El fiscal general de Florida, Bill McCollum, quien aspira a ser el candidato republicano a las elecciones para gobernador en este estado del sureste de EEUU, ha prometido que si llega al cargo hará una ley contra los inmigrantes indocumentados todavía más dura que la de Arizona.

Esa propuesta es la respuesta de McCollum a las críticas de Rick Scott, su rival en las elecciones primarias del Partido Republicano, quien le acusó de ser blando con la inmigración clandestina. Tanto McCollum como Scott luchan por obtener el voto de los más conservadores de su partido, ya que la inmigración es una de sus principales preocupaciones, según las encuestas.

Si consigue ser gobernador, McCollum ha prometido que aprobará una ley que, por ejemplo, obligaría a la policía a verificar el estatus de inmigración de una persona durante cualquier control en la calle.

Otra propuesta de Mc-Collum es imponer a los inmigrantes la obligación de llevar consigo su documentación. De lo contrario, podrían ser condenados a hasta 20 días de cárcel. Los jueces, además, tendrían la posibilidad de castigar con penas más altas a los autores de un delito por el simple hecho de no tener los papeles en regla.

La propuesta de McCollum se puede volver en su contra

También se impondría a los futuros arrendadores de una casa y a los empresarios que quisieran contratar a un inmigrante la obligación de usar un registro nacional para saber si los potenciales inquilinos o empleados están autorizados a trabajar en EEUU. Entre los detalles de la propuesta no se ha especificado qué penas o multas se aplicarían contra quienes incumplieran tales obligaciones.

La oficina de campaña de McCollum aseguró que la ley que propone va 'un paso más allá' de la recientemente aprobada por el también estado sureño de Arizona y que en la actualidad está paralizada por orden judicial, a instancias de la Administración de Barack Obama, que considera que la norma puede ser inconstitucional al regular cuestiones cuyas competencias están reservadas al Gobierno federal.

La propuesta de McCollum se puede volver en su contra, ya que los registros policiales y la obligación de aportar la documentación afectarían no sólo a los inmigrantes económicos que viven en Florida especialmente dominicanos y haitianos que por la proximidad de sus islas llegan fácilmente, sino también a los exiliados políticos, como los cubanos que consiguen por ley el estatuto de refugiado nada más pisar suelo estadounidense. Los cubanos, que ya ascienden a un millón en Florida, tienen un gran peso electoral.