan Zara, Puma, Le Coq Sportif, Fila y Adidas. En Venezuela y Bolivia, por su parte, son las comarcas mineras las que están en el ojo del huracán en cuestiones de trabajo esclavo. La riqueza mineralógica significa barra libre para la miseria humana, de todo tipo, desde la ausencia de equipos de protección y jornadas interminables con peligro de derrumbe, hasta las redes de prostitución en los municipios colindantes a las excavaciones.

Furukawa Nunca Más

Son casos de corto recorrido en los medios de comunicación y largo trayecto en los pasillos de los tribunales, debido a la potencia que atesoran las grandes empresas protegidas por férreos despachos de abogados. Solo de vez en cuando una denuncia conjunta de trabajadores alcanza su objetivo. Es el caso del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, y su acción judicial contra la compañía Furukawa Plantaciones C.A. en Ecuador.

Con capital japonés, Furukawa aglutina 32 haciendas (2.300 hectáreas) en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas. Todo gira en torno a los cultivos de abacá (cáñamo de Manila), la fibra del futuro, que en realidad se ha convertido en el delirio del pasado más tenebroso: mutilaciones, hacinamientos, agua contaminada, trabajadores sin contrato, infrasalarios y niños que nacen y crecen allí mismo, en los asentamientos de las plantaciones.

Las constantes irregularidades comenzaron a ser denunciadas por varios de esos trabajadores en 2018, tras décadas de vejaciones, y fueron descritas con detalle en una serie de reportajes de la revista La Barra Espaciadora. Luego llegó la denuncia conjunta de 123 trabajadores y la presión popular.

Hace unos días llegó la victoria: el magistrado Carlos Vera Cedeño certificaba la vulneración de derechos contra los trabajadores de las plantaciones, durante más de 60 años: maltrato laboral, salarios injustos, discriminación racial y campamentos con condiciones inhumanas. El siguiente paso será el reconocimiento de derechos laborales y la justa reparación económica, y el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más va a por ello.